Mecanismos de financiamiento en el Perú y su impacto sobre el crecimiento económico y social

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Por Maite Colmenter, abogada por la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela), LLM por la Universidad de Nueva York y Asociada Senior de las áreas de Private Clients, Corporativo y Proyectos e Infraestructura del Estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Toda estrategia de desarrollo de un país contempla entre sus aspectos más importantes la provisión y/o mejoramiento de servicios de infraestructura. Esto se debe a que el desarrollo de la infraestructura está estrechamente relacionado con el desarrollo sostenible de un país lo que, a su vez, implica un crecimiento económico y social.

El desarrollo económico y social no puede ser sostenible mientras no se incremente la productividad y, para ello, es necesario contar con una industria competitiva y un país integrado, con condiciones básicas de infraestructura que permitan equidad y reducción de los índices de pobreza.

Según analistas económicos y data reciente, la brecha de infraestructura a cerrar en Perú estimada al 2025 asciende a más de 160 mil millones de dólares. El número se lee rápido pero, en los hechos, representa más del 50% del PIB peruano y casi el doble de las reservas internacionales. No queda duda que el Estado debe avocarse con carácter de urgencia a resolver este problema pero, ¿tiene el Estado los recursos necesarios para reducir esta brecha?

Si bien tiene el gobierno la responsabilidad principal de proveer los servicios de infraestructura, es evidente que no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer estas necesidades. Es por esto que el Estado recurre a mecanismos que involucren la participación del sector privado y la banca de desarrollo a los fines de propiciar y activar fuentes de financiamiento que permitan avanzar en el desarrollo de una infraestructura robusta con miras al crecimiento económico, social e industrial del país.

Al efecto, existen fuentes de financiamiento locales, regionales y extra-regionales. En el Perú, la principal fuente de financiamiento es la Inversión Extranjera Directa (IED), que consiste en la colocación, a largo plazo, de flujos en una empresa extranjera con el fin de expandir sus productos o servicios y encontrar nuevos mercados, es decir, con el fin de internacionalizarse. Esto puede realizarse a través de la creación de nuevas empresas o la afiliación/participación con empresas ya existentes en el nuevo mercado. De acuerdo a la información publicada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)[1], el Perú está entre los primeros cinco países con mayor entrada de IED en América Latina y el Caribe (luego de Brasil, México, Colombia y Chile); sin embargo, la IED ha caído durante los últimos años en el Perú. Esta caída se debe no sólo a factores nacionales sino también internacionales. Bajo las estadísticas arrojadas durante el segundo semestre del 2017 por el Banco Central de Reserva del Perú[2], para el 2017 entrarían al país US$6,000 millones aproximadamente como IED lo cual resulta ser un importe menor al percibido en los años anteriores.

Sin embargo, muchas veces la modalidad del proyecto (privatización, concesión, contratos de APP, obras por impuestos, etc.) no sólo determina la fuente del financiamiento sino los mecanismos o estructuras a implementar para financiar los mismos. Teniendo esto en cuenta, es importante resaltar que todo mecanismo de financiamiento contempla tres variables principales: el rendimiento que se espera del proyecto, el riesgo asumido por los inversores y el plazo para obtener el retorno de la inversión.

Las Asociaciones Público Privadas (APP) son el mecanismo de inversión más usado en los últimos años en el Perú. Como su nombre lo indica, son asociaciones entre el sector público y uno o más inversionistas del sector privado que buscan incentivar la participación de la inversión privada en el desarrollo, mejoramiento, operación o mantenimiento de la infraestructura pública o provisión de servicios públicos, a través de contratos de largo plazo que establecen una clara asignación de riesgos entre las partes. Las APP suponen un intercambio de conocimientos, experiencia y tecnología, se pueden dar por iniciativas públicas o privadas, y suelen clasificarse en autosostenibles (se financian con recursos propios del proyecto) o cofinanciadas (financiadas por el sector público o con altas probabilidades de usar recursos públicos)[3]. De acuerdo a la base de datos de Proinversión, actualmente se cuenta con una cartera de proyectos que representan una inversión de aproximadamente US$ 11,500 millones, habiéndose adjudicado proyectos con una inversión de más de US$16,000 millones[4].

El Financiamiento de Proyectos o Project Finance (según sus siglas en inglés) es otra figura utilizada durante los últimos años por la banca de desarrollo y demás entidades financieras para invertir en proyectos de infraestructura o proyectos de gran envergadura. Consiste en un mecanismo de financiamiento de carácter mixto, entre el sector público y el sector privado, que se concentra en la capacidad que tiene el proyecto de generar flujos futuros para asegurar el pago del préstamo. Es decir, el préstamo será pagado únicamente con los flujos que sean generados por el proyecto. Esto conlleva un análisis minucioso de los riesgos involucrados con el proyecto, la asignación de los mismos y los mecanismos para mitigarlos y/o manejarlos, así como la implementación de una estructura eficiente que ofrezca incentivos a cada parte para el correcto y adecuado desarrollo y funcionamiento del proyecto.

Otro mecanismo utilizado por el sector privado es el financiamiento a través del Mercado de Valores. Se trata de una emisión de títulos respaldada por valores negociables (activos no líquidos) que otorgan derechos de flujos bajo el proyecto. La venta de dicho título a un tercero permite el financiamiento del proyecto. De acuerdo a lo indicado por la CEPAL[5], los activos que suelen bursatilizarse son aquellos que tienen derechos de cobro por su uso, como peajes, tasas aeroportuarias y portuarias, PAO-CAOs, RPI y otras modalidades de pago bajo el proyecto. Este tipo de financiamiento se caracteriza por ofrecer costos más bajos para el emisor y mayor ganancia para el inversionista, asociándose el riesgo con el reembolso del activo financiero y no al desarrollo o funcionamiento del proyecto o empresa en específico. De acuerdo a la información publicada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV)[6], los financiamientos a través de empresas en el Mercado de Valores han ido incrementándose en más de un 10% durante los últimos 3 años, “consolidándose como una alternativa atractiva y competitiva”, siendo que para el año 2017 se logró alcanzar un financiamiento que superó los US$2,000 millones.

Pero, ¿cuál es el verdadero problema que presenta el desarrollo de la infraestructura en el país?

Según analistas financieros, la liquidez o mecanismos de financiamiento en infraestructura no resulta un problema actual en el sistema financiero. La falta de viabilidad o “bancabilidad” de los proyectos de infraestructura son el problema principal por la baja rentabilidad financiera que representan (altos costos de financiación o baja capacidad de repago de deuda con recursos futuros del proyecto). Esto, aunado a los trámites burocráticos y la falta de capacitación en el sector público (especialmente en el interior del país), genera demoras en la ejecución de los proyectos y ciertamente compromete los tiempos de avance en su materialización.

Por esta razón, el Estado debe procurar mitigar estos riesgos a través de la implementación de medidas que logren mejorar el rating crediticio y propiciar la viabilidad exitosa de los financiamientos en los proyectos de infraestructura, generando un ambiente confiable que incentive y atraiga la participación de inversores privados de calidad en el sector de infraestructura.

Lograr reducir la brecha en infraestructura es clave para mejorar los índices de desarrollo, pero no pareciera ser suficiente. El gobierno debe reducir también la brecha social existente para lograr ser competitivos, con miras a un cierre total de brechas hacia el 2021, año del Bicentenario.


[1] Naciones Unidas, CEPAL. La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2017. CEPAL, 2017, Santiago de Chile

[2] Banco Central de Reserva del Perú. Reporte de Inflación Diciembre 2017, Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2019. Disponible en: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2017.pdf

[3] Decreto Legislativo de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, Decreto Legislativo N° 1224

[4] Fuente: http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=2&jer=5902

[5] Cipoletta Tomassian, Giorgina. Financiamiento de la infraestructura para la integración regional, Alternativas para América del Sur, CEPAL, 2015, Santiago de Chile

[6] Financiamiento a través del mercado de valores alcanza nuevo récord histórico en el 2017. Disponible en: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/NPN%c2%ba29RecordOPP.pdf

Imagen: https://goo.gl/kER6Eo

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