¿En verdad estamos por el buen camino? Principales cuestionamientos a la Declaratoria de Emergencia del Ministerio Público

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Hoy, 4 de enero del 2019, la Junta de Fiscales Superiores de Lima emitió un comunicado de prensa, el cual trataba dos asuntos de igual importancia. En el primero exigían la invocación de la Junta de Fiscales Supremos, con el fin de resolver la situación de Pedro Chávarry, Fiscal de la Nación. Por otro lado, en el siguiente manifestaban su rechazo al proyecto de ley presentado por el presidente Martín Vizcarra, debido a que “consideran que el mismo vulnera la Constitución y la autonomía del Ministerio Público”. Revisemos los principales argumentos sobre esta polémica.

Es menester recordar que en el primer artículo del cuestionado proyecto se establece la suspensión de las funciones del Fiscal de la Nación y Fiscales Supremos, y la correlativa creación de una Junta Transitoria de Fiscales Supremos. Sobre esta premisa,el fiscal Frank Almanza, al momento de renunciar al equipo especial “Lava Jato”, manifestó lo siguiente:

“Hay una junta de fiscales supremos que puede tomar acuerdos. Hay una comisión del Congreso que se puede pronunciar sobre responsabilidades constitucionalessobre fiscales supremos. Hay mecanismos en el Congreso para destituir fiscales supremos. Hay una JNJ [Junta Nacional de Justicia] que puede encargarse de revisar los nombramientos del [ex] CNM [Consejo Nacional de la Magistratura]. Esos son los mecanismos legales. Pero vía ley no se puede intervenir una institución autónoma crucial para el futuro del país”[1]

De lo manifestado, se deduce que uno de los motivos para alegar la inconstitucionalidad del proyecto es la protección del principio de división de poderes. El Ejecutivo no debería entrometerse en la organización del MP, ya que existen otras vías igualmente idóneas y compatibles con el mencionado principio.

Por otro lado, Víctor García Toma[2]considera que la afectación recae precisamente en la suspensión de funciones, en razón a que la Constitución prevé el cese de los Fiscales Supremos solo por falta grave, supuesto no ocurrido. Por consiguiente, la suspensión de los cinco fiscales no podría darse por una norma de rango legal. En respuesta a este argumento, Luciano López[3]considera idóneo presentar un proyecto de reforma constitucional con dicho objetivo. Desde nuestro punto de vista, la solución presentada por el constitucionalista es razonable, ya que permitiría resolver satisfactoriamente el conflicto jerárquico normativo.

En otra línea de ideas, Enrique Ghersi[4]propugna la inconstitucionalidad, en razón a que nuestro ordenamiento no contempla la figura de declaratoria de emergencia para organismos constitucionalmente autónomos. En consecuencia, su actuar no superaría ni el más mínimo test de constitucionalidad. Como réplica a esta argumentación, resaltamos la inaplicación del Artículo 137 de nuestra Constitución Polítca, la cual regula la emergencia, el estado de excepción y de sitio. Partimos de la siguiente premisa: los fundamentos para declarar la emergencia constitucional no deben ser necesariamente los mismos para el presente caso. Es por ello que el mecanismo previsto en el señalado artículo es una norma emitida por el Ejecutivo, y no una sujeta a la aprobación del Congreso de la República, como está sucediendo.

A modo de conclusión, consideramos que la controversia no es de fácil dilucidación, en razón a las múltiples lagunas jurídicas presentadas al respecto. En ese sentido, consideramos la postura de Luciano López acertada, ya que logra equilibrar las exigencias ciudadanas con el marco constitucional peruano.


[1]https://elcomercio.pe/politica/fiscal-frank-almanza-senala-proyecto-ejecutivo-ministerio-publico-interferencia-politica-noticia-nndc-594026

[2]https://exitosanoticias.pe/v1/garcia-toma-asegura-que-proyecto-de-ley-es-inconstitucional/

[3]https://diariocorreo.pe/politica/juristas-consideran-inconstitucional-el-proyecto-de-martin-vizcarra-862556/

[4]https://altavoz.pe/2019/01/03/132334/enrique-ghersi-proyecto-para-declarar-en-emergencia-el-ministerio-publico-es-manifiestamente-inconstitucional/

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