Cuestiones tributarias fundamentales: A propósito de políticas públicas en materia fiscal

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Closeup of uditor scrutinizing financial documents at desk in office

Estamos empezando el año 2016 y la coyuntura tributaria ya se ve marcada por el proceso electoral que llevará a tener un nuevo Presidente de la República. Como ocurre siempre, el tema tributario es uno de los más mentados por los candidatos a efectos de ganar el apoyo ciudadano.

Lamentablemente, salvo alguna excepción, los discursos de nuestros candidatos no se han concentrado en aquello que verdaderamente importa a efectos de las políticas públicas en esta materia. Quiero aportar a la discusión planteando tres cuestiones de orden tributaria que todos (Gobierno y ciudadanos) deberíamos tomar en cuenta.

La primera consiste en recordar el sentido y el basamento del tributo. El sentido es contribuir al bien común, que se manifiesta en posibilitar que el Estado cumpla cabalmente los fines que la Constitución Política (CP) le ha encomendado. Por eso, en buena medida, nuestro deber de contribuir surge a partir de la capacidad contributiva, salvo que en alguna situación que supere el juicio de ponderación constitucional se quiera utilizar medidas tributarias para cumplir con otros fines constitucionalmente legítimos.

El deber de contribuir que tenemos tiene como contrapartida la obligación del Estado de gastar lo recaudado idóneamente, lo que implica promover la eliminación de la corrupción, de la ineficiencia y de la ineficacia, promoviendo una cultura de la transparencia y del servicio al ciudadano. Justamente por eso, la sociedad civil tiene el derecho y el deber de vigilar y controlar los asuntos públicos.

La segunda consiste en recordar que las Administraciones Tributarias deben administrar los tributos y, por eso mismo, tienen la facultad de utilizar todos los instrumentos que la ley le ha provisto para conseguir tal finalidad, así como luchar contra el fraude de ley y la evasión fiscal. Ello sin embargo tiene que estar enmarcado en el propio proyecto constitucional, lo que obliga a que tales administraciones puedan eliminar cualquier posibilidad de arbitrariedad en su actuación, respetando los derechos ciudadanos, permitiendo la probanza de los hechos económicos, utilizando la interpretación más favorable a la Constitución, o  cumpliendo con la debida motivación de sus actos administrativos.

En las antípodas, el ciudadano tiene que asumir los deberes de colaboración tributaria en el marco de la gestión de los tributos; pero está claro que no debe aceptar medidas, acciones o actitudes contrarias a los valores y principios que la CP establece.

La tercera consiste en el reconocimiento de que todos tenemos el derecho al debido procedimiento en sede contenciosa, lo que obliga a que el Tribunal Fiscal (TF) resuelva en tiempo y bajo criterios argumentativos racionales y basados en la CP. Asimismo, tenemos el derecho al debido proceso, lo que significa la posibilidad de acceder al justiciable sin que medie exigencia alguna, luego la posibilidad de contender en doble instancia judicial y de que lo resuelto sea congruente y se ejecute adecuada y eficazmente. En términos de perspectiva, requerimos mayor compromiso de los vocales del TF y de los jueces del Poder Judicial en hacer que la justicia tributaria se asiente profundamente en el país.

¡Ojalá el 2016 sea un año en el que veamos mayores avances en estas tres cuestiones!


 

FUENTE DE IMAGEN: http://3.bp.blogspot.com/

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