El Populismo Constitucional en América Latina

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Por Heber Joel Campos B.[1]

El Tribunal Plurinacional de Bolivia aprobó la semana pasada lo que, sin ápice de duda, corresponde calificar como una aberración jurídica. Según esta alta corte el Presidente Evo Morales está habilitado a postular a una tercera reelección, pues aunque un artículo expreso de la Constitución se lo prohíbe, el derecho a la participación política previsto, a su vez, en la Convención Americana de Derechos Humanos, se lo permite. En términos llanos, para el Tribunal Plurinacional del país altiplánico la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho a la reelección indefinida y, en tanto, se trata de una libertad preferente debe ser impuesta a las limitaciones reconocidas en la Constitución boliviana que sostienen lo contrario.

Desde el Derecho, sin embargo, corresponde hacer algunas precisiones. No es cierto que cada vez que una norma interna colisione con una norma internacional debe prevalecer esta última. Aceptar esa tesis sería asumir un punto de vista que ha sido superado desde hace mucho y que es el del famoso monismo jurídico. El criterio, entonces, a tomar en cuenta es otro y consiste en preferir la norma que respete y garantice, de la manera más amplia y robusta posible, un derecho humano. Pero, claro está, solo en la eventualidad de que nos hallemos ante un conflicto de normas, lo cual no es el caso en lo que respecta a la tercera reelección del Presidente Evo Morales.

Y no lo es por una simple razón: porque lo que evitan tanto la Constitución boliviana como la Convención Americana de Derechos Humanos es el abuso del poder y la manipulación de las normas jurídicas para obtener réditos políticos espurios. De modo tal que decir que porque la Convención Americana de Derechos Humanos contempla el derecho a la participación política Morales puede reelegirse todas las veces que quiera no es más que una lectura, una interpretación, antojadiza de un tratado que fue creado para evitar, más bien, lo que ahora se pretende hacer en su nombre, esto es, avalar el autoritarismo y el avasallamiento de las instituciones democráticas.

Se agrava aún más lo hecho por el Tribunal Plurinacional boliviano cuando advertimos que hace pocos meses los ciudadanos de ese país en un referéndum dijeron mayoritariamente NO a la reelección indefinida del Presidente Evo Morales. La decisión, pues, de dicho Colegiado desafía ese dictamen y pone en cuestión la gobernabilidad política del hermano país del sur, aunque no sorprende.

En América Latina, sobre todo en los últimos años, hemos visto ya varias veces como desde las altas cortes de justicia se ha intentado manipular la voluntad popular y herir gravemente a la democracia. Así sucedió, por caso, en Perú en los años 90 y en Venezuela desde hace poco más de un lustro. Quizá estamos asistiendo a una nueva modalidad de hacer política en la región: la del populismo constitucional que actúa en función de los intereses de los gobernantes de turno y de espaldas al pueblo y del derecho que prometía defender.

En suma, la decisión emitida por la justicia boliviana no solo no posee sustento jurídico, sino que evidencia la ambición de poder del Presidente Evo Morales, quien al no contar con el respaldo de la ciudadanía para presentarse nuevamente a una competencia electoral, instrumentaliza el derecho para hacerle decir lo que niega: que el autoritarismo y el abuso de poder están por encima de la democracia y sus instituciones.


IMAGEN: goo.gl/aSyiUi

[1] Abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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La otra orilla. Licenciado en Derecho y Magister en Ciencias Políticas y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de los cursos Introducción a las Ciencias Jurídicas e Investigación Académica en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Estudios Generales Letras de la PUCP, respectivamente. Ha sido consultor de la Defensoría del Pueblo del Perú, y de GTZ Internacional, Cooperación Alemana para el Desarrollo, en temas vinculados a la reforma de la administración de justicia y al análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, ha sido integrante y asesor de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la PUCP y ha participado en esa condición del Proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el Estado de Derecho”, auspiciado y financiado por el Banco Mundial entre los años 2007 y 2008. Ha sido asesor de la Secretaria General del Jurado Nacional de Elecciones y ha integrado el equipo técnico encargado de la elaboración del anteproyecto de Código Electoral con miras a la reforma del sistema electoral y político del Perú. Ha sido Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” del Ministerio de Trabajo. Actualmente se desempeña como Asesor Principal de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Ha publicado diversos artículos jurídicos en revistas del Perú y del extranjero en las áreas de Teoría del Derecho y Derecho Constitucional, e integra el Grupo de Investigación en Epistemología Jurídica y Estado Constitucional de la PUCP.

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