La corte de la Haya: ¿Justicia Creativa?

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El reciente fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia ha dejado a más de uno perplejo. En el Perú, por ejemplo, no son pocas las voces que señalan que el fallo erró por no otorgarle a nuestro país todo lo que pedía, mientras que en Chile dicen lo mismo pero esta vez por no haber valorado, como debía, la tesis chilena del paralelo como punto de inicio de la frontera marítima hasta las 200 millas. La Corte de la Haya como se sabe decidió al final establecer la frontera marítima entre ambos países optando, de alguna manera, por una fórmula que recoge las tesis de ambos: definir el hito N°1 como punto de inicio de la frontera marítima (como quería Chile), pero con una extensión hasta la milla 80, a partir de la cual fijó una línea quebrada hasta las 200 millas (como quería Perú).

No voy a entrar en honduras respecto a si la Corte resolvió bien o mal este conflicto. Eso se lo dejo a los expertos en derecho internacional que en nuestro medio los hay y muy destacados (recomiendo, por ejemplo, leer las entrevistas realizadas durante la última semana a diversos especialistas que se pronuncian sobre este tema y que han sido publicadas por este portal). Mi intención en este post es otra, Consiste en llamar la atención respecto a la forma cómo, a veces, los jueces se toman algunas licencias para resolver los casos que son puestos a su consideración. La sentencia emitida por la Corte de la Haya parece ser, en ese sentido, uno más de muchos, muchísimos fallos que siguen, desde diferentes enfoques, esta senda.

Empecemos por lo esencial ¿pueden los jueces resolver un conflicto más allá de lo que las partes le han solicitado? Formalmente, no; materialmente, sí. La doctrina indica que los jueces no pueden ir más allá de lo pedido por las partes so pena de incurrir en un vicio del debido proceso. Ahora bien, en la práctica, sin embargo, nos encontramos con que muchas veces los jueces hacen eso, basados en un principio, bastante común, del derecho constitucional (también del derecho internacional): el interés público. Según esta doctrina cuando una controversia trasciende el interés de las partes y se proyecta a la comunidad en su conjunto es legítimo (y hasta saludable) que los jueces opten por salidas que optimicen ese interés general y no el mero interés de las partes. No por una razón utilitarista (lo que le conviene más al mayor número), sino por una razón de justicia.

Este tipo de salidas son bastante frecuentes en el derecho constitucional. En nuestro medio el Tribunal Constitucional ha hecho gala de ellas en más de una ocasión. A veces, sin embargo, sin demasiado tino. El límite probablemente este puesto en las razones que ofrecen los jueces para justificar sus sentencias. No siempre es válido que un juez se aparte de lo pedido por las partes, pero en aquellos casos en que sí, es él el que tiene la carga de la prueba. Es él el que tiene que explicar porqué es pertinente que incorpore consideraciones que no han sido planteadas por las partes durante el litigio.

Volviendo a la sentencia de la Corte de la Haya. En el caso del diferendo marítimo entre Perú y Chile la Corte justificó su sentencia “creativa” en dos razones: a) en que si bien existía un acuerdo tácito entre las partes de que hacia el año 1954 ya había una frontera marítima entre ellas, no estaba claro hasta donde se extendía; en otras palabras, se sabía donde empezaba pero no donde terminaba; y b) en que las partes no aportaron evidencia suficiente que permitiera absolver el punto anterior, es decir, donde terminaba la frontera marítima. En base a esas dos consideraciones la Corte sostuvo que la frontera marítima se extendía hasta las 80 millas calculada desde el hito N° 1, pero a partir de ahí no le quedó claro si las partes habían convenido que siguiera, en ese mismo sentido, hasta las 200 millas, por lo que trazó una línea equidistante hasta ese punto adoptando el criterio propuesto por Perú desde un inicio.

Si la solución “creativa” de la Corte de la Haya se justifica o no se lo dejo a los expertos.

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La otra orilla. Licenciado en Derecho y Magister en Ciencias Políticas y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de los cursos Introducción a las Ciencias Jurídicas e Investigación Académica en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Estudios Generales Letras de la PUCP, respectivamente. Ha sido consultor de la Defensoría del Pueblo del Perú, y de GTZ Internacional, Cooperación Alemana para el Desarrollo, en temas vinculados a la reforma de la administración de justicia y al análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, ha sido integrante y asesor de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la PUCP y ha participado en esa condición del Proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el Estado de Derecho”, auspiciado y financiado por el Banco Mundial entre los años 2007 y 2008. Ha sido asesor de la Secretaria General del Jurado Nacional de Elecciones y ha integrado el equipo técnico encargado de la elaboración del anteproyecto de Código Electoral con miras a la reforma del sistema electoral y político del Perú. Ha sido Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” del Ministerio de Trabajo. Actualmente se desempeña como Asesor Principal de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Ha publicado diversos artículos jurídicos en revistas del Perú y del extranjero en las áreas de Teoría del Derecho y Derecho Constitucional, e integra el Grupo de Investigación en Epistemología Jurídica y Estado Constitucional de la PUCP.

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