¿Servirá el régimen juvenil?

2303
0
Compartir

La promulgación de la ley 30288, o la Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social, ha suscitado esta última semana fuertes críticas y discusiones. A continuación pasaremos a analizar su efectividad y sus aspectos legales y económicos, pero empecemos por contextualizar.

Panorama general: Informalidad y rigidez

La legislación laboral en el Perú es, de por sí, bastante rígida. Según el Foro Económico Mundial, el Perú está en el puesto 104 de 144 en  impuestos sobre la productividad y 129 en flexibilidad de prácticas de contratación y despido1. Según esta institución, la rigidez laboral es el tercer factor más problemático para emprender en el Perú. Tanto así que, según Gustavo Yamada2, es esta rigidez la culpable de aproximadamente la tercera parte de la informalidad en el país

Es también de conocimiento general que la situación laboral del país es, considerando los altos índices de informalidad, bastante precaria. Y lo es al punto de que el 74% de la PEA es informal3 y el 3.7 % está desempleada4. Considerando esto, se puede distinguir dos realidades laborales contrapuestas por un abismo de diferencia: la de los formales y la de los informales. El trabajador informal no tiene ningún beneficio ni derecho laboral protegido por el Estado y esto se explica en parte porque, debido a sus pocas oportunidades de formación, su producción es menor al costo de mantenerlo como trabajador formal. Esta diferencia entre formales e informales se agrava –subiendo en 15 puntos porcentuales- cuando la sumamos a la existente entre jóvenes y adultos. Esto se debe a que la producción de los jóvenes en una empresa es menor que la de los trabajadores con mayor experiencia pero su costo como trabajadores es el mismo. Naturalmente, para los empleadores es preferible contratar al segundo grupo. En otras palabras, la rigidez del contexto laboral ha forzado a dos grupos diferentes, uno desventajado respecto al otro, a competir en un mismo sistema y a un mismo costo. Y esta desventaja se refleja en números cuando vemos que en los menores de 25 años la PEA informal se eleva al 89% del total5 y el índice de desempleo -7.4%- pasa a duplicar el promedio general y a cuadruplicar el 1.8% de la PEA adulta6.

Asimismo, como explica el jefe de asesores del MEF7 y debido al desfase de oportunidades que existe en la preparación para el trabajo, existen en el Perú dos grupos de jóvenes: quienes tienen problemas de empleabilidad –la gran mayoría- y quiénes no. Es el primero, aquel de jóvenes sin preparación ni experiencia, el que se ve seriamente desventajado. Es esta situación lo que busca combatir la ley. Así las cosas, la ley apunta, primero, a reducir las altas tasas de desempleo e informalidad en la PEA de entre 18 y 24 años y, segundo, a incentivar la preparación de quienes la integran.

Contenido normativo y razón de ser de la ley

Para lograr el primer objetivo, la ley determina que en el nuevo régimen laboral tanto el reparto de utilidades como el pago de CTS, gratificaciones y asignación familiar quedarán fuera de las obligaciones del empleador. Por otro lado, el Estado asumirá el costo correspondiente al primer año de seguro social de salud en los jóvenes para el caso de las mypes y se ofrecerán incentivos tributarios para la capacitación a todas las empresas. En nuestra opinión, las medidas contenidas en la Ley son efectivas en tanto incentivan la contratación formal de jóvenes al reducir los sobrecostos laborales que esta conlleva.

Sobre lo primero, está empíricamente comprobado que mayor flexibilidad laboral afecta positivamente a los grupos desventajados y esto se corrobora tanto en el estudio de la OCDE8 como en el de Horst Feldmann9. Así, en el primer estudio se evidencia que por el aumento de un punto en el índice de protección laboral del mismo, la tasa de empleo se reduce en 2.55 puntos para los jóvenes, 0.23 puntos para los hombres en edad productiva y 1.54 puntos para las mujeres en edad productiva. La tasa solo se eleva -en 1.39 puntos- para el caso de los trabajadores mayores 10 y los jóvenes resultan ser los principales afectados. El IPE explica estos datos afirmando que:

“En general, los trabajos académicos a nivel global suelen encontrar que, si bien el nivel de rigidez del mercado laboral tiene un impacto incierto sobre la población en general, mayor rigidez sí suele estar asociada con mayor desempleo entre los jóvenes. Cuando los sobrecostos laborales son altos y la rigidez significativa, son los jóvenes –dada su menor experiencia y productividad– los principales perjudicados”11.

Aspecto legal: Validez y derechos

Se ha dicho mucho acerca de cómo esta ley recorta derechos. Resulta entonces preciso resaltar que la ley no afecta a aquellos que ya se encuentran empleados en la formalidad ni a quienes carecen de problemas para acceder a esta, sino al grupo restante; esto es, a aquellos que se encuentran desempleados o empleados de manera informal. En este segundo grupo, lógicamente, al no trabajar o trabajar sin contrato, las personas no tienen derechos ni beneficios laborales asegurados por el Estado. Para efectos prácticos, entonces, no se le quita beneficios a quienes antes los tenían sino que se le otorgan algunos a quienes antes no tenían nada.

Es cierto, por otro lado, que quienes se acojan a la ley obtendrán menos beneficios que quienes están ahora en la formalidad, pero de ahí a decir que recorta derechos hay un largo trecho así que procedamos con cuidado. En primer lugar, debe tomarse en cuenta que ni la CTS, ni la gratificación, ni la asignación familiar son derechos fundamentales, sino beneficios obligados por normas con rango legal. Esto es así porque ni la Constitución peruana ni los tratados internacionales se pronuncian sobre la obligatoriedad de los mismos. Así las cosas, es perfectamente legal que otra norma posterior del mismo rango –como lo es la ley en cuestión- pueda hacer que estos beneficios dejen de ser obligatorios en circunstancias específicas. Por no ser derechos fundamentales, asimismo, pueden ser objeto de aplicación o eliminación en función de consideraciones utilitarias como lo es facilitar el acceso a la formalidad.

De igual manera, cabe resaltar que los beneficios son artificiales. Por ejemplo, si la gratificación fuese de 15 sueldos, la reducción a 14 sería vista como una travestía. Además, si bien hay mandatos que se amparan en fuentes como la Convención Americana y la Constitución, con la aplicación de la ley estos no se contravienen sino que se concretan de una manera diferente. Por ejemplo, la Convención exige la existencia y reconoce como derecho humano el descanso vacacional; sin embargo, dada la abstracción de los derechos, no se pronuncia sobre un tiempo específico de descanso. Es por ello que al establecer que este sea de 15 días –y no 30 ni de 10 ni de cualquier otro número de días-, no se está recortando el derecho sino se está concretando de una manera diferente.

Asimismo, se ha dicho que la ley es discriminatoria en tanto crea un régimen laboral especial para un determinado grupo. Lo sería si el factor relevante fuera la edad por sí misma, ya que está prohibida la discriminación por un factor intrínseco. Sin embargo, lo que se produce aquí es la legítima diferenciación en base a una causa objetiva12: la preparación. Los jóvenes a quienes se busca favorecer a través de esta ley están menos preparados que con quienes compiten en el mercado laboral, esto los hace comparativamente menos productivos y reduce sus posibilidades de conseguir empleo13. Lo que la ley pretende es dejar de obligar a cobrar lo mismo que todos a quienes no pueden ofrecer lo mismo que todos. De esta manera se espera reducir la desventaja en la que se encuentran actualmente y que se traduce en las cifras mostradas y en la abismal diferencia existente entre trabajadores jóvenes y trabajadores adultos en materia de empleabilidad y formalidad mostrada por estas.

Pero la ley no solo busca reducir los sobrecostos laborales –no salariales- de contratar a jóvenes con problemas de empleabilidad. También tiene un segundo objetivo consistente en corregir esta deficiencia al facilitar la obtención de esta preparación. Con este fin, la ley estipula que los costos de capacitación de los jóvenes contratados bajo esta nueva modalidad se puedan deducir del impuesto a la renta mientras no excedan del 2% del gasto en planillas. De esta forma, el joven no solo obtendrá preparación practica –léase experiencia laboral-, sino también preparación teórica que le permita luego acceder a mejores trabajos y a todos los beneficios de la formalidad. Adicionalmente a este incentivo tributario, la ley dispone también que los jóvenes que accedan a empleos a través de esta nueva modalidad de contratación estarán obligados a completar sus estudios secundarios en paralelo a su trabajo. Ambas consideraciones sugieren que el propósito de la ley es esencialmente servir de escalón para que, quienes actualmente están en el desempleo o la informalidad, puedan acceder luego –en el largo plazo- a un empleo con todos los beneficios de la formalidad. Consideramos que la ley servirá en parte para esto pero que la consecución plena del fin planteado pasará por realizar cambios más integrales y profundos que apunten a mejorar el deficiente sistema educativo peruano.

Algunas críticas y revisión final

Respecto a la eficacia de la ley, una crítica importante a esta ha partido de compararla con la del régimen laboral para las microempresas, el cual tiene varias similitudes con el nuevo régimen laboral juvenil. Como el primer régimen laboral no redujo significativamente la informalidad, se asume que el segundo tampoco lo hará. Sin embargo, compararlos sería incorrecto. En primer lugar, es importante considerar que para contratar de acuerdo al régimen mype se exige pagar de una sola vez todas las deudas contraídas en el pasado al costo del régimen general; este siendo impagable para las microempresas. Por su lado, la ley laboral juvenil solo exige que no haya multas impagas por infracciones a la normativa socio-laboral para acogerse a ella. De esta manera, es menos costoso acceder a la misma y, a la vez, se garantiza que la empresa respete las regulaciones laborales. En segundo lugar, la ley de empleo joven no se limita a las microempresas sino que es susceptible de utilizarse en todo tipo de empresa y, si bien es casi igual de flexible que el de la microempresa, es bastante más flexible que el de la pequeña y mediana empresa. Y precisamente en este sector, donde la cantidad de empleados formales bordea el 11%14, es donde hay mucho por formalizar. Algo con lo que si se la podría comparar es con los regímenes laborales juveniles en la región; los cuales, según Gonzalo Zegarra15, han producido resultados bastante positivos.

Sin embargo, cabe mencionar que ni la flexibilización laboral ni la reducción de sobrecostos laborales bastarán para hacer más atractiva la formalidad. Pese a sus buenas intenciones, los autores de la ley parecen pasar por alto que los costos de la formalidad son tanto de acceso como de permanencia. En el segundo grupo, además, existe la distinción entre costos para con el Estado –léase impuestos- y costos para con los empleados. Estos últimos, a su vez, se dividen en salariales y no salariales –sobrecostos-, siendo los segundos los que se adicionan al sueldo originados por los beneficios diferentes de este. Lo que hace la ley es reducir los sobrecostos laborales –no salariales- de contratar jóvenes sin experiencia, pero deja de lado todo lo demás.

Así pues, lo primero que debemos concluir es que la ley no recorta derechos sino que se los da a quienes no los tienen. Esto se debe a que su campo de aplicación es específicamente los jóvenes con problemas de acceso al mercado laboral formal debidos a su bajo nivel de preparación. En segundo lugar, la ley no se puede considerar discriminatoria en tanto la diferenciación se da en base a una consideración objetiva, que es la contraposición entre las tasas de desempleo y formalidad ocasionada por la diferencia productiva entre estos dos grupos. En tercer lugar, corresponde afirmar que la ley puede –dentro de sus limitaciones- ser efectiva, en tanto genera incentivos para contratar a los miembros de un grupo en desventaja al reducir los costos laborales no salariales de hacerlo; además incentivos tributarios para capacitarlos y eliminar esa desventaja. Finalmente, debemos decir también que consideramos que la ley es insuficiente en tanto busca hacer atractiva la formalidad bajando solo los costos no salariales de la contratación formal. Para reducir efectivamente los costos de la formalidad habrá que reducir efectivamente los costos tanto de permanencia como de acceso. Para lo primero, aparte de reducir los sobrecostos laborales habrá que considerar también reducir los impuestos que desincentivan productividad. Para lo segundo, habrá que reducir la burocracia y tramitocracia. Asimismo, esto se deberá complementar con reformas en el sistema educativo que mejoren el capital humano y con mejoras en la fiscalización laboral que desincentiven la informalidad. En suma, la ley es positiva y debe mantenerse, pero solo mediante una estrategia más completa se afrontará verdaderamente el problema de la informalidad.


  1. http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report-2013-2014/#section=countryeconomy-profiles-peru
  2. http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1154/libro.pdf
  3. http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/enaho/INFORME_ANUAL_EMPLEO_ENAHO_2012.pdf
  4. http://gestion.pe/economia/legislacion-laboral-explica-tercio-informalidad-peru-2108897
  5. http://blogs.gestion.pe/reformasincompletas/2014/12/el-baile-de-los-jovenes-que-sobran.html
  6. http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/enaho/INFORME_ANUAL_EMPLEO_ENAHO_2012.pdf
  7. http://elcomercio.pe/economia/peru/hombre-paja-enzo-defilippi-noticia-1779738
  8. http://www.oecd.org/employment/emp/36888714.pdf
  9. https://ideas.repec.org/a/eee/jcecon/v37y2009i1p76-90.html
  10. http://ipe.org.pe/sites/default/files/ocde_graf_laboral.png
  11. http://blogs.gestion.pe/reformasincompletas/2014/12/el-baile-de-los-jovenes-que-sobran.html
  12. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02974-2010-AA.htm
  13. http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/quien-le-importan-carlos-adrianzen-noticia-1778362
  14. http://semanaeconomica.com/article/economia/150580-ley-pulpin-que-dicen-anteriores-experiencias-de-formalizacion-laboral/
  15. http://semanaeconomica.com/article/economia/150819-ley-pulpin-tres-mitos-sobre-ella-que-es-necesario-desmontar/

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here