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(*) Escrito por Hugo R. Gómez Apac

 

I. Introducción

Mediante la Resolución 0036-2025/SDC-INDECOPI del 18 de febrero de 2025, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC) del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó a un comerciante por utilizar de manera indebida y abusiva el sistema de propiedad industrial contra su competidor. No falsificó productos ni engañó a los consumidores: presentó dos solicitudes de registro de marca, una acción de cancelación por falta de uso y una oposición; actos que, vistos uno por uno, son el ejercicio regular de un derecho. ¿Cómo puede ser desleal aquello que la ley permite? Pues porque el ordenamiento no ampara el abuso del derecho, y porque la autoridad de represión de la competencia desleal no examina cada procedimiento aislado, sino el conjunto y la finalidad que los une.

 

II. La Constitución y el Código Civil prohíben el abuso del derecho

El artículo 103 de la Constitución Política del Perú dispone que «[l]a Constitución no ampara el abuso del derecho», y el artículo I del Título Preliminar del Código Civil, que «[l]a ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho». El abuso supone el ejercicio irregular del derecho o contrario a su finalidad, que causa un daño a otro. En tu casa, tú puedes escuchar la música que desees; es tu derecho, pero si lo haces a alto volumen y a toda hora, estás abusando de él y tus vecinos tienen el derecho de reclamarte.

En competencia desleal, la ilicitud se aprecia si el acto es contrario a la buena fe empresarial. Esa buena fe exige competir por méritos (eficiencia económica). La cláusula general —contenida en el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal (LRCD)— reprime, como ha dicho la SDC, los actos que buscan mejorar el posicionamiento en el mercado «por medios distintos a la eficiencia económica» (Nota 1).

 

III. Los derechos de acción y de petición no son absolutos

La Constitución reconoce el derecho de petición (numeral 20 del artículo 2) y la tutela jurisdiccional (numeral 3 del artículo 139). Pero, como señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), estos derechos «no son absolutos ni ilimitados. Los ordenamientos también reprochan el ejercicio abusivo o irregular de tales derechos» (Nota 2).

La regla general es la libertad de litigar: perder una oposición no convierte a nadie en infractor. Sin embargo, una cosa es pedir algo a la autoridad para obtenerlo y otra muy distinta utilizar los procedimientos como instrumento para imponer costos a un competidor.

 

IV. El abuso de procesos legales como modalidad de abuso de posición de dominio

4.1. La doctrina Noerr-Pennington y la sham exception

En los Estados Unidos de América, la doctrina Noerr-Pennington, surgida de Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc. (1961) y United Mine Workers of America v. Pennington (1965), exime de la legislación antimonopolio el ejercicio del derecho de petición. Pero ya en Noerr se reconoció la excepción por simulación (sham exception): si la petición es una fachada para interferir directamente en los negocios de un competidor, es sancionable. En California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited (1972) se añadió que un patrón de demandas infundadas y repetitivas revela un abuso de los procesos (Nota 3). El predador no necesita ganar; le basta con retrasar. En el Perú, el literal f) del numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (LRCA) tipifica esta conducta como abuso de posición de dominio.

4.2. El proceso 02-IP-2019: el caso Pfizer

En el proceso 02-IP-2019, el TJCA precisó que la litigación predatoria comprende el ejercicio abusivo de acciones vinculadas a derechos de propiedad industrial (párrafo 6.28). Explicó que el efecto exclusorio no deriva de la eficiencia, sino «del costo de defenderse del proceso administrativo o judicial» (párrafo 6.19), y fijó el método: la autoridad de competencia «no necesita evaluar el fundamento de cada acción legal (que probablemente lo tenga), sino que debe indagar sobre la intención detrás del conjunto de todas las acciones legales» (párrafo 7.11, literal g).

 

V. El abuso de procesos legales como modalidad de acto de competencia desleal

El abuso de procesos legales como acto de competencia desleal fue reconocido por el Indecopi desde hace buen tiempo, pero un caso emblemático es el de Willy Busch: la Resolución 0858-2013/SDC-INDECOPI del 24 de mayo de 2013.

Si quien abusa no tiene posición de dominio, la conducta se reprime mediante la cláusula general de la LRCD. Así lo estableció la SDC en el caso Industrias Willy Busch S.A. contra Filtros Lys S.A., en el que se denunciaron, entre otras conductas, oposiciones marcarias sin argumentos sólidos. La Sala definió el abuso de procesos como la estrategia de iniciar procedimientos legales destinados a impedir, retrasar o encarecer el acceso o la permanencia de los competidores en el mercado, y deslindó competencias: la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) conoce estos casos cuando el denunciado carece de posición de dominio; si la tiene, el caso corresponde a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia al amparo de la LRCA (Nota 4).

Resulta pertinente distinguir dos métodos. En Willy Busch, siguiendo la Resolución 1351-2011/SC1-INDECOPI, la SDC señaló que lo primordial es verificar si existe un fundamento objetivo, esto es, una expectativa razonable de triunfo; si la pretensión está legítimamente sustentada, debería descartarse un ejercicio ilegítimo de los derechos de acción y petición (numerales 124 y 125). Ese examen, acción por acción, es apropiado cuando se cuestiona un único procedimiento. Cuando se trata de una pluralidad de actuaciones, en cambio, resulta más apropiado el enfoque del TJCA, que atiende a la finalidad del conjunto de las acciones articuladas por la denunciada sin necesidad de evaluar el fundamento de cada acción (párrafo 7.11, literales b, c y g). Es este segundo enfoque, como se verá, el que aplicó la SDC en el caso Kitchen Beat.

 

VI. El abuso de procedimientos marcarios como acto de competencia desleal

6.1. El caso Kitchen Beat: Resolución 0036-2025/SDC-INDECOPI del 18 de febrero de 2025

Kitchen Beat S.A.C. y el señor Antonio Devis Botella competían desde 2013 en la importación y venta en Lima de jamones, quesos y vinos españoles, cada uno con su propio signo: Kitchen Beat, con la marca «Selectos ibéricos. Abacería Española», registrada en 2016 para servicios de restaurante; el señor Devis, con el nombre comercial «La Bodega Ibérica» y una marca propia registrada en 2013.

6.2. Explicación del caso

En 2021, el señor Devis solicitó dos veces el registro del signo idéntico de su competidor (en febrero, para productos de la clase 29, y en agosto, para servicios de la clase 43); en abril, pidió la cancelación por falta de uso de la marca de Kitchen Beat; y se opuso a la solicitud que Kitchen Beat había presentado en julio para registrar su signo en la clase 29. Todas sus actuaciones fueron finalmente desestimadas mediante decisiones emitidas entre 2022 y 2023 (Nota 5). Pero, entretanto, un franquiciado de Kitchen Beat resolvió su contrato por la incertidumbre sobre la titularidad de la marca.

La CCD declaró infundada la denuncia tras analizar cada acción por separado: las solicitudes eran un uso válido del derecho a pedir un registro; la cancelación y la oposición, el ejercicio legítimo de derechos previstos en la Decisión 486. La SDC revocó (Resolución 0036-2025/SDC-INDECOPI). Sin evaluar la registrabilidad de los signos, que corresponde a la autoridad de propiedad intelectual (párrafo 15), examinó el conjunto y concluyó lo siguiente:

«…en el caso concreto se trató de actuaciones que —analizadas de modo integral— no guardan coherencia con la búsqueda de mejora del respectivo posicionamiento en el mercado sobre la base de una competencia por méritos» (párrafo 35).

La Sala impuso una multa de 1,79 UIT, ordenó el cese del ejercicio abusivo del sistema de propiedad industrial y condenó al señor Devis al pago de las costas y costos. La multa es baja; el mensaje no lo es. El criterio, además, se reiteró en la Resolución 0123-2025/SDC-INDECOPI del 3 de junio de 2025 (caso Viskosil), que sancionó a otra empresa por solicitar registros de signos semejantes a los de su competidor.

 

VII. ¿Quién está en mejor posición para corregir estos abusos: la Comisión de Signos Distintivos o la CCD?

7.1. La CCD ve el bosque; la Comisión de Signos Distintivos ve el árbol

Cuando el denunciado carece de posición de dominio, es la CCD la que está en mejor posición para corregir tales abusos. La razón es estructural. La Comisión de Signos Distintivos (CSD) resuelve expedientes, y en cada uno se pregunta si el signo es registrable, si hay riesgo de confusión, si se acreditó el uso, si el registro es válido: ve el árbol, y lo ve bien. Pero no está llamada a ver el bosque. En materia de abuso de posición de dominio, el TJCA delimitó competencias: la litigación predatoria basada en acciones de propiedad industrial «es un asunto de competencia de la autoridad de defensa de la libre competencia (…), no de la autoridad de propiedad industrial» (párrafo 6.30). Este razonamiento es replicable en el ámbito de la represión de la competencia desleal, en línea con el deslinde efectuado por la SDC en Willy Busch (párrafos 128 a 130). Es cierto que el artículo 137 de la Decisión 486 permite denegar un registro solicitado para perpetrar un acto de competencia desleal, pero esa herramienta opera dentro de un expediente: no sanciona ni ordena el cese de una estrategia (una pluralidad de acciones).

7.2. La CSD resuelve casos; la CCD aprecia una pluralidad de casos como un solo acto (análisis de modo integral)

El caso Kitchen Beat lo demuestra. Los cuatro expedientes que tramitó la CSD se resolvieron por separado, en fechas distintas. En uno, la CSD concedió inicialmente el registro al señor Devis; en otro, canceló inicialmente la marca de Kitchen Beat. Aunque en esos expedientes podían valorarse indicios de una finalidad desleal, su objeto no era sancionar la estrategia conjunta como una infracción a la cláusula general de la LRCD. La CCD, en cambio, puede tomar los expedientes de registro, oposición, cancelación y nulidad como hechos de una sola conducta y analizar la estrategia en su conjunto: de modo integral. Eso sí, debe ejercer su competencia con el método correcto: en este caso, fue la SDC la que miró el bosque.

Desde la mirada de la fiscalización ambiental, lo relevante es la finalidad, pero para ello hay que elevarse y ver el bosque. Como dijo acertadamente la SDC, el abuso de procesos legales:

«…consiste en la manipulación del poder estatal por parte de un agente económico mediante la utilización indebida de los procesos y/o procedimientos a cargo de las autoridades (como el sistema del registro marcario) con el fin de entorpecer la actividad comercial de otros agentes económicos, obstaculizando, de esta forma, su normal concurrencia en el mercado…» (párrafo 9).

 

VIII. Conclusiones

1. La Constitución y el Código Civil no amparan el abuso del derecho. Los derechos de acción y de petición tampoco protegen su ejercicio abusivo contra un competidor.

2. Con posición de dominio, el abuso de procesos legales es una modalidad de abuso de posición de dominio —litigación predatoria—; sin ella, es un acto de competencia desleal reprimible mediante la cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

3. El caso Kitchen Beat confirma que solicitudes de registro, de oposición, de cancelación o de nulidad del registro marcario, analizadas de modo integral, pueden constituir un acto de competencia desleal.

4. Cuando el denunciado carece de posición de dominio, la autoridad de represión de la competencia desleal es la competente para examinar y sancionar el abuso de procedimientos marcarios como infracción a la cláusula general: ve el bosque, no solo el árbol.

5. La autoridad de fiscalización de la competencia desleal no tiene que verificar si el signo distintivo es registrable, si la oposición tiene fundamento, si la marca se usó en el mercado o si el registro marcario es nulo. Lo que tiene que determinar es si la pluralidad de acciones de propiedad industrial articuladas por el agente denunciado tiene o no la finalidad de entorpecer la actividad económica de su competidor.


(*) Sobre el autor: Hugo R. Gómez Apac es socio fundador y gerente general de la firma Gómez Apac & Co. – Legal & Economic Advisory. Abogado titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho de Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y admitido en el Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de La Coruña (España). Especialista en derecho administrativo, ambiental, comunitario andino, constitucional (económico), del consumidor, de la competencia y de la propiedad intelectual.


– Notas –

Nota 1: Resolución 0036-2025/SDC-INDECOPI, párrafo 8.

Nota 2: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2020), párrafo 6.6.

Nota 3: Gómez Apac (2026, pp. 79-80 y 127-128).

Nota 4: Resolución 0858-2013/SDC-INDECOPI, numerales 123 y 128 a 130. Esta modalidad figura también en Indecopi (2022, pp. 8-9).

Nota 5: Resolución 0036-2025/SDC-INDECOPI, párrafos 25 y 26 y notas a pie de página 32 a 35.


– Referencias –

Gómez Apac, H. R. (2026). Derecho de la competencia. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Indecopi, Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. (2022). Lineamientos sobre competencia desleal y publicidad comercial (Resolución 001-2022-LIN-CCD/INDECOPI).

Indecopi, Sala Especializada en Defensa de la Competencia. (2013). Resolución 0858- 2013/SDC-INDECOPI (Expediente 036-2011/CCD).

Indecopi, Sala Especializada en Defensa de la Competencia. (2025a). Resolución 0036-2025/SDC-INDECOPI (Expediente 0125-2023/CCD).

Indecopi, Sala Especializada en Defensa de la Competencia. (2025b). Resolución 0123-2025/SDC-INDECOPI (Expediente 0115-2023/CCD).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2020). Interpretación prejudicial del proceso 02-IP-2019. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 4126.

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