El déficil del liderazgo para reformar el sistema judicial en democracia

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Casi dos siglos de existencia del Poder Judicial no han servido para sentar las bases de una institución fortalecida por sus propias decisiones y legitimada socialmente. Desde sus orígenes republicanos el Poder Judicial se ha visto sobrepasado por la injerencia del poder político, sin capacidad para generar una cultura institucional dispuesta a incidir en los derechos individuales. Las sentencias del poder judicial, entre las cuales se identifica gloriosamente la del juez Malzón Urbina, difícilmente han contribuido a mejorar las instituciones ciudadanas y libertades públicas.

Esta imagen está asociada a un déficit en el liderazgo para conducir el gobierno judicial: la escasa capacidad para comprometer a la función judicial con los derechos y demandas ciudadanas, ha sido visible también en la ausencia de voluntad de los gobiernos judiciales por producir cambios en su propia estructura orgánica. El formalismo de la cultura judicial ha servido como instrumento de evasión frente a las exigencias de trasformación del sistema y pretexto para propiciar reformas de papel o quizás amagues de cambios sin resultado.

El liderazgo para el cambio ha estado ocasionalmente vinculado a las estrategias autoritarias y dictatoriales de intervención en el sistema judicial. Con Velasco Alvarado o más recientemente, gracias las reformas inventadas del fujmorismo, se pudo mostrar la instrumentalización del sistema, para lo cual se crearon liderazgosad hoc. Estos procesos y sus líderes fueron, paradójicamente, impulsores de medidas intervencionistas y profundamente conservadoras, pues no otra cosa se puede decir de aquellas políticas que avasallaron la independencia para manipular las decisiones judiciales.

El liderazgo para influir en el cambio del sistema judicial está sobre todo en la cultura de los jueces. Su responsabilidad en el gobierno judicial alude a un aspecto estructural, pues deciden sobre los recursos económicos, sobre las políticas internas para los empleados administrativos, sobre las estrategias para optimizar la gestión de los expedientes judiciales y sobre la política de formación y capacitación de los propios magistrados. Por lo tanto, si los jueces no toman en serio la necesidad de cambiar las prácticas institucionales para superar el formalismo, enfrentar la corrupción y hacer más eficiente el desempeño institucional, de poco o nada servirán los proyectos de reformas o modernización emprendidos con dineros públicos, de la cooperación o con los préstamos de organismos como el Banco Mundial. El liderazgo de los jueces implica compromiso con el cambio cultural en toda su extensión.

Luego de la caída del fujimorato e iniciado el proceso de reconstrucción democrática, la emergencia de iniciativas como la CERIAJUS, que produjo un Informe integral para reformar el sistema de justicia en el 2004, propició ciertas expectativas y algún interés académico, pero el efecto instrumental de sus recomendaciones fue adelgazado hasta perder vitalidad y hacerse lejano. Al final, sólo se aplicaron algunas medidas, una parte apenas pasó el filtro del Congreso y la otra se quedó en los escritorios de los jueces supremos.

Los escasos 10 años, transcurridos desde que se inicia el proceso de restauración de la democracia, son también el escenario de liderazgos poco convincentes, con alguna marginal excepción. Los presidentes del Poder Judicial, más allá de la CERIAJUS, no han evitado mantener al sistema judicial en la inmovilidad y para ello, han tenido que maquillar los gestos de una burocracia judicial definida en sus prácticas por un imaginario propio del siglo XIX. Los ajustes introducidos, lejanamente emparentados con la idea de una gestión pública moderna, se pierden en la ausencia de planificación institucional o en la deficitaria capacidad de ejecución del presupuesto. Se trata, por ello, de un sistema refractario a la idea del control del desempeño, en tanto servicio público, y contaminado por la cultura de lo inevitable, que administra la crisis y cada cierto tiempo la recrea.

El nuevo Presidente del Poder Judicial no debería mirar de perfil esta realidad y para enfrentarla deberá asumir el liderazgo histórico que el país reclama. Deberá sentar las bases de una nueva cultura judicial y emprender los cambios que ya son lugares comunes, empezando por la gestión del despacho de la Corte Suprema.

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Papeles de crítica legal. Soy profesor principal de Filosofía y Teoría del Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mis líneas de reflexión e investigación son la filosofía del derecho, la argumentación jurídica y el derecho constitucional. También me ocupo de los problemas del sistema de justicia. He desarrollado una perspectiva interdisciplinaria para el estudio de este tópico. En los últimos años he investigado además sobre la enseñanza del derecho.

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