Las formalidades aduaneras como instrumento para la facilitación del comercio

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Conforme al Glosario de Términos de la Ley General de Aduanas, se entiende por formalidades aduaneras «todas las acciones que deben ser llevadas a cabo por las personas interesadas y por la Administración Aduanera a los efectos de cumplir con la legislación aduanera».

En este contexto, y desde el punto de vista del administrado, entenderíamos por «acciones» todos aquellos actos mediante los cuales los operadores de comercio exterior exteriorizan su voluntad mediante una conducta orientada a causar un efecto aduanero específico y concreto tendiente a hacer efectivos sus derechos o cumplir con las obligaciones a su cargo.

Un ejemplo claro lo encontramos en los Formatos A, B y C de la Declaración Aduanera de mercancías (DAM) cuyo debido llenado permite, respectivamente, destinar las mercancías al régimen aduanero elegido por el consignatario así como declarar las características de las mismas, determinar la base imponible de los tributos de importación y efectuar la liquidación de dichos tributos. A dichos efectos, la Aduana ha aprobado un instructivo para el correcto llenado de estos formatos.

Sobre esta base ¿podríamos afirmar que las formalidades son malas? Preguntamos esto pues normalmente se suele asociar a las formalidades con sobrecostos para el comercio exterior. Así, la primera reacción ante el término «formalidad» suele siempre ser de fastidio antes que de agrado.

No obstante, y si tenemos en consideración que en el plano práctico las formalidades son el primer contacto que el operador de comercio exterior tiene con la normativa aduanera, debemos entender que éstas resultan no sólo necesarias sino, incluso, indispensables a los fines de permitir que tanto los administrados como la propia autoridad puedan cumplir, de la manera más eficiente y rápida posible, con el mandato de la ley [sea que ésta reconozca un derecho o que imponga una obligación]. Con ello, las formalidades devienen en el medio natural para viabilizar el mandato de la ley así como para operativizar sus disposiciones reglamentarias.

Creemos que, en todo caso, el fastidio comprensible de los particulares no se origina en la «formalidad» en sí misma, sino en el establecimiento de formalidades innecesarias o desproporcionadas atendiendo a los fines que persigue el procedimiento que dichas formalidades pretenden viabilizar.

Recordemos que las formalidades no son impuestas normalmente por una norma con rango de ley sino por normas de carácter reglamentario. A nivel aduanero, el cúmulo de formalidades son impuestas por Resoluciones de la Aduana que aprueban procedimientos específicos (regímenes aduaneros, por ejemplo) llevados a cabo ante la Aduana misma. Es decir, la propia autoridad encargada de admitir a trámite y pronunciarse sobre estos procedimientos es la que impone las formalidades que el operador de comercio exterior deberá cumplir para que dichos procedimientos puedan ser llevados a cabo.

Por ello es que cobra especial importancia que al momento en que los procedimientos aduaneros sean estructurados y aprobados y que, por ende, las formalidades sean establecidas, la autoridad aduanera tenga presente y muy en claro que si bien, de un lado, resulta necesario encausar los procedimientos para que pueda ser ejercido un debido control aduanero, de otro, también es del todo necesario que dichos procedimientos propendan a una cabal aplicación de los principios de Facilitación del Comercio, Buena Fe y Presunción de Veracidad, principios que, en materia aduanera, resultan rectores de las actuaciones tanto de la Aduana como de los operadores de comercio exterior por expreso mandato de los artículos 4 y 8 de la Ley General de Aduanas.

Para entender a cabalidad lo antes señalado hay que tener presente que, en realidad, la «formalidad» no es más que un instrumento para cumplir con un fin determinado (la «formalidad» no es un fin en sí mismo]. Un instrumento no es bueno o malo «per se» pues todo dependerá de la forma en que dicho instrumento sea utilizado. Por ejemplo, un martillo será bien utilizado si es usado por un carpintero para fabricar muebles pero será mal utilizado si es usado como arma letal con la que se asesina personas [recordemos un caso muy sonado hace algunos años].

Sin formalidades ningún procedimiento podría ser llevado a cabo de manera eficiente y segura. La formalidad, bien utilizada, genera predictibilidad, seguridad y constituye un instrumento que limita el accionar discrecional de la autoridad con la finalidad de evitar abusos.

A nivel aduanero, la formalidad «bien utilizada» constituye un instrumento que debería facilitar los mecanismos de comunicación e interacción (procedimientos) entre la Aduana y los operadores de comercio exterior. Ello, no sólo por resultar lógico sino porque la propia Ley General de Aduanas lo dispone, tal como hemos podido apreciar.

Lo que se debe buscar es un sano equilibrio entre el control aduanero y la facilitación del comercio. Precisamente, las formalidades bien entendidas y encausadas constituyen instrumento fundamental de lo que denominamos «control aduanero responsable», que es precisamente el tipo de control aduanero que necesitamos. Esto es, un control aduanero que no entorpezca el necesario dinamismo de los flujos comerciales de mercancías que ingresan y salen del país.

Lo mencionado cobra aún más importancia si caemos en cuenta que nos encontramos inmersos en un sistema objetivo de atribución de responsabilidad aduanera en donde, sin importar la intencionalidad o circunstancias del caso concreto, se aplican multas sólo por la verificación objetiva del hecho concreto considerado como infracción. Si consideramos que muchas multas son aplicadas por el no cumplimiento de formalidades aduaneras podremos tener conciencia de la magnitud y real dimensión de las cosas.

A mayor cantidad de formalidades innecesarias o desproporcionadas, mayor posibilidad de incurrir en infracción sancionable con multa. Si se atiende sólo a la verificación del hecho concreto (criterio objetivo) la multa necesariamente deberá ser impuesta.

Lo mencionado resulta peligroso pues un sistema infraccional sustentado en un criterio objetivo de atribución de responsabilidad unido a un sistema plagado de formalidades cuyo incumplimiento se sanciona con multa, podría ser utilizado muy fácilmente como un mecanismo velado de recaudación, lo cual no resulta admisible bajo ningún punto de vista.


Fuente de la imagen: co.grippo.com

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Julio Guadalupe
Puerto libre. Julio Guadalupe Báscones es Socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Es Abogado egresado de la Universidad de Lima con especialización en la Escuela Nacional de Aduanas (ENA). Miembro del Comité de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. Actualmente es profesor de cursos de post-grado en la Universidad del Pacífico. Presidente (2005-2007 y 2007-2009) y Director (2009-2011) de la Asociación Peruana de Derecho Aduanero y Comercio Internacional – APDACI. Miembro la Academia Internacional de Derecho Aduanero.

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