Comentarios al Capítulo VI de la Ley 30230 – Modificación a la Ley General de Aduanas

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Mediante el artículo 11 de la Ley 30230 (en adelante «la Ley») se sustituyeron el literal a) del artículo 25 y se modificó el artículo 151 de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo 1053 (en adelante «LGA»). A continuación haremos referencia a dichas modificaciones:

 I. Sustitución del literal a) del artículo 25 de la LGA.-

En base a lo dispuesto en la Ley, podríamos sintetizar la sustitución dispuesta al literal a) del artículo 25 de la LGA (obligación específica de conservación y/o entrega de documentación a cargo de los agentes de aduana) en lo siguiente:

1. El agente de aduana deberá conservar la documentación original de los despachos aduaneros en los que haya intervenido por un plazo de 5 años computados a partir del año siguiente de la fecha de numeración de la declaración, plazo que resulta razonable si tenemos en consideración que el plazo de prescripción con que cuenta la Aduana para determinar y cobrar la deuda tributaria aduanera es de 4 años.[1]

2. La documentación deberá ser entregada, en todo o en parte, ante requerimiento de la Aduana antes del plazo previsto en la Ley, deber que resulta coherente con el rol de «auxiliar de la función pública» que el agente de aduana desempeña lo cual orienta su labor al resguardo de la potestad de la Aduana para ejercer acciones de fiscalización posterior al despacho[2]

3. La documentación podrá ser destruida transcurrido el plazo de ley, salvo que ésta esté relacionada:  a) con un régimen aduanero de admisión temporal para reexportación en el mismo estado o de admisión temporal para perfeccionamiento activo, cuyas obligaciones tributarias no se encuentren prescritas; b) con un requerimiento efectuado por la Aduana para la entrega de documentación y éste no haya sido atendido por el agente de aduana: c) con un proceso administrativo en trámite, incluyendo los procesos de fiscalización realizados por la SUNAT; ó d) con una investigación policial o fiscal o a un proceso judicial en trámite.[3]

4. Si la autorización de operación del agente de aduana es cancelada o revocada por la Aduana, éste deberá entregar a la autoridad aduanera la documentación que se encuentre bajo su custodia y que, además, se encuentre dentro del plazo de conservación de los 5 años. En este caso, la Aduana mantendrá en su poder la garantía por fiel cumplimiento de las labores del agente de aduana hasta la entrega satisfactoria por parte de éste de dicha documentación.

Comentarios generales respecto de la actuación de los agentes de aduana en relación con lo señalado en la Ley.

La responsabilidad del agente de aduana deriva de su accionar como auxiliar de la función pública (aduanera)[4]; esto es, como colaborador de la Aduana respecto del cumplimiento de las disposiciones aduaneras. Empero, y lo curioso, es que el agente de aduana también es un colaborador del operador de comercio exterior que lo contrata (su comitente) y quien, finalmente, será quien le paga por sus servicios. Esta naturaleza dual en la labor del agente de aduana, siempre ha generado algunos problemas en lo relacionado con la conceptualización de sus obligaciones, sus responsabilidades y el régimen infraccional al que debe quedar sujeto.

En todo caso, y a atendiendo a la naturaleza y características de la labor del agente de aduana, su labor se enmarcaría dentro de una función de apoyo a una labor administrativa desarrollada por la Aduana. Es decir, su labor redundará, si queremos, en la esfera de lo «administrativo» pero no de lo «tributario» por la sencilla razón que el agente de aduana no genera actividad tributaria propia ni tampoco es considerado como contribuyente.

Así, no queda clara la razón de haber comprendido la sustitución del artículo 25 de la LGA (obligación de conservar la documentación relacionada con los despachos aduaneros en los  que participa) como parte de las «medidas tributarias» para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Siempre se tiende a pensar que lo aduanero es parte de lo tributario, sin caer en la cuenta que hay muchas instituciones aduaneras que no tienen nada que ver con la materia tributaria.[5]

II. Modificación del artículo 151 de la LGA.-

Una de las disposiciones importantes contenidas en el artículo 151 de la LGA es la referida a la suspensión del cómputo de los intereses moratorios para el pago de la obligación tributaria aduanera (OTA) a partir del vencimiento del plazo de 9 meses con que cuenta la Autoridad Aduanera para resolver el reclamo (plazo dispuesto en el artículo 142 del Código Tributario).

La novedad introducida con la modificación al citado artículo dispuesta por la Ley es que la suspensión de intereses moratorios antes referida también operará por la demora del Tribunal Fiscal en resolver la apelación dentro del plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de ingreso de los actuados a dicho tribunal (plazo establecido en el artículo 150 del Código Tributario)

La Ley señala que tal suspensión (sea en la instancia de reclamación como de apelación) operará en la medida que la demora sea imputable a la propia autoridad, no resultando, por ende, aplicable la suspensión cuando dicha demora sea imputable al reclamante o apelante, respectivamente[6].

Al respecto, nos parece acertado que el cómputo de los intereses moratorios quede suspendido en aquellos casos de expedientes administrativos cuyo trámite se vea dilatado (más allá de los plazos legales para resolver medios impugnatorios) por causas ajenas al administrado. También nos parece acertado que el cómputo de intereses moratorios también pueda ser suspendido en instancia de apelación. Ciertamente, no había ninguna justificación para mantener al margen a esta etapa procedimental como venía ocurriendo hasta antes de la modificación objeto de comentario.

Comentarios generales respecto de la exigibilidad de la OTA respecto de despachos de importación para el consumo que se encuentren garantizados

El artículo 151 de la LGA debe ser entendido, necesariamente, en función a lo dispuesto en el artículo 150 de esta norma en el que se determina el momento de exigibilidad de la OTA sobre la base de cada uno de los supuestos relacionados con el nacimiento de la obligación tributaria aduanera[7].

Al respecto, es de señalar que si el importador utiliza las garantías previas establecidas en el artículo 160 de la LGA (garantía específica o global), el momento de exigibilidad de la OTA quedará diferido en función a lo siguiente: a) en la importación para el consumo con despacho anticipado garantizado la exigibilidad se configura a partir del vigésimo primer día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga; y b) en la importación para el consumo con despacho excepcional garantizado la exigibilidad se configura a partir del vigésimo primer día calendario del mes siguiente a la fecha de numeración de la declaración[8] [9].

Esta disposición particular obedece a la necesidad de difundir el uso de garantías aduaneras como mecanismo que permita poder disponer (obtener el levante) de las mercancías en un tiempo menor a las 48 horas siguientes al arribo del medio de transporte internacional, situación que se encuentra del todo alineada con la obligación contraída por el Estado peruano en sujeción al Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con los Estados Unidos[10].


[1]  El plazo de prescripción en referencia se computa a partir del 1 de enero siguiente a la fecha de numeración de la declaración aduanera.

[2]  Producida la entrega de la documentación, la Aduana asumirá la responsabilidad de conservarla por el lapso de tiempo restante al referido plazo de 5 años.

[3]  Estos supuestos fueron establecidos  mediante el Decreto Supremo 244-2014-EF (expedido bajo los alcances y conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 25 de la LGA sustituido por la Ley 30230). Transcurridos los 5 años el agente de aduana deberá entregar a la Aduana la documentación que se encuentre en los supuestos antes indicados, con lo cual la obligación de conservarla recaerá en la autoridad aduanera.

[4]  En relación con las funciones e importancia de la labor del agente de aduana resulta interesante un artículo de Oscar Vásquez titulado «La importancia del agente de aduanas en el control aduanero» publicado en el Libro de Memorias de la 6ta Reunión Mundial de Derecho Aduanero (Belo Horizonte,  Brasil –  Agosto de 2010) organizada por la Academia Internacional de Derecho Aduanero. En este artículo se analiza la función del agente de aduanas desde una perspectiva de evolución histórica en el Perú y su relevancia en relación con el control aduanero y la facilitación del comercio.

[5]  En relación con la autonomía del derecho aduanero recomendamos la lectura de un artículo interesante de Fernando Cosio denominado “La Autonomía del Derecho Aduanero” publicado en el portal de la revista electrónica IUS 360 con ocasión de la Primera Jornada de Derecho Aduanero de dicha revista. Este artículo puede ser consultado en el link https://ius360.com/publico/aduanero/la-autonomia-del-derecho-aduanero/.

[6]  Importante tener presente también que a partir de la fecha en que opere la suspensión para la aplicación de intereses moratorios resultará aplicable (a los efectos de actualizar la deuda) el Índice de Precios al Consumidor.

[7]. Conforme a lo señalado en el artículo 150 de la LGA:

a)   En la importación para el consumo bajo la modalidad de despacho anticipado (inicio de los trámites aduaneros antes del arribo del medio de transporte) la exigibilidad se configura al día calendario siguiente de la fecha del término de la descarga y en el despacho excepcional (inicio de los trámites aduaneros luego del arribo del medio de transporte) la exigibilidad se configura a partir del día calendario siguiente a la fecha de numeración de la declaración;

b)   En el traslado de mercancías de zonas de tributación especial a zonas de tributación común y en el traslado de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria la exigibilidad se configura a partir del día siguiente de notificada la liquidación por la autoridad aduanera; y

c)   En la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo[7] la exigibilidad se configura a partir del día siguiente del vencimiento del plazo autorizado por la autoridad aduanera para la conclusión del régimen.

[8]  En términos simples podríamos decir que mediante el despacho anticipado los trámites aduaneros son empezados antes que arribe el medio de transporte internacional mientras que en el despacho excepcional dichos trámites son iniciados luego del arribo.

[9]  Es importante tener en consideración que si, por ejemplo, el término de la descarga o la numeración de la declaración se producen el primer día de un determinado mes, se contará con un plazo de más de mes y medio para vender los productos importados y con dicho dinero pagar los derechos y tributos de importación; todo ello sin ningún tipo de recargo por intereses moratorios. Mecanismo de «financiamiento» de costo cero que, como es de apreciar, resulta bastante interesante.

[10] En relación con la influencia determinante del TLC suscrito con los Estados Unidos en lo que respecta al cambio del Sistema Aduanero peruano plasmado en la LGA vigente, se recomienda la lectura de un artículo de mi autoría denominado “Reforma Aduanera en un contexto internacional cambiante” publicado en Revista del Foro No. 96 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Año XCII. (2010 – II). Tarea Asociación Gráfica Educativa. Páginas 169 a 187.

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Julio Guadalupe
Puerto libre. Julio Guadalupe Báscones es Socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Es Abogado egresado de la Universidad de Lima con especialización en la Escuela Nacional de Aduanas (ENA). Miembro del Comité de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. Actualmente es profesor de cursos de post-grado en la Universidad del Pacífico. Presidente (2005-2007 y 2007-2009) y Director (2009-2011) de la Asociación Peruana de Derecho Aduanero y Comercio Internacional – APDACI. Miembro la Academia Internacional de Derecho Aduanero.

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