Falsas promesas: ¿vicios privados o beneficios públicos?

1994
0
Compartir

Marcelo es un abogado de 38 años. Desde muy joven, comenzó a laborar con un desempeño sobresaliente en centros de trabajo muy reconocidos en el país, logrando así posicionarse en uno de los puestos más altos. Gracias a su continuo esfuerzo, Marcelo ha llegado a ahorrar un monto suficiente como para satisfacer uno de sus más grandes sueños: la casa propia. Un día, encontró en un diario, un inmueble en cuyo precio referencial podía invertir; este costaba, exactamente, $190.000, y Marcelo poseía los recursos como para invertir hasta $200.000. Es decir, no iba a pagar por encima de esa cantidad. Jorge, quien es la persona que puso en venta el inmueble al precio de $190.000, no tenía intención de aceptar un precio por debajo del ofrecido. Para él, el inmueble tenía un gran valor sentimental, por lo que decide elevar su precio a $195.000. Es así que, ambos, mediante un acuerdo previo, convienen en que el inmueble será vendido por un monto de $195.000 (precio intermedio) con una cláusula de $20.000 ante algún incumplimiento en el pago.

Repentinamente, aparece Pedro en busca de comprar un inmueble, y está dispuesto a pagar $260.000. Ante dicha situación, Jorge concluye que, si bien ha celebrado un contrato con Marcelo y este debe ser respetado, le conviene vender el inmueble a Pedro, ya que recibirá más de lo ofrecido por el aquel, y la cláusula a pagar sólo será de $20.000. Jorge recibiría $240.000, incluyendo lo referido a la cláusula; es decir, le convendría incumplir el contrato, dado que sus beneficios económicos serían mayores. Por otro lado, Marcelo no recibirá el inmueble; sin embargo, a cambio de ello, recibirá $20.000 de indemnización. Es decir, se halla en una situación de mejoría, dado que sus ingresos aumentaron. Ambos, tanto Marcelo como Jorge, se hallan en una mejor situación comparada a la que hubieran estado si cumplían el contrato.

Este ejemplo es reflejo de lo que, en el derecho anglosajón, se denomina la teoría del incumplimiento eficiente. En teoría – y lo que dicen los libros sobre ella – es eficiente. Pero la realidad es otra. Y perjudica más a las ideas que estas a la realidad. Sobre todo, en una realidad tan dinámica, como la contractual, donde más se ven reflejados los intereses de las personas. En el sistema anglosajón, a diferencia del derecho civil peruano, predomina la idea de que, ante todo incumplimiento, este debe resolverse mediante un pago indemnizatorio, salvo en aquellos casos en donde el deudor esté dispuesto a cumplir la obligación. Por el contrario, en nuestro sistema legal, ante una situación como la ejemplificada, el acreedor de la relación puede optar entre exigir el cumplimiento de la obligación, o solicitar el pago de los daños causados, resolviendo el contrato en cuestión[1]. Lo explicado será tomando como base el sistema anglosajón, y los inconvenientes que podría traer su aplicación en el sistema jurídico.

Para ello, es preciso explicar, a rasgos generales, su definición. La teoría del incumplimiento eficiente se configura en la situación en la cual, una parte del contrato opta por incumplirlo, si es que ello resulta -para ambas partes- más eficaz que cumplirlo. Según la concepción tradicional y más aceptada en doctrina en torno a dicha teoría:

“En algunos casos, una parte se vería tentada a incumplir el contrato simplemente porque el beneficio del incumplimiento excede el beneficio esperado de llevar a término el contrato. Si es que el beneficio del incumplimiento también excede el beneficio esperado que recibiría la contraparte frente a la culminación del contrato, y si es que el resarcimiento se encuentra limitado a la pérdida del beneficio esperado, habrá un incentivo para incumplir. Debe ser así[2]”.

Lo que en un comienzo resulta un beneficio privado, para la parte que opta por incumplir el contrato, termina siendo un beneficio público; es decir, para ambas partes. Esta correlación de hechos (beneficio privado y público) tiene semejanzas con lo que mencionaba A. Smith (en “La Riqueza de las naciones”) o Bernard de Mandeville (en “La Fábula de las abejas): “los vicios privados resultan beneficios públicos”[3]. O, como decía Armen Alchan: “(…) hay una cosa en todas las personas del mundo con la que puedes contar, y esa es que pondrán su propio interés por encima del tuyo”[4]. En esta teoría, dicha prevalencia privada se sumerge en uno colectivo, llevando a un beneficio de ambas partes. Sin embargo, este marco teórico, muchas veces en la práctica puede conllevar diversas distorsiones, lo que llevaría a reevaluar los presupuestos de inicio. Como veremos más adelante, este esquema brindado por la teoría en cuestión goza de diversas falencias.

Cabe acotar que la puesta en práctica de la mencionada teoría comienza entre la celebración del contrato mismo y su ejecución. Dicha variación de los intereses de una parte contractual (que en un inicio eran eficientes) conlleva al intento de resolver el negocio jurídico. Como se puede analizar de manera breve, los costos de identificación de la otra parte – de conocer la variación del interés por parte del que incumple el contrato – son altísimos; y ello conlleva a diversos remedios ineficientes.

Un presupuesto de la teoría es su eficiencia. En doctrina anglosajona, se ha analizado este presupuesto, tomando como referencia el Óptimo de Pareto. Dicho presupuesto, es el principal de la teoría del incumplimiento eficiente. Sin este, la teoría no sería eficaz y, de esta manera, lo lógico sería cumplir el contrato. Como indica Birmingham[5]:

“(…) El apartamiento de una obligación debe ser alentado cuando el promitente sea capaz de beneficiarse de su conducta después de colocar al promisorio en una posición tan buena a la que habría ocupado si el cumplimiento hubiese tenido lugar. Fallar al honrar un acuerdo bajo estas circunstancias es un movimiento hacia el óptimo paretiano”.

El deudor – al incumplir la obligación pactada previamente con el deudor, debido a circunstancias cambiantes entre el momento de la celebración y la ejecución del contrato – se beneficia, pero no a costa del perjuicio del acreedor, sino que su posición será la misma a la que si se hubiera ejecutado el mencionado. Dichas circunstancias cambiantes reflejan que los intereses individuales de las personas son versátiles y que, en algunas ocasiones, pueden resultar unos beneficios variables, debido, principalmente, al bajo costo de información del comprador y/o consumidor. Ello podría evitar una falla clásica de mercado: la asimetría de información entre productor y comprador. Y si es que la información a la cual puedo acceder, para analizar en una mejor situación si es conveniente la compra de un bien, es de bajo costo, mis intereses económicos e individuales, respecto a la compra de dicho bien, variarán. En este caso, el incumplimiento eficiente nos garantiza que, en realidad, dicha variación termina beneficiando, y no perjudicando, al acreedor de la obligación.

Sin embargo, si bien el Óptimo de Pareto es un indicador de eficiencia, que maximiza los intereses de las partes para una mejor toma decisiones en su ámbito individual, esta ha recibido diversas críticas. Una de ellas ha sido manifestada por Cooter y Ullen, la cual indica:

“(…) esta (eficiencia de Pareto) solo recomienda cambios que mejoren por lo menos la situación de una persona sin empeorar la situación de nadie. Este criterio requiere que los ganadores compensen explícitamente a los perdedores en cualquier cambio. Todo cambio debe ser unánime”.[6]

La eficiencia de Pareto requiere un equilibrio implícito entre los beneficiados y perjudicados. Pero, dicho nivel de eficiencia, además de ser imposible en la práctica, engloba presupuestos erróneos. Sobre todo para su actuación en las celebraciones contractuales. Por ende, un criterio de eficiencia, que goza de mayor legitimidad, es la de Kaldor – Hicks. Este criterio es una versión “mejorada” del Óptimo de Pareto, y requiere lo siguiente:

“(…) se permitan cambios donde hay ganadores y perdedores, pero exige que los ganadores ganen más que lo que pierden los perdedores. Si se satisface esta condición, los ganadores pueden compensar a los perdedores y quedarse todavía con un excedente”[7].

En la teoría del incumplimiento eficiente, lo que, en un comienzo, es un beneficio privado, culmina siendo uno público. Por ende, en teoría, ambas partes salen ganando, sin perjudicar a nadie. Es decir, los ganadores ganan más que lo que pierden los perdedores, debido a que no hay perdedores.

Otro presupuesto de la presente teoría es que los costos de transacción sean nulos, o relativamente bajos, cercanos a cero. Bullard, respecto al tema, indica que “(…) la decisión individual es el mejor mecanismo de asignación de recursos, y ello se ve reflejado en los contratos”[8]. En un contrato se regulan los intereses individuales, sean económicos o de otra índole, cuyo fin es perseguir un objetivo que satisfaga las necesidades de las partes. Para una explicación más clara de por qué en los contratos no hay intromisión de un tercero como el Estado, bastando la propia regulación de las partes sobre sus intereses, Ronald Coase mencionaba que “(…) Si los costos de transacción son iguales a cero, no importa la solución legal adoptada porque igual se llegara a la más eficiente”[9]. El mero sistema contractual nos llevara a la eficiencia, donde las partes son protagonistas principales de sus intereses. Sea una u otra opción, si los costos de, por ejemplo, información y tiempo en un sistema contractual predeterminado son cercanos a cero, las partes llegarán a la solución más eficiente[10]. Y más si esos costos son monetarios. En la teoría del incumplimiento eficiente, se presume que el monto indemnizatorio – el cual sea otorgado al acreedor por incumplimiento contractual – no sobrepase al beneficio hallado por el deudor. Dicho excedente compensará la mejor situación del deudor, que incumplió, y del acreedor que, al fin y al cabo, recibió una mejora económica.

Un tercer presupuesto del incumplimiento eficiente es la previsibilidad del monto indemnizatorio en la celebración del contrato. Para que la presente teoría tenga utilidad en cualquier sistema legal, además de gozar de dichos presupuestos anteriormente mencionados, debe tener la previsibilidad del monto indemnizatorio a embolsar, y siempre debe ser menor a los beneficios esperados por el deudor, en caso de incumplir el contrato. Tal como indica Bullard, “(…) hemos dicho que para que este mecanismo funcione, la indemnización no puede superar los daños causados[11]. La esencia de la presente teoría está en que los montos indemnizatorios no excedan a los beneficios esperados por el deudor. Si es que el acreedor, ante los daños causados por parte del deudor, sobre compensa los dichos, la indemnización a otorgar será mucho más elevada de lo que debiera ser. Ello llevaría no sólo al cumplimiento de la obligación, sino a decir que incumplir sería ineficiente.

Todo lo dicho, anteriormente, puede sonar de manera elefantiásica en la doctrina y la teoría misma. La relación entre el Derecho y la realidad, muchas veces, no van en la misma dirección, y sus distorsiones perjudican mucho más a la segunda. Y ello puede ocurrir con la teoría del presente artículo: incumplir la palabra no sólo varia el interés individual de una parte, sino también de forma colectiva, porque, de una u otra manera, afecta – positiva o negativamente – a la otra parte. Y no es concebible el conocimiento, de dicha parte, de la posible mejora de la parte defraudada en la relación contractual. Y la razón es sencilla: nadie más conoce su beneficio que uno mismo. La parte que opta por incumplir, y se pone en el lugar de la otra parte, asumiendo que su beneficio privado culmina en uno para ambas partes, es una premisa falaz e imaginaria.

Una primera crítica a los presupuestos del incumplimiento eficiente es que vulneraría la seguridad jurídica del acreedor. Como bien se indicó en un punto anterior, la teoría del incumplimiento eficiente contiene un mensaje implícito en su formulación: una parte del contrato imagina el bienestar económico de la otra, haciendo una cuasi-predicción. Pero, en realidad, dicho tópico es inválido, debido a que la autonomía privada no requiere de terceros.

Siguiendo el caso propuesto al comienzo del presente texto, imaginemos la siguiente situación: Marcelo, hace mucho tiempo, había ahorrado para comprarse una casa en el lugar más exclusivo de la ciudad. Dicha oportunidad se presenta cuando Jorge pone en venta su inmueble; sin embargo, al vender el dicho a otro oferente, Marcelo vería truncada sus expectativas. Imaginándonos que, en dicho lugar exclusivo, no hay más inmuebles puestos en venta, ¿Cómo quedarían las expectativas de Marcelo?

Lo dicho puede resumirse en lo siguiente: en realidad el beneficio privado, de la parte que incumple, no necesariamente termina resultando en un beneficio público, debido a que nadie regula mejor sus intereses que uno mismo. Por ende, lo que se estaría generando no es un beneficio público, sino un costo social. A ello Coase lo denomino externalidad[12], que es el “efecto no contratado”[13]. Este puede ser positivo o negativo. En el presente caso, al asignar los costos del incumplimiento a la parte afectada, es negativa. En estos casos, lo consecuente es que se genere una internalización de dichos costos. Es decir, que la parte contractual que generó dichos costos asuma estos, como desincentivo de dicha conducta. Sin embargo, también es menester acotar un punto adicional: la externalidad es recíproca[14]. Ello equivale a decir que la responsabilidad no es objetiva, sino subjetiva. No sólo una parte tiene culpa por el incumplimiento de este contrato, sino ambas partes. Ello, para que la conducta no deseada, de incumplir, no solo sea evitada por una parte, sino por ambas. En este caso, no solo si Jorge no hubiera incumplido el contrato no se hubiera generado el incumplimiento, sino que, si Marcelo hubiera previsto dicha situación, aumentando el monto indemnizatorio, que exceda al beneficio esperado por el deudor, tampoco hubiera surgido el incumplimiento. La externalidad, por ende, es compartida. De tal modo que, si una parte incumple lo prometido, la otra parte – no necesariamente –  saldrá beneficiada. Ello vulneraría, efectivamente, la seguridad jurídica del deudor y sus expectativas. Por ello, como indica Rivera:

(…) si fomentamos el aumento de incumplimientos en nuestro sistema contractual, por razones económicamente eficientes, en principio, la desconfianza, la inseguridad jurídica, la impredictibilidad se asienten (Rivera. 2011: 153)[15]

Como consecuencia de ello, vendría la segunda crítica a la teoría en cuestión. La desconfianza se generalizaría. Las personas actuamos en base a incentivos. Y toda actividad las puede generar, sea de manera positiva o negativa. Es evidente que el acreedor, al ser defraudado por el deudor en el cumplimiento del contrato, tendrá mayores precauciones en futuras celebraciones contractuales. Ahora regulará, de manera más específica, todos los puntos que sean claves para maximizar sus intereses individuales. Este aumentará el monto indemnizatorio, las prevenciones ante el incumplimiento del contrato (laudos arbitrales, por ejemplo), entre otros. Ello se denomina externalidad temporal[16]; es decir, los efectos no contratados, que benefician o perjudican a los sucesores de una actividad. En este caso, tras el incumplimiento del deudor, el acreedor de dicha relación contractual, como acotamos, regulará de manera más específica los futuros contratos. Sin embargo, estas sobrerregulaciones traerán un efecto colateral: mayor onerosidad en los negocios jurídicos. La excesiva onerosidad contractual se entiende como aquellas prestaciones “(…) que hacen que sean difíciles de cumplir, dado que ya no resulta rentable realizarlas”[17].  Es decir, ambas partes tenderán, ante la desconfianza de un posible incumplimiento contractual, a regular de manera indeterminada todo lo que esté al alcance de su autonomía privada. Ello, por la sencilla razón de que el costo de incertidumbre, en las futuras celebraciones contractuales, es altísimo.

Siguiendo dicha línea, la onerosidad complica la obtención de la finalidad del contrato. Tal como indica Córdova:

(…) el incremento de la onerosidad de la prestación por un hecho imprevisible no hace que la misma prestación se vuelva imposible física o jurídicamente de realizar, ya que la prestación siempre se podrá ejecutar, el problema se traduce en que realizar dicha ejecución conlleva mayores costos a los que se había previsto y que se vieron determinados por circunstancias imprevisibles (…)[18].

Las partes perjudicadas – al vivir en un clima de inseguridad jurídica por posibles incumplimientos contractuales por parte del deudor – se ven en la obligación de imponer excesivas cargas contractuales. Ello se podría evaluar con la continuación del ejemplo en mención: Marcelo iniciará sus primeros acercamientos, con algún ofertante, con mayor desconfianza, que harán más difícil la negociación, lo que generará mayores costos de transacción. Al haber mayores regulaciones, los costos mismos de cumplir los determinados puntos del contrato elevarán considerablemente el tiempo y la información. Probablemente, optará por insertar cláusulas mayores que impidan el posible incumplimiento del contrato. Al final, su ejecución terminará siendo más costosa que su beneficio, generando poca fluidez a la celebración de contratos.

Otra crítica hacia los presupuestos del incumplimiento eficiente es el alto costo de incertidumbre, del cual tienen que incurrir las partes defraudadas del incumplimiento contractual (acreedores). Como bien indicamos, los intereses individuales varían, a medida que el costo de información sobre los bienes sean bajos, y su acceso sea alto, para una mejor toma de decisiones. Al ser los intereses cambiantes, los costos en las cuales deben incurrir los acreedores, para fijar dichos intereses, son altísimos, cuasi imposibles. Por ende, los costos de transacción son altos. En este caso, la segunda formulación del Teorema de Coase indica que “(…) si los costos de transacción son mayores a cero, si importa la solución legal para llegar a una solución eficiente”[19]. Si hay altísimos costos de transacción, el contrato per se no solucionará el problema. Debería, como consecuencia, haber una regla legal que simule la solución que hubiera dado el mercado en caso los costos de transacción hubieran sido bajos o cercanos a cero[20]. Dado ello, las personas que incumplen su obligación, estarían obligados a internalizar sus externalidades, como consecuencia de sus intereses individuales cambiantes.

Una última crítica hacia la presente teoría es lo referido al cálculo del monto indemnizatorio, y el fallo en el cual pueden incurrir los tribunales al asignar dicho monto. Es conocible que, en la teoría económica, la norma procesal tiene un fin específico: reducir los costos de error. Posner mencionaba que “(…) El objetivo de un sistema procesal, desde el punto de vista económico, es minimizar (…) el costo de las decisiones judiciales erróneas (…) sin omitir el costo del sistema procesal”[21]. Evidentemente, los principales destinatarios de los fallos erróneos serían las partes de un proceso. En muchas ocasiones, una decisión judicial puede resultar insatisfactoria a una u otra parte. La teoría del incumplimiento eficiente puede conllevar a que los tribunales aumenten, de manera significativa, los costos erróneos de sus fallos judiciales. Saavedra, a propósito de ello, señala que “(…) quizás el problema principal radica en cómo calcular los daños para que estos sean plenamente compensatorios”[22]. El incumplimiento eficiente, tras ello, puede entrar en dos supuestos opuestos: la sobrevaloración y la subvaloración.

La sobrevaloración, tal como indica Bullard, “(…) se origina cuando las Cortes conceden indemnizaciones superiores a los daños efectivamente sufridos”[23]. Como precisa el mencionado autor, dicho supuesto otorga una mayor expectativa económica en torno a los daños sufridos. El principal afectado es el que incumple el contrato. Por ende, en ese caso, lo que, en un comienzo, resultaba siendo un beneficio privado, termina resultando un costo privado, por la simple razón de que la indemnización a otorgar por daños no fue la esperada, y excedió al beneficio que iba a resultar de su incumplimiento. Este supuesto tiene como principal efecto, e incentivo a la vez, el cumplimiento del contrato. Las indemnizaciones – al ser sobrevaloradas respecto a las expectativas dadas – no dejan ningún margen de libertad a los deudores. Por ende, sería ineficaz incumplir contractualmente. Cumplir sería lo más lógico y eficiente, en términos económicos.

Por otro lado, la subvaloración es la otra cara. Tal como indica Bullard, “(…) se origina cuando las Cortes conceden indemnizaciones muy inferiores a los daños realmente sufridos”[24]. Es decir, es todo lo contrario respecto al supuesto anteriormente mencionado: las expectativas que se generan en torno al monto indemnizatorio a desembolsar, desde la perspectiva del acreedor, se ven defraudadas. Este supuesto incentiva a las partes a incumplir los contratos que celebren, dado que los costos de resarcir serán muchos menores a los esperados. De esta manera, no se protegerá debidamente a los acreedores, y su inseguridad jurídica sería mayor.

Quisiera finalizar el presente texto con una pequeña idea. Rothbard decía que todo incumplimiento contractual no era, económicamente, relevante. Solo eran así aquellos donde habían intercambios de titularidades, las cuales solo se podían dar, mayormente, en las prestaciones reciprocas. ¿La razón? Porque incumpliría el óptimo de Pareto: se mejoraría, a costa de la desgracia de otro[25]. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, se intercambia la propiedad sobre el precio, por la propiedad sobre la cosa o el bien en cuestión. Su incumplimiento es relevante y, en términos paretianos, ineficiente. De la misma manera, la teoría del incumplimiento asigna un intercambio de titularidades, y su ineficiencia no sólo es económica, sino jurídica: la defraudación de expectativas. En atención a ello, su eficiencia quedaría de lado y, siguiendo dicha línea, lo más conveniente sería cumplir. Los costos de transacción se elevarían y, como consecuencia de ello, los intereses individuales se verían truncados. El ordenamiento jurídico no lograría su fin ulterior: una convivencia pacífica entre los particulares, tutelando los intereses que merecen juridicidad. Esta teoría todavía es relativamente joven en el ámbito jurídico (específicamente, en el commom law). Si bien el tiempo y la doctrina denotarán su eficacia, no está de más volver a replantear sus presupuestos que, en principio, muestran muchas falencias para el bienestar individual y económico de la persona.


[1] Artículo 1321 del Código Civil.- Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.

Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída.

[2] POSNER, Richard. El análisis económico del derecho. 2007, Segunda edición. México D.F.: Fondo de cultura económica.

[3] DE MANDEVILLE, Bernard. “La fábula de las abejas”. 1670- 1733. O SMITH, Adam. Libro IV. Específicamente: «Cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para cualquier capital que tenga (…) Al orientar esa actividad de modo que produzca un valor máximo, él busca sólo su propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en su propósitos […] Al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo.»

[4] FRIEDMAN, Milton. “El real almuerzo gratis: Mercados y propiedad privada”. En Themis No 46, pág. 341.

[5] BIRMINGHAM, Roberto. “Breach of Contract, Damage Measures, and Economic Efficiency”. Rutgers L. Rev. Connecticut, número 273, pp. 271 – 342. (Traducción hecha por el autor)

[6] COOTER, Robert y Ulen, Thomas. “Derecho y Economía”. 2008. Segunda Edición: Fondo de Cultura Económica.

[7] Ibídem.

[8] BULLARD, Alfredo. “Derecho y Economía: el análisis económico de las instituciones legales”. 2006. Segunda Edición.

[9] COASE, Ronald. “The problem of social cost”. 1960. Journal of Law and Economics. Pp. 1 – 44.

[10] Coase ponía un ejemplo: “Si una industria contamina a un vecindario, y los daños que les causa son mayores a los beneficios que obtiene, posiblemente los vecinos se acercaran a la fábrica a pagarle una cantidad para que deje de contaminarlos. Por el contrario, si los beneficios para la industria son mayores que los danos, probablemente esta les pagara a los vecinos para que se dejen contaminar. Haya o no responsabilidad, las partes llegaran a la solución más eficiente, que será cerrar la fábrica o mantenerla abierta según convenga”. En BULLARD, Alfredo.  “Derecho y Economía: el análisis económico de las instituciones legales”. 2006. Segunda Edición.  Pp. 45.

[11] BULLARD, Alfredo.  “¿Cuándo es bueno incumplir un Contrato? La Teoría del Incumplimiento eficiente: Ejecución forzada vs Pago de Daños”. Ratio Iuris. Lima, 1992, pp 162 – 179.

[12] Ibídem.

[13] Ibídem.

[14] Ibídem.

[15] RIVERA, Gustavo. “Te lo prometo hermano… (pero si no me conviene…): el dilema de la palabra empeñada como valor económico, a propósito de la teoría del incumplimiento eficiente”. Foro Jurídico. Lima, 2011, no. 12, pp. 149 – 156.

[16] Ibídem

[17] CORDOVA, Jesús. “La excesiva onerosidad de la prestación y la cláusula Rebus Sic Stantibus”. RAE Jurisprudencia. Lima, 2008, pp. 99 – 104.

[18] Ibídem.

[19] Ibídem.

[20] Ibídem.

[21] Ibídem.

[22] SAAVEDRA, Renzo. “Obstáculos jurídicos y económicos a la aplicación de la teoría del incumplimiento eficiente: ¿un irritante jurídico o una figura de aplicación imposible?”. En Revista Themis. Lima, 2010, no. 58, pp. 247 – 276.

[23] BULLARD, Alfredo. “La teoría del incumplimiento eficiente. Un breve análisis desde el ojo crítico de Alfredo Bullard”. Enfoque Derecho-Themis. Lima, 16 de setiembre de 2012. <http://enfoquederecho.com/la-teoria-del-incumplimiento-eficiente-un-breve-analisis-desde-el-ojo-critico-de-alfredo-bullard-gonzalez/>

[24] Ibídem.

[25] GHERSI, Enrique. “La teoría de los contratos”. < https://www.youtube.com/watch?v=ttfYq3IiAUM>

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here