La necesidad de titulación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas

El Perú es un país culturalmente diverso. Sin embargo, pese a ello, aún existen muchos casos de despojos arbitrarios que vulneran el derecho de propiedad de los pueblos indígenas. En el presente artículo, se analizará el contenido de la propiedad y demás derechos fundamentales en el contexto de los territorios ancestrales de las poblaciones indígenas. ¿Cuál es la normativa especializada vigente y cómo qué beneficios traería su correcta aplicación?

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*Escrito por Jazmín Guevara Abanto

Resulta innegable que el Perú es un país diverso culturalmente con aproximadamente 55 pueblos indígenas u originarios identificados. Esta característica hace a nuestro país uno de los más destacables y ricos de toda América del Sur. Sin embargo, pese a que se tiene conocimiento de ello, aún existen muchos casos de despojos arbitrarios por parte de empresas y del mismo estado – coludido con ellas – que vulneran el derecho de propiedad de los pueblos indígenas y genera como consecuencia una gran cantidad de conflictos sociales anualmente.

En el 2017, a partir del AUTO EXP N°03696-2017-PA/TC, nació un nuevo precedente que desarrolló criterios para la defensa del derecho de propiedad de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas a través de procesos constitucionales. De esta forma, el Tribunal Constitucional abrió una puerta muy importante al aceptar la necesidad del reconocimiento de este derecho a estas comunidades. No obstante, ello no resolvió por completo el problema.

Por esta razón, como parte de los compromisos del Estado peruano de promover la titulación de la mayoría de los pueblos indígenas para el 2021, el 11 de diciembre del año pasado, el Ministerio de Agricultura aprobó los Lineamientos para la demarcación del territorio de Comunidades Nativas a través de la Resolución Ministerial No. 0443-2019-MINAGRI. [1]

Estos lineamientos tienen como objetivo realizar una adecuada aplicación del Decreto Ley No. 22175 (Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva) a partir de la uniformidad, esclarecimiento y viabilización de los criterios técnicos y legales en el procedimiento administrativo de demarcación del territorio de comunidades nativas a cargo de los gobiernos regionales.

En el presente artículo, se busca definir, en primer lugar, el derecho de propiedad según nuestro ordenamiento jurídico. Posteriormente, se analizará el contenido de los demás derechos fundamentales que son vulnerados ante los despojos arbitrarios de los territorios ancestrales de las poblaciones indígenas. Finalmente, se explicará en qué consiste la resolución últimamente aprobada y qué beneficios traería ante el problema que atraviesa nuestro país.

1. Derecho de Propiedad según la Constitución y nuestro Código Civil:

El derecho de propiedad tiene dos formas de reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico – según la Constitución y el Código Civil – que, si bien ambas son diferentes, no dejan de ser complementarias. Por un lado, nuestra constitución lo reconoce como un derecho fundamental (artículo 2° incisos 8 y 16 de la Constitución)

Artículo 2: Derechos fundamentales de la persona
Toda persona tiene derecho:
(…)
8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.
(…)
16. A la propiedad y a la herencia.

Es importante mencionar que este reconocimiento sirve como una “muralla de protección” ante el Estado debido a que evita que se cometan abusos. Por ello es innegable que la Constitución cumple un rol fundamental al hacer posible la existencia de un sistema de normas que haga factible la vida en sociedad. Así, para que exista la “propiedad” como tal, debe existir un respeto continuo sobre la propiedad de cada persona; si no fuera de esa manera, nos encontraríamos en un estado de naturaleza constante en el que deberíamos proteger lo que nos pertenece.

Además, según el artículo 70º de la Constitución, el derecho de propiedad se presenta como un derecho inviolable y que solamente se puede dar su restricción cuando existan casos específicos: seguridad nacional o necesidad pública.

Artículo 70: Inviolabilidad del derecho de propiedad
El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.

Por otro lado, nuestro Código Civil recoge el derecho de propiedad como el derecho real por excelencia (artículo 923° del Código Civil)

Artículo 923º: Noción de propiedad
La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley.

Así, se puede determinar que los pueblos indígenas ejercen actualmente el derecho de propiedad de sus territorios ancestrales heredados por muchos años de tradición cultural y por lo tanto se deben observar ambas normativas para la ejecución de cualquier tipo de restricción que se vayan a realizar.

Por ello, al no reconocer el derecho de propiedad de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, se aceptan muchas arbitrariedades y extralimitaciones por parte del estado y las empresas contra estas poblaciones. Esto se apreció en el caso del precedente mencionado al inicio de este artículo, en el que la comunidad nativa, parte del pueblo shipibo-conibo, interpuso una demanda en razón del despojo de su territorio ancestral y la pérdida de 6,824.39 hectáreas de bosques primarios. Para lo que identificó como hechos lesivos el otorgamiento de 222 constancias de posesión, por parte de la DRAU, a favor de colonos –presuntos traficantes de tierras– al interior del territorio comunal. Además, los contratos de compraventa celebrados por estos y la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C., en una extensión de 6,845.43 hectáreas. Finalmente, la destrucción del 99,69% de los bosques en dichas tierras para el cultivo agroindustrial de palma aceitera.

Al respecto, es importante señalar también que los organismos internacionales han reconocido tal derecho, como se ve reflejado en el Convenio 169 de la OIT en el que se regula el derecho a la propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre los territorios que tradicionalmente ocupan; y en el que su contenido jurídico se sustenta en la obligación del Estado de reconocer, delimitar, demarcar y proteger ese territorio.[2] Además, mencionar que la titularidad es necesaria, ya que nos permite diferenciar “quién tendría qué bien” evitando así que todos tengan derecho sobre todo sin importar quién fue la verdadera persona que lo obtuvo. Entonces, la titularidad cumple un rol determinístico y de orden social. 

2. ¿Qué derechos fundamentales son vulnerados ante los despojos arbitrarios de propiedad de los pueblos indígenas?

La importancia de tratar este tema se debe a que no solo se afecta el derecho de propiedad, sino también otros derechos fundamentales relacionados, como el derecho de la identidad cultural y del medio ambiente. Ello es así, ya que los pueblos indígenas son aquellas comunidades que mantienen una fuerte conexión con los espacios que habitan debido a que, además de ser importantes para su subsistencia, comprenden elementos culturales, de integridad e incluso espirituales desarrollados a lo largo de la historia. Por lo tanto, el disfrute de sus territorios ancestrales es esencial para asegurar tanto la vida individual como la supervivencia de la comunidad.

Con respecto al derecho a la identidad cultural, este derecho implica el reconocimiento normativo internacional y nacional; así como también la realización de políticas públicas que promocionen y reconozcan la identidad cultural de las poblaciones, sus miembros y territorios.

Tal como menciona Peña Jumpa, el origen de este tipo de derecho nace a partir de la búsqueda del reconocimiento de la identidad como tal. Es así que todo individuo tiene derecho a pertenecer a donde quiera y ser como quiera, remarcando su identidad como única y exclusiva, si es que fuera el caso. Por ello, todo grupo o población tiene el derecho de ser y pertenecer en el lugar que desee y ser reconocido como miembro de esa comunidad.

Finalmente, en lo que concierne al derecho al medio ambiente, el Tribunal Constitucional se ha manifestado sobre el tema y ha señalado que resulta importante definir y determinar lo que se entiende como “medio ambiente. Por ello, es que en su sentencia No. 00343-2007-PA/TC ha establecido que el medio ambiente es definido como “el derecho de a gozar de ese medio ambiente y el derecho a que ese medio ambiente se preserve; el primero debe ser entendido como la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica. La intervención del ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. Respecto del segundo, este debe ser entendido como aquella obligación obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal obligación alcanza también a los particulares, particularmente a aquellos cuya actividad económica incide, directa o indirectamente, en el ambiente.” [3]

De esta manera se puede concluir este punto, mencionando que resulta evidente cómo es que los despojos arbitrarios y abusivos contra las poblaciones indígenas no solo transgrede un solo derecho fundamental, que al mismo tiempo es también un derecho real, sino que también a dos o hasta más -según sea el caso en concreto- derechos.

  • Contenido de la Resolución Ministerial No. 0443-2019-MINAGRI:

Los lineamientos últimamente aprobados servirán como una hoja de ruta para que los gobiernos regionales de la Amazonía y la Sierra peruana puedan ejecutar una de las partes fundamentales del proceso de titulación de los territorios indígenas: la demarcación. Estos lineamientos nos brindan criterios tanto técnicos como legales para el procedimiento administrativo.

Según mencionó Lizardo Cauper en una entrevista para el portal Actualidad Ambiental se espera que estos lineamientos ayuden a avanzar de manera más eficiente en el proceso de titulación y deje así de ser engorroso, ya que se busca que se facilite la realización de ese procedimiento, lo que es petición de las poblaciones indígenas. Además, enfatizó que los pueblos indígenas están cansados de demandar cada año por la titulación sin que la brecha se cierre, por eso esperan que el compromiso de titulación total al 2021 no quede en discursos sino que se dé con hechos con el 100% de la titulación de territorio indígena que es el reconocimiento de la seguridad jurídica que venimos demandando. [4]

Lo rescatable de estos lineamientos consta en el procedimiento, el cual puede ser pedido o por oficio. El documento indica que se podrá dar inicio al proceso de demarcación de territorio de comunidades nativas, ya sea por petición de las comunidades debidamente representadas por el jefe de la comunidad o un designado por la asamblea general de la comunidad, o promovido de oficio por el ente de formalización regional siempre que exista una previa coordinación y autorización de la comunidad.

Otro elemento importante es que se permite la conformación de dos Equipos Técnicos Especializados, los cuales serían conformados por diferentes miembros dependiendo del caso. Por un lado, el primero reunirá a un ingeniero en ciencias agrarias, un técnico de campo, un operador en Sistema de Información Geográfica (GIS), un abogado especialista en saneamiento físico legal de la propiedad agraria, entre otros designados por la autoridad competente, este equipo multidisciplinario tendría la misión de realizar el proceso desde su planificación.

Por otro lado, el segundo equipo se dedicará a la evaluación agrológica de las tierras de las comunidades nativas y la clasificación por su capacidad de uso mayor.

Finalmente, tal como mencionó en su artículo el portal Actualidad Ambiental, el equipo técnico especializado encargado de la demarcación recopilará información de la Estación de Rastreo Permanente (ERP), del Sistema Catastral para Predios Rurales (Sicar) y del Sistema Catastral para Comunidades Campesinas y Nativas (SIC Comunidades). Sin embargo, es importante mencionar que este trabajo que se desea realizar a través de estos nuevos lineamientos necesita de soporte logístico en todos los departamentos del país por lo que es indispensable que se prevean los casos en los que, por ejemplo falte el servicio de internet, y sea imposible ejecutar de manera eficiente este procedimiento.


[1] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/440949/R._M._N_0443-2019-MINAGRI.pdf

[2] “Derechos de propiedad y posesión de los territorios indígenas”. SERVINDI

[3] https://www.usmp.edu.pe/IDHDES/pdf/derecho_medio_ambiente.pdf

[4] https://www.actualidadambiental.pe/titulacion-aprueban-lineamientos-para-demarcacion-de-territorios-de-comunidades-nativas/

[5] https://ibcperu.org/noticia/la-titulacion-de-tierras-es-aun-la-gran-deuda-del-peru-con-las-comunidades-indigenas/

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