Una realidad a mejorar: La capacidad contributiva de las personas condescendientes discapacitados

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Luana tiene 5 años y depende de su madre soltera, María Luisa, quien tiene la profesión de abogada y trabaja de manera dependiente en el área legal de una empresa industrial.

Luana tiene un problema de discapacidad congénita que limita de manera significativa sus funciones físicas y sensoriales, por lo que María Luisa se ve obligada a pagar cuentas costosas en los centros médicos en donde Luana tiene que atenderse con el fin de atenuar los dolores que tal discapacidad le genera. Estos dolores son tan terribles que Luana no puede desplazarse de un lugar a otro sin una silla de ruedas y solo puede comer determinados alimentos (muchos de los cuales son caros).

¿Por qué María Luisa tiene que llevar a Luana a un centro médico particular?

La respuesta es sencilla: porque el Estado Peruano solamente gasta 4.94% de nuestro presupuesto anual en salud y, lo que es peor aún, el Ministerio de Salud únicamente gasta 3.9% de ese porcentaje en dar salud a los discapacitados.

De esta forma, las personas con hijos o hijas como Luana en muchos casos tienen que asumir una serie de gastos por servicios básicos que el Estado no les brinda y que ellos buscan otorgarles a sus hijos con el fin de mejorar su calidad de vida.

El presente artículo busca proponer fórmulas legislativas tributarias que permitan ayudar a todas las personas que como María Luisa luchan por sus hijos discapacitados.

Lo primero que haremos es delimitar a quiénes ayudaríamos, luego explicaremos por qué sostenemos que, desde el punto de vista tributario, es válido que tales personas reciban una ayuda y finalmente estableceremos cuáles son, en nuestra opinión, la mejor forma para ayudarlos.

¿Quiénes serían los beneficiarios de la presente propuesta?

Todas las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o curatela de personas con discapacidad que no cuenten con los recursos necesarios para asumir los gastos que se deben realizar a su favor con el fin de mejorar su calidad de vida. Entendiéndase como personas con discapacidad, según lo dispone el artículo 2 de la Ley No. 27050, -Ley General de la Persona con Discapacidad-, a toda aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente en la sociedad.

¿Por qué deberían ser ellos los beneficiarios?

Porque las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o curatela de personas con discapacidad deben  asumir una serie de gastos que afectan de manera significativa o incluso totalmente la supuesta capacidad contributiva que manifiestan, la cual sirve de fundamento al gravamen del Impuesto a la Renta sobre sus ingresos.

El concepto de capacidad contributiva ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Fiscal en diversa jurisprudencia, tal como lo apreciaremos a continuación.

En la sentencia Nº 033-2004-AI/TC – AAIR el Tribunal Constitucional establece que:“La capacidad contributiva tiene un nexo indisoluble con el hecho sometido a imposición; es decir, siempre que se establezca un tributo, éste deberá guardar íntima relación con la capacidad económica  de los sujetos obligados, ya que solo así se respetará la aptitud del contribuyente para tributar o, lo que es lo mismo, sólo así el tributo no excederá los límites de la capacidad contributiva del sujeto pasivo, configurándose el presupuesto legitimador en materia tributaria y respetando el criterio de justicia tributaria en el cual se debe inspirar el legislador, procurando siempre el equilibrio entre el bienestar general y el marco constitucional tributario al momento de regular cada figura tributaria. “

Además, en la sentencia N° 00053-2004-PI/TC, el Tribunal Constitucional establece que: «De este modo, para que el principio de capacidad contributiva sea exigible, no es indispensable que se encuentre expresamente consagrado en el artículo 74º de la Constitución, pues su fundamento y rango constitucional es implícito en la medida que constituye la base para la determinación de la cantidad individual con que cada sujeto puede/debe en mayor o menor medida, contribuir a financiar el gasto público».

Por su parte, el Tribunal Fiscal en su Resolución No. 10731-8-2012, ha establecido:«Que estando a lo expuesto, carece de relevancia emitir pronunciamiento respecto de los otros argumentos expuestos por el recurrente, sin perjuicio de indicarse que el principio de capacidad contributiva, que forma parte de nuestro sistema tributario, implica que los sujetos deben contribuir en función a su capacidad económica, siendo que su observancia en ningún caso guarda relación con que se permita que no se pague lo que es debido, más aún en casos en que el propio deudor tributario autodetermina un importe de deuda tributaria, el cual debe ser pagado conforme a ley.«

Nosotros definiremos a la capacidad contributiva como la aptitud económica real para poder pagar tributos, con prescindencia de la aptitud de ser jurídicamente designado como deudor tributario.

Veamos si actualmente la legislación del Impuesto a la Renta (IR) toma en cuenta la capacidad contributiva de personas que se encuentran en la situación de María Luisa.

María Luisa trabaja de manera dependiente en una empresa industrial y gana S/. 40,000 anuales, no obteniendo ingreso adicional alguno. Así, descontando las 7 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) inafectas, que ascienden a S/. 25,900, todo lo que exceda de dicha cantidad estará gravado con una tasa de 15%.

El monto de 7 UIT es un monto denominado “mínimo inafecto” porque no es gravado con el IR debido a que el Estado Peruano considera que es el monto que sirve para que un deudor tributario pueda cumplir con pagar sus gastos básicos (educación, salud, comida, entre otros). Lo cierto es que este “mínimo inafecto” no está pensado en los gastos básicos que personas con dependientes discapacitados deben asumir.

Los gastos que se tienen que realizar con el fin de darle calidad de vida a una persona con discapacidad en un país como el nuestro son elevados, más aún cuando el Estado Peruano no brinda de manera adecuada los servicios básicos que se les debería otorgar. Es por ello que en muchos casos, las personas que tienen bajo su cargo dependientes con discapacidad gastan una parte significativa o en muchos casos, todos sus ingresos en darles una mejor calidad de vida a sus dependientes discapacitados.

En casos como estos nuestra legislación actual transgrede el principio de capacidad contributiva, toda vez que las personas se encuentran obligadas a tributar a pesar de no tener la aptitud económica real para poder pagar el IR que se les exige.

El respetar la capacidad contributiva de una persona es central en un impuesto que tiene como supuesto habilitante el gravar ingresos que demuestren manifestaciones de riqueza. En ese sentido, si una persona por mantener a su hijo con discapacidad puede probar que sus gastos anuales son mayores a sus ingresos, no debería tributar con el IR.

Existen otros argumentos que avalan el tratamiento tributario diferente que deben tener los padres de hijos dependientes con discapacidad, pero por motivos de espacio no podremos desarrollarlos, eso sí esperamos que los comentarios de nuestros lectores sumen más argumentos a favor de este -consideramos- noble proyecto.

Finalmente, proponemos las siguientes alternativas con el fin de lograr en este supuesto que planteamos el respeto al principio de capacidad contributiva:

1) Alternativa 1: Proponemos la deducción de un gasto real (efectivamente incurrido) que tendrá que ser demostrado por  la persona con dependientes con discapacidad. Con esta alternativa, dicha persona con el sustento debido y dependiendo de los gastos reales incurridos, deberá pagar menos del IR que le correspondería según el régimen vigente o, de ser el caso, no tendría que pagar nada.

2) Alternativa 2: Se permitiría la validación de un crédito tributario igual a los gastos efectivamente realizados por un dependiente con discapacidad que podrá ser aplicado contra el IR que genere en el siguiente año de generado dicho crédito.

Bajo cualquiera de las dos alternativas que proponemos la persona que realiza los gastos por sus dependientes con discapacidad  deberá probar su realidad económica a la Administración tributaria con la mayor cantidad de documentación posible (con comprobantes de pago, contratos u otros), siendo que la certificación de la persona como discapacitada  deberá realizarse según lo previsto en el artículo 11 de la Ley No. 27050 (son los Ministerios de Salud, de Defensa y del Interior, a través de sus centros hospitalarios, y el Instituto Peruano de Seguridad Social quienes otorgan el certificado que acredita la discapacidad de una persona).

El caso de María Luisa es el de muchas personas que a pesar de tener hijos dependientes con discapacidades son tratados, para efectos impositivos, de la misma forma que las personas que no tienen hijos con tales discapacidades. Esto debe cambiar y con el presente artículo tratamos de motivar a que el cambio que proponemos se realice lo antes posible: la calidad de vida de miles de niñas como Luana depende de lograr que esta propuesta se convierta en realidad.

Jorge Moreno García. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Gerente en PricewaterhouseCoopers.

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Pensar esta libre de impuesto. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Gerente en PricewaterhouseCoopers, profesor del curso Teoría de los Tributos en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la Asociación Fiscal Internacional. Ha sido Director del Equipo de Derecho Tributario de la Asociación Civil en el Taller de Derecho de la PUCP y profesor adjunto de los cursos de Código Tributario, Legislación Tributaria y Derecho de Tributación Municipal en la Facultad de Derecho de la PUCP, profesor adjunto de los cursos de Impuesto al Consumo y Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de UPC y profesor adjunto del curso de aspectos sustanciales de Derecho Tributario en el Diplomado de Derecho Tributario de la PUCP.

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