¿Qué le espera al agresor de Arlette Contreras?

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Escrito por Zamira Serrano, comisionada de IUS360

Esta mañana, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte admitió, con efectos suspensivos, el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico, el abogado defensor del imputado y la parte civil en contra de la resolución judicial que condenó a Adriano Pozo Arias a 11 años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de 20 mil soles por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Arlette Contreras.

Recordemos que tanto el Ministerio Público como Arlette Contreras estaban disconformes con dicha resolución, pues consideraban que la pena debía ser mayor (19 años y no 11 como estableció la sentencia) y que absolver a Pozo por el delito de violación sexual en grado de tentativa, en palabras de Arlette, calificaba como “violencia institucional”. Con esta misma indignación, Arlette se pronunció en contra de que la admisión del recurso se haya formalizado con efectos suspensivos, pues ello trae como consecuencia inmediata la suspensión de la ejecución de la condena y, por ende, la orden de captura en contra de su agresor queda sin efecto.

Desde el punto de vista jurídico, la decisión parece gozar de legalidad, puesto que, tal como se precisa en el Acuerdo Plenario N° 10-2009/CJ-116, “si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el Juez Penal, interpuesto el recurso, según lo autoriza el artículo 402°.2 NCPP [Nuevo Código Procesal Penal], podrá optar por su inmediata ejecución o por imponer alguna restricción de las previstas en el artículo 288° NCPP”. En otras palabras, mientras que se resuelve el recurso, el Juez penal puede suspender la ejecución provisional de la sentencia con pena privativa de la libertad efectiva, si las circunstancias del caso lo ameritan.

No obstante, una decisión en ese sentido debería ser extraordinaria o excepcional, ya que por regla el inciso 1 del art. 402 y 412 del NCPP determinan que las penas impuestas en las sentencias deben ejecutarse provisionalmente, aunque se interponga recurso contra ellas, salvo los casos en que la pena sea de multa o limitativa de derechos. En efecto, solo en estos últimos casos el recurso produce la suspensión inmediata de la sentencia. Además, esta interpretación concuerda con el inciso 2 del art. 418 del NCPP, el cual indica que “si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de la libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente”.

Entonces, si bien el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte cuenta con la posibilidad de admitir el recurso de apelación con efectos suspensivos, posibilidad extraordinaria a la regla de la ejecución provisional de las sentencias condenatorias, tal decisión requiere una debida fundamentación en la naturaleza o gravedad y el peligro de fuga del caso.

De este modo, no debería suspenderse la ejecución provisional de la sentencia si existe peligro de fuga, pues de esta manera se garantiza la efectividad de la sentencia cuando esta adquiera la calidad de firme.  En ese sentido, podemos afirmar que la solidez del sustento de esta decisión resulta muy cuestionable, teniendo en cuenta que en el presente caso no solo existía peligro de fuga, sino que antes de que la orden de captura en contra de Adriano Pozo quede sin efecto a causa de esta resolución, éste se encontraba prófugo e incluso se ofrecían recompensas a cambio de información sobre su ubicación.

De esta manera, resultaba incomprensible que el Juzgado haya admitido el recurso con efectos suspensivos, cuando las circunstancias exigían que la orden de captura en contra de Pozo permaneciera vigente, a fin de garantizar la efectividad de la tutela jurisdiccional que Arlette Contreras viene exigiendo por tantos años.

Sin embargo, en el transcurso de las horas el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte emitió un comunicado en el que rechazaba que la orden de captura que pesa sobre el sentenciado se haya dejado sin efecto, aceptando, así, que se había incurrido en un error material que aclararían y subsanarían posteriormente. Asimismo, el Juzgado reiteró que la sentencia de fecha 18 de julio de 2019 sigue surtiendo efectos. De esta forma, la subsanación permitirá que, durante el procedimiento recursal que resta, Adriano Pozo continúe siendo buscado por las fuerzas policiales para que cumpla su pena, pues su condición de prófugo hace inaplicable la suspensión de la ejecución provisional de la condena.


Imagen obtenida en https://canaln.pe/actualidad/caso-arlette-contreras-se-inicia-nuevo-juicio-contra-adriano-pozo-n368384

Referencias Bibliográficas

Acuerdo Plenario N° 10-2009/CJ-116. Recuperado en https://derecho.usmp.edu.pe/cedp/jurisprudencia/Acuerdo%20Plenario%20N10_2009.pdf

https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/19/arlette-contreras-jueces-dejan-sin-efecto-orden-de-captura-contra-adriano-pozo-feminicidio-violacion-sexual-ayacucho/

https://andina.pe/agencia/noticia-condenan-a-11-anos-carcel-a-adriano-pozo-agresor-arlette-contreras-758052.aspx

https://laley.pe/art/8414/arlette-contreras-poder-judicial-aclaro-que-la-orden-de-captura-contra-adriano-pozo-sigue-vigente

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