Ni se perdona por los demás ni se reconcilia por Decreto Supremo

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En estos días, el Perú atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia a raíz de la decisión presidencial de conceder el indulto humanitario y el derecho de gracia al ex presidente Alberto Fujimori. Más allá de las circunstancias en que se tomó esta decisión – que la enmarcan más en una negociación política que en razones humanitarias – muchos son los temas que se discuten en estos momentos, uno de los cuales es el de la reconciliación, que no solo se está utilizando para nombrar al próximo gabinete sino para denominar el 2018 como año del Diálogo y la Reconciliación Nacional[1].

Evidentemente, no basta con las denominaciones ni los enunciados para que el objetivo de reconciliación se consiga, sino que es necesario tener claro algunos temas fundamentales, que planteo a continuación.

Un primer aspecto, quizás el más importante de todos, tiene que ver con los derechos de las víctimas, internacionalmente reconocidos, tales como el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en casos de violaciones de derechos humanos. Estos derechos no pueden ser ignorados o minimizados unilateralmente con miras a una pretendida reconciliación. Asimismo, si bien los procesos de justicia transicional en el mundo pueden admitir discusiones y ponderaciones al respecto, la participación de las víctimas en estos procesos es fundamental, como lo estableció el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su Resolución 18/7[2]. Decisiones estatales sobre violaciones a derechos humanos que no pasen por escuchar a las víctimas para conocer sus pretensiones y demandas de justicia, solo contribuyen a una polarización como la que vivimos y a la consagración de la impunidad.

Un segundo tema es el del olvido y el perdón. En estos días, hemos visto mensajes dirigidos a las víctimas a quienes se les ha dicho que “ya es momento de olvidar”. No solo es absurdo que alguien pretenda indicarle a otra persona cuándo debe olvidar lo sucedido, sino que atenta contra la recuperación de la memoria como garantía de la lucha contra la impunidad. En este punto, son importantes las experiencias comparadas y una de las más conocidas es la lucha de las Abuelas de la Plaza de Mayo, en Argentina. Como se sabe, en el 2014, Estela de Carlotto recuperó a su nieto Guido, hijo de su hija Laura y su yerno Oscar Walmín, ambos detenidos y asesinados en los 70 por la dictadura argentina. Estela de Carlotto buscó a su nieto por 40 años porque, entre otras razones, decidió no olvidar, decisión que subyace también en la lucha de las madres de ANFASEP buscando a los desaparecidos en Ayacucho y en las de las Madres de la Candelaria en Colombia. Vinculado a lo anterior se ubica el tema del perdón que ha venido utilizándose como justificación del indulto y como si aquellos que lo cuestionan no tuvieran la capacidad de perdonar. Sin embargo, no se puede otorgar perdón a quien no ha reconocido los hechos ni lo ha solicitado y eso es lo que olvidan quienes hablan del tema en abstracto, desconociendo lo personal de esa decisión. En este punto, se ha pretendido utilizar la experiencia colombiana como ejemplo de un borrón y cuenta nueva cuando lo cierto es que en ese caso varias delegaciones de víctimas se reunieron en Cuba con los jefes guerrilleros y allí tuvieron la oportunidad de reclamar sobre los crímenes cometidos y pedir explicaciones. Incluso, en Colombia se aprobó una serie de principios para el debate sobre el tema de las víctimas, que incluían no solo el reconocimiento de todas ellas sino también la responsabilidad frente a las mismas, estableciéndose claramente que las negociaciones no serían un “intercambio de impunidades” y que los derechos de las víctimas no eran negociables[3].

Un tercer tema es el mal uso de los términos, en una suerte de absurda negación de la realidad que resulta, por demás, inexacta e injusta. Llamar “excesos y errores graves” a lo que fueron violaciones de derechos humanos no solo es faltar a la verdad sino que no contribuye a la reconciliación. Por el contrario, atenta contra la lucha de las víctimas y contra la propia justicia peruana porque las condenas se dan por delitos, no solo por errores. Si lo que se pretende es suavizar el tono de la realidad, el efecto es inverso y se vuelve a atentar contra el derecho a la verdad.

Finalmente, se ha dicho que ya ha transcurrido demasiado tiempo desde el momento en que se cometieron las violaciones de derechos humanos y que es momento de mirar hacia adelante con miras al desarrollo del país. Quizás se debería mirar hacia otros países y ver lo que está sucediendo en la región. En el caso de El Salvador, por ejemplo, en el 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, vigente desde 1993,  argumentando que dicha ley atentaba contra el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Con esta decisión, se abrió la posibilidad de juzgamiento y de reparación para diversos casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y masacres como la del Mozote, cometida en 1981. Por otro lado, en el 2016 en Guatemala se dio la histórica sentencia del caso Sepur Zarco por  hechos de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado en ese país en los años 80. Y en Colombia, como producto del Acuerdo de Paz, se creó la Jurisdicción Especial para la Paz que juzgará a los responsables por crímenes atroces cometidos en un conflicto armado que ha durado más de 50 años. Queda claro, entonces, que las demandas de verdad y justicia no terminan ni por el paso del tiempo ni por la voluntad de los gobiernos.

Por todo esto, si lo que se quiere es una reconciliación real, el reto no se limita solo a revisar el indulto de Alberto Fujimori sino a asumir con seriedad la verdad de lo sucedido, a reunirse con todas las víctimas y a plantear propuestas de reparación y garantías de no repetición posibles y efectivas. La reconciliación es un reto importante que no significa simplemente tomarse de la mano, como si se pudiera borrar de golpe todo el dolor y la injusticia que las víctimas han padecido por tanto tiempo, sino que exige un profundo respeto y el reconocimiento real de sus derechos.


[1] Decreto Supremo 003-2018-PCM.

[2] Consejo de Derechos Humanos, Resolución 18/7, 2011, https://documents-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/166/36/PDF/G1116636.pdf?OpenElement

[3] http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/los-10-principios-del-acuerdo-victimas-entre-gobierno-y-farc

Imagen obtenida de: https://goo.gl/7eU1ze

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