Como el Lenguado: dos caras para ocasiones distintas

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JULIA PRINCIPE TRUJILLO, PROCURADORA PUBLICA PARA LAVADO DE ACTIVOS.

¿Quién es bueno?, ¿quién el malo?, ¿quién es el criminal?, determinar los roles que tienen los diferentes personajes inmersos en el escándalo originado con la divulgación del contenido de las agendas de la primera dama no es fácil, estamos ante una pugna que se inicia en el ámbito político, que pasa a los medios y luego detona en el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial; en él se enfrentan distintos intereses, para cuya satisfacción los involucrados están dispuestos incluso a delinquir. Alguna vez le escuche decir al Dr. Javier Valleriestra, que “cuando la política entra por la puerta, el derecho huye por la ventana”, nada más cierto.

La Sra. Heredia y sus allegados son investigados en dos ámbitos distintos, el primero: los medios de comunicación. Los hechos se presentan en forma resumida, la finalidad de la investigación no es necesariamente que se haga justicia sino vender la noticia, y el juicio de la opinión pública se basa en las normas morales de cada persona, sustentada en un resumen de hechos, y las opiniones de los especialistas y opinólogos que haya presentado la prensa.

De otro lado, la Sra. Heredia es investigada por las fiscalías especializadas en los procesos en los que ha sido citada, que, a diferencia de las investigaciones de la prensa, tienen normas que garantizan un debido proceso, y principios como la presunción de inocencia que exige que la probanza de su culpa vaya más allá que cualquier duda razonable. El juzgamiento en este caso -aún cuando se depende también de la moral del juzgador- debe sustentarse en normas legales y todo el material probatorio aportado, en ello deben sustentarse las decisiones de los juzgadores . Este fuero va a determinar, por ejemplo, si el contenido de las agendas debe o no ser valorado como prueba en cuanto la manera como fueron obtenidas es contraria a las disposiciones de nuestro sistema.

Estas investigaciones están ya encaminadas, la Sra. Heredia deberá responder ante la opinión pública y la justicia por sus actos -esperemos que sin privilegios,  como corresponde a cualquier ciudadano-;   sin embargo, no debemos perder de vista que aparentemente son intereses políticos los que dan inicio este escándalo. Las agendas de la primera dama fueron extraídas sin su consentimiento, lo que ha sido minimizado en la discusión y tratado como un tema secundario.

Hace tiempo venimos siendo testigos de interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas, comunicaciones electrónicas, entre otras, su obtención generalmente demanda esfuerzo y costo que alguien debe soportar, movido  por un interés personal, ya sea para obtener beneficio político, económico o para agredir a otra persona anónimamente: con las redes sociales su difusión es veloz y de amplio alcance. Este es un tema que merece también mucha atención, más aún cuando puede haber políticos o funcionarios públicos involucrados, que hoy aparecen como justicieros.

Cuando se discutía el texto del proyecto del  Decreto Legislativo 1182 -que otorga facultades a la Policía Nacional para la localización y geolocalización de los equipos de comunicación-, había preocupación por el acceso que iban a tener a la privacidad  de las personas sin que medie orden judicial, Esta preocupación parece no aplicar cuando quien intercepta es un privado, cada vez vemos más actos de intercepción ilegal de las comunicaciones realizados por personajes que, en el balance de su costo/beneficio, pueden apreciar que el peso del problema se lo lleva generalmente la víctima cuyas comunicaciones e intimidad se ve afectada, sólo el juicio mediático que va a sufrir es suficiente para justificar el delito; sin embargo, salvo algunas excepciones muy sonadas, no se tiene conocimiento de la existencia de investigaciones fiscales o condenas contra estos personajes.

Entonces, por un lado las agendas revelan contenidos que según se informa pueden ser indicios probatorios de la comisión de actos delictivos por la Sra Heredia y personas allegadas a la misma que merecen ser investigados, y de otro lado todo hace indicar que las mismas fueron extraídas sin su consentimiento por alguna persona de su circulo más cercano, violando su intimidad, utilizándose las mismas para desprestigiarla en el ámbito político, ante la opinión pública,  y generar la investigación en el ámbito penal por el contenido de estas; no es descabellado sospechar que esas agendas tuvieron un precio que se pagó para su obtención.

Como podemos apreciar, en casos como estos son varios los intereses en juego, siendo importante tratar de ver el cuadro completo, no solo la parte que se esta iluminando, y para determinar  ¿quién es el bueno?, ¿quién es el malo?, ¿quién el ladrón?, todo necesariamente va a depender de la ocasión.

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