La disposición del cuerpo post mortem en el contexto de la emergencia sanitaria: el hermetismo de los centros de salud sobre el paradero de los cadáveres | Sayra Gálvez

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*Escrito por Sayra Gálvez, comisionada de IUS 360°

Introducción

A raíz de la situación actual de la pandemia a propósito de los fallecidos que tal enfermedad origina, se han denunciado casos sobre establecimientos de salud que no comunican sobre el paradero del cadáver; de este modo, estos hospitales están desacatando el artículo 10 del Código Civil: «(…) No procede la disposición [de cadáveres] si existe oposición de éstos [los deudos], manifestada dentro del plazo, circunstancias y responsabilidades que fija la ley de la materia». Lo anterior indica que la disposición solo es posible si se cuenta con la debida autorización por parte de los deudos. Si ello es denegado, los hospitales están en la obligación de entregar los cadáveres a los familiares.

En este sentido, teniendo en cuenta que la categoría seleccionada es la disposición jurídica del cadáver, se abarcará este problema de la realidad actual con artículos de otros abogados (doctrina). Al mismo tiempo, se propondrán posibles soluciones para prevenir cualquier desnaturalización del artículo, con la finalidad de evitar que estos casos sigan presentándose en este contexto de emergencia nacional.

Desarrollo

Desde su nacimiento hasta su posterior deceso, los seres humanos somos centros de imputación jurídica, es decir, tenemos tanto derechos como deberes que son otorgados por el ordenamiento; podemos formar relaciones jurídicas con otras personas, entre otros más. Sin embargo, a raíz de su fallecimiento, una de las mayores cuestiones se presenta con la disposición jurídica del cadáver, nuestra categoría a analizar. Partiendo de este punto, Moya (2014) sostiene que gran parte de la comunidad internacional trabaja constantemente para sancionar la comercialización, así como el tráfico de órganos humanos (p. 89)[1]. Si bien se reconoce los esfuerzos de los gobiernos para erradicar aquel problema, la disposición del cuerpo post mortem no puede enfocarse solo en tal contexto, su esfera de protección debe ser más amplia. Algunos juristas respaldan y apoyan las legislaciones y normativa realizadas por las autoridades gubernamentales para la prohibición del tráfico de órganos, pues coinciden que el cadáver no es objeto susceptible de valor comercial, con lo cual estamos de acuerdo.

No obstante, se resalta que su disposición jurídica necesita ser analizada no solo desde una perspectiva económica, sino también moral y ética con el propósito de salvaguardar su condición especial. Navarro (2012) indica que el cadáver es un elemento único, sin un semejante con el que pueda compararse, ello se debe a que contiene la dignidad de su vida vivida; y, al mismo tiempo, es una muestra de la finitud vital (pp. 114-115)[2]. Por ende, se destaca que este tópico presenta las particularidades de ser uno novedoso y especial, porque no se cuenta con un ejemplo similar con el cual se pueda relacionar.

Asimismo, aun cuando el artículo 61 del Código Civil señala que la muerte pone fin a la persona, una de sus limitaciones es el no detallar las consecuencias jurídicas a raíz de aquel suceso. Evidentemente, pese a que ello apertura los derechos sucesorios, en ninguna parte de aquel dispositivo legal se indica el estatus jurídico del cadáver de forma expresa. Si bien se logra inferir que, al momento de fallecer ya no se puede referir a la persona como tal, pues ha dejado de ser un centro de imputación jurídica, es aquí donde el término “objeto de derecho” suele posicionarse como el ideal para describir este escenario. A pesar de ello, aquella denominación otorgada al cadáver no ha surgido propiamente de la legislación ni de la jurisprudencia, sino más bien de la doctrina.

Así, pese a que aquella brinda diferentes y, en algunos casos, muy útiles argumentos para una eventual ley, debe mencionarse que las diversas posturas no logran un consenso en cuanto a otorgar una clasificación universal y única al cadáver. Al mismo tiempo, mientras tales propuestas no sean tomadas en consideración por parte de los legisladores, los cambios esperados no se efectuarán. Ghersi (2010) afirma que la doctrina es una fuente del Derecho secundaria, la cual no posee carácter vinculante (p. 13)[3]. Entonces, sin ánimos de cuestionar su importancia, se resalta que la doctrina no puede realizar modificaciones en el ordenamiento jurídico. A diferencia de las primarias como lo son la Constitución, las normas con rango de ley, entre otras más que sí poseen aquella característica.

Por esta razón, a falta de una regulación, existe la posibilidad de que algunos declaren lo siguiente: el cadáver es solamente una cosa, al no tener los mismos derechos que una persona viva sí tiene. El problema con esta última afirmación es que aun cuando el cadáver ya no cuente con aquellos derechos al perder su estatus de centro de imputación jurídica. No puede dejarse de lado que “el cadáver es un objeto de derecho especial, digno de la más amplia protección, respeto y piedad” (Varsi, 2014, p. 962)[4]. Por consiguiente, aunque actualmente no se disponga de una normativa para regular esta materia, ello no implica que se deba permitir vulneraciones en cuanto a la disposición del cadáver. En este sentido, si bien este tópico es uno de las más complejos para desarrollar, debido a la particularidad misma del cadáver como objeto de derecho especial, debe expresarse la urgencia para contar con una regulación sobre su disposición jurídica.

A continuación, luego de concluir con el apartado referido al estado de la cuestión de la disposición jurídica del cadáver, se analizará cómo esta categoría se encuentra afectada dentro del contexto de emergencia nacional.

Debido a los casos en aumento de COVID-19, los centros de salud reciben pacientes en condiciones críticas diariamente, algunos de ellos fallecen por complicaciones de la enfermedad. La problemática se presenta cuando un familiar acude para el respectivo recojo del cadáver con la finalidad de que sea enterrado o cremado. Sin embargo, una vez allí le informan que el cadáver se ha perdido o no se encuentra dentro de la lista de fallecidos o terminan entregando el cuerpo equivocado.

De esta manera, se presentan inconvenientes en la entrega del cadáver a los respectivos deudos, pues no son comunicados sobre el paradero de este último. Como indica el artículo 10 del Código Civil, la disposición del mismo por el jefe del hospital o el servicio de necropsias solo se realiza con una autorización de los familiares. Si bien es cierto que estos establecimientos pueden disponer de los cadáveres, esto solo se efectúa con el fin de para preservar la vida humana, es decir, el trasplante de órganos para salvar vidas. Aunque es importante mencionar que ello ya no puede realizarse por el nivel de transmisión de la enfermedad de personas que han fallecido a causa de la misma. Por ello, se observa que tales entidades pretenden alterar lo indicado por el artículo 10.

De esta forma, a partir de las denuncias sobre las pérdidas o equivocaciones en la entrega de los cadáveres se evidencia la desatención en cuanto al cuidado del cuerpo humano post mortem. Debido a esto, es necesario recalcar la errónea interpretación o idea que ciertas ocasiones pueden concebirse sobre la disposición jurídica del cadáver. En efecto, como se fundamentó, por el hecho de que una persona fallezca, esto no significa que se convierte en un simple objeto. Ortega-Ruiz y Ducuara (2019) señalan que, si bien el cadáver no cuenta con esencia vital, a este se le debe brindar protección, así como reconocer una permanencia en la realidad (p. 75)[5]. En otras palabras, aun cuando la persona natural fallezca, y; por ende, ya no sea un sujeto de derecho como tal, el cadáver no puede ser desatendido.

Por ejemplo, en cuanto a los mecanismos para su necesario resguardo se puede considerar los artículos 8, 10 y 13 del Código Civil que versan sobre la disposición del cuerpo pos mortem, disposición del cadáver por la entidad competente y los actos funerarios, respectivamente. Así también, debe tomarse en cuenta la Directiva Sanitaria N°087-2020 referente al manejo de cadáveres aprobada por el Ministerio de Salud (Minsa) por medio de su Resolución Ministerial N°100-2020. El objeto principal de tal norma es prevenir el contagio del COVID-19 por medio de los cadáveres a la población; al mismo tiempo, instruye sobre el procedimiento adecuado para su respectivo recojo y manejo en esta coyuntura. A partir de ello, puede expresarse que, los dispositivos legales para la protección de los cadáveres por parte de las autoridades estatales se cumplen. No obstante, tomando como base las denuncias realizadas, aquel resguardo de tales entidades se presenta de manera limitada.

Por otro lado, en cuanto a la permanencia en la realidad citada anteriormente, se puede destacar los efectos posteriores al deceso de la persona como, por ejemplo, las aperturas de las sucesiones, daño a la memora del difunto, entre otros. Por consiguiente, no puede dejarse de lado que tales circunstancias permiten enfatizar que el fallecimiento de una persona no implica una total desvinculación u olvido con la misma, sino más bien aquella sigue siendo tomado en consideración por la sociedad. De esta forma, luego de su deceso, su continuidad en la realidad perdura, siendo ello respaldado por las actividades señaladas. De ahí que, no se pueda aceptar interpretaciones que señalen al cadáver como una cosa, cuando, en realidad, es un objeto de derecho especial, que necesita ser considerado como tal por el sistema jurídico.

No obstante, los ejemplos brindados en el párrafo anterior no impiden que en ciertos escenarios se presente la posibilidad de que, según Mendoza (2013), un sujeto de derecho pueda desplegar su poder jurídico sobre el cadáver; aunque, ello debe efectuarse teniendo en cuenta que tal acción tiene límites por la valoración social especial del cadáver (pp. 56-57)[6]. De esta manera, centrándonos en las denuncias, si bien es cierto que por la coyuntura actual muchas personas terminan falleciendo rápidamente, a su vez, considerando el hecho de que las condiciones de los hospitales empeoran conforme la situación se agrava. Ello no da lugar ni justificación para que cuando el familiar acuda al establecimiento de salud, este sea informado que el cuerpo de su pariente no se encuentre o se haya perdido entre otros cuerpos. Un ejemplo de lo mencionado es la denuncia de “Amalia”, quien relató cómo le obligaron a que abriera bolsas de cadáveres para buscar a su madre fallecida (El Comercio 2020)[7]. De esta forma, a pesar de que los hospitales deben seguir los protocolos exigidos por el Minsa para el manejo de los cadáveres y su respectiva identificación, ello no se cumple en la práctica.

Por consiguiente, se denota un intento de desvirtuar la protección existente hacia el cadáver, así como de las medidas para regular esta materia en específico contra el artículo 10. Esta norma indica que la disposición del cadáver por la entidad competente debe ser autorizado con un permiso previo de los deudos. Sin embargo, como se aprecia, aun cuando el asentimiento de la familia nunca hubiese existido, el establecimiento de salud aún conserva los cuerpos de los fallecidos. Así estos se encuentren extraviados, ellos son los responsables directos de su manejo tal cual lo estableció el Minsa por medio de la directiva citada previamente. De este modo, es relevante recalcar que, a pesar de las reiterativas denuncias por parte de los deudos sobre esta irregularidad dentro de los hospitales, las autoridades estatales no se pronuncian sobre el tema ni brindan apoyo a los afectados.

Asimismo, a pesar de que la Disposición Sanitaria N°087-2020 tiene como objeto el adecuado manejo de los cadáveres en este contexto de emergencia, la premura para su aprobación como una de las medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19 es un factor que evidencia su ineficacia para regular la disposición jurídica del cadáver. De este modo, si bien se experimenta una situación sin precedentes y otros problemas como, por ejemplo, el colapso de los establecimientos de salud, insuficiente presupuesto, entre otros más; debe enfatizarse que la categoría de objeto de derecho especial del cadáver no puede ser desconocido. Dicho de otro modo, aun cuando este sea un evento excepcional, la condición única otorgada al cuerpo post mortem necesita ser valorada y puesta en práctica.

Por otro lado, como se mencionó, el estudio doctrinario de la materia ha permitido construir las bases sobre la protección del cadáver como un objeto de derecho especial sin semejante en el ordenamiento. No obstante, es importante recalcar que, si bien la jurisprudencia no realiza la misma acción anterior, defiende el resguardo del mismo. De acuerdo a la sentencia N°0256-2003, se especifica que la retención del cadáver constituye un ilegítimo impedimento del ejercicio de la libertad de culto, el cual se encuentra dentro del derecho a la integridad personal. De esta manera, aunque el caso se sitúa en un contexto normal y a primera vista no pueda percibirse una relación directa, se resalta que tal hecho denunciado sobre la retención del cuerpo atenta con uno de los derechos fundamentales (artículo 2.3 de la Constitución), el cual es salvaguardado incluso después del fallecimiento. Así, por ejemplo, esto también es aplicable a los casos sobre el daño a la memoria del difunto, siendo este resguardado por el derecho al honor y reputación (artículo 2.7 de la Carta Magna).

Aunque expresamente no se especifique la condición de objeto de derecho especial del cadáver dentro del ordenamiento, el cuerpo post mortem es digno de protección. Por este motivo, su disposición jurídica en este contexto es un tópico relevante de discutir, pues las denuncias realizadas por los familiares demuestran que la afirmación no se ha respetado. De acuerdo a Boris et al., una forma de daño hacia la persona fallecida es el invalidar sus intereses, así como sus deseos expresados en vida (2018: 60)[8]. Sin embargo, se observa que, cuando un pariente desea recoger el cuerpo para su respectiva sepultura le informan que este se ha perdido o ya no se encuentra dentro del recinto. Por ejemplo, Edith Osorio denuncia que el hospital “Dos de Mayo” no le entrega el cadáver de su padre. Ella ya había suscrito un contrato para que una funeraria retire y entierre el cuerpo, pues este era el deseo del fallecido (RPP 2020)[9]. Así pues, las denuncias de los deudos no solo demuestran la desatención y falta de cuidado por parte de los jefes de los establecimientos de salud con respecto a los cadáveres, sino también el atropello al deseo realizado en vida.

Por tales razones, si bien se comprende que, de por sí, el problema no solo proviene de los directores encargados, sino también del mismo gobierno por no haber mejorado el sistema de salud nacional, el cual ya es precario desde hace años atrás. No puede dejarse de lado dos cuestiones: primero, el hecho de que la falta de información sobre el paradero del cuerpo a los familiares, así como su ilegal retención por parte de estos centros de salud aún persista. Segundo, la desnaturalización del objetivo principal que el artículo 10 originalmente persigue: la disposición regulativa en casos de trasplante de órganos autorizados por los deudos.

En este sentido, es urgente la intervención estatal en apoyo de los afectados. Mientras se espera por una eventual aprobación de una regulación específica, es indispensable que desde ahora se pueda formular posibles medidas sancionadoras para tales prácticas. Debido a que, aun cuando nos encontramos en una situación excepcional, ello no significa que se puedan ignorar los derechos ni la condición de objeto de derecho especial asignada al cadáver. Así pues, destaca la necesidad de una pronta legislación sobre la materia en cuestión a fin de evitar que estos hechos denunciados sigan presentándose, ello debe convertirse en uno de los objetivos a corto plazo de las autoridades correspondientes.

Por consiguiente, con el propósito de proponer posibles soluciones a esta problemática, el Minsa, una de las instituciones directamente involucradas, puede mejorar la citada directiva desde la cual los centros de salud parten para proceder con el manejo de cadáveres. Para esto, con fines de optimizar aquella acción convendría contar con el apoyo del Ejecutivo, así como de los demás ministerios para sobresalientes resultados. Al mismo tiempo, ello necesita ser reforzado por otros actores como el Congreso de la República, el cual tiene la atribución de dar leyes y resoluciones legislativas (artículo 102.1 de la Constitución). De este modo, con el apoyo de expertos e intensos debates, tal poder del Estado también puede brindar procedimientos dirigidos a la correcta disposición del cadáver. De esta forma, conforme estos entes estatales trabajen conjuntamente, se logrará consolidar la condición de objeto de derecho especial del cuerpo del fallecido en nuestra sociedad; además, se contarán los dispositivos legales adecuados para que esto sea cumplido.

Conclusiones

Las diversas interpretaciones como el declarar que el cadáver es solo una cosa, o que su campo de protección se limite solamente al aspecto económico, sin tomar en consideración su valoración social se debe al hecho de no contar con una referencia expresa de su condición como objeto de derecho especial dentro del ordenamiento jurídico. A pesar de ello, lo anterior es construido a partir de los escritos e investigaciones de juristas, es decir, el estudio doctrinario, el cual nos ha servido para el análisis del estado de la materia en cuestión.

Asimismo, se rescatan los artículos 8, 10, 13 del Código Civil y la Disposición Sanitaria N°087-2020 del Minsa, los cuales dan especificaciones para la disposición del cadáver. Sin embargo, tales normativas son ineficaces para impedir que los casos denunciados por los familiares sigan sucediendo dentro de los hospitales. Al mismo tiempo, debe resaltarse el hecho de que el objeto del artículo 10 ha sido tergiversado, pues la disposición del cuerpo post mortem por la entidad competente solo procede con permiso de la familia, ello no puede ser decidido unilateralmente.

Por esta razón, se recalca que la presente falta de pronunciamiento por parte de las autoridades sobre el problema debe acabar, debido a que esto agrava la situación y tiene como resultado que estas transgresiones continúen realizándose. Por ello, no puede dejarse de lado la necesidad de formular lo más pronto posible una legislación correctamente estructurada para impedir que aquellas situaciones vuelvan a repetirse.

En conclusión, la situación extraordinaria de la pandemia y la particularidad de la materia en cuestión son factores que nos permite comprender el por qué no se han formulado los procedimientos necesarios para asegurarse que tales pérdidas, retenciones y desinformación sobre los paraderos de los cadáveres no sucediesen dentro de los establecimientos de salud. Por lo tanto, se solicita mayores esfuerzos de las entidades gubernamentales para resolver este problema.

*Sobre la autora: estudiante de Derecho de la PUCP y miembro de la asociación civil IUS ET VERITAS. 

Imagen obtenida de: http://stereovilla.pe/hospital-de-emergencia-de-villa-el-salvador/


[1] Moya, C. (2014). El tráfico de órganos humanos: Estudio de su sanción en la legislación chilena y española. Revista de Estudios Jurídica. (30), 87-111. Recuperado el 10 de julio de http://web.derecho.uchile.cl/cej/rej20/MOYA.pdf

[2] Navarro, J. (2012). Los derechos personalísimos. En Análisis del proyecto de nuevo Código Civil y Comercial 2012. Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 107-116. Recuperado el 9 de julio del 2020 de http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/01/Doctrina501.pdf

[3] Varsi, E. (2014). El fin de la persona. Tratado de derecho de las personas. Lima: Universidad de Lima. Recuperado el 9 de julio del 2020 de http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/5355/Varsi_Tratado_derecho_personas.pdf?sequence=3&isAllowed=y

[4] Ghersi, E. (2014). El carácter competitivo de las fuentes del derecho. Revista de Economía y Derecho. 7(28), 45-61. Recuperado el 8 de julio del 2020 de https://revistas.upc.edu.pe/index.php/economia/article/view/254

[5] Ortega-Ruiz, L. & Ducuara, S. (2019). El cadáver humano y su incidencia jurídica. Revista Verba Iuris. 14 (42), 73-98. Recuperado el 6 de julio del 2020 de https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/verbaiuris/article/view/5660/5272

[6] Mendoza, M. (2013). Apuntes sobre la naturaleza jurídica del cadáver: Análisis de las diversas teorías y la posición que asume el ordenamiento jurídico peruano frente a estas. Revista Foro Jurídico. (12), 51-61. Recuperado el 3 de julio del 2020 de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13800/14424

[7] El Comercio.(2020). Deudos buscan a cadáveres de familiares entre los fallecidos por COVID-19 en hospital Cayetano Heredia. Lima: El Comercio. Recuperado el 1 de julio del 2020 de https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-peru-deudos-buscan-a-cadaveres-de-familiares-entre-los-fallecidos-por-covid-19-en-hospital-cayetano-heredia-nndc-noticia/

[8] Boris, Julián et. al. (2018). Necroética: el cuerpo muerto y su dignidad póstuma. Repertorio de Medicina y Cirugía. Bogotá: Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – FUCS, 27(1), 55-64. Recuperado el 14 de julio del 2020 de https://www.fucsalud.edu.co/sites/default/files/2018-07/Reflexion-Necroetica-cuerpo-muerto.pdf

[9] Radio Programas del Perú (RPP).(2020). Familia denuncia la desaparición del cadáver de un hombre fallecido por coronavirus. Lima: RPP Noticias. Recuperado el 12 de julio del 2020 de https://rpp.pe/lima/actualidad/coronavirus-rimac-familia-denuncia-la-desaparicion-del-cadaver-de-un-hombre-fallecido-por-la-covid-19-noticia-1265994?ref=rpp

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