El Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo: apuntes sobre una relación jurídica autónoma

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Introducción

La invocación de la autonomía de una rama jurídica puede dar paso a un amplio y encendido debate, con mayor razón si las ramas que se reclaman como autónomas son la del Derecho del Trabajo y la del Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  Es precisamente un amplio y encendido debate lo que este artículo pretende suscitar, no sin antes precisar que la autonomía del derecho de la seguridad y salud en el trabajo atraviesa por un proceso que ha mostrado avances significativos, pero que aún no ha terminado.

Actualmente el Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con una especializada y extremadamente abundante legislación y reglamentación nacional. Existe una Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con principios propios y reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el trabajo para la minería, para los obreros municipales, para la industria, entre otros sectores. La seguridad y salud en el trabajo constituye el asunto más abordado por las normas internacionales del trabajo de la OIT. Además, es, probablemente la rama jurídica que más relación guarda con innumerables disciplinas como la Medicina, la Física, la Ingeniería, la Química, la Biología, la Psicología, etc. El interés nacional por esta rama se ha incrementado exponencialmente y se han creado instituciones, políticas, planes y regulación jurídica abundante. De manera que urge analizar si existen ya las condiciones o no para afirmar que nos encontramos frente a una rama jurídica nueva. El presente artículo no puede abordar todos los extremos que demanda esta tarea, por lo que se centrará en analizar la relación social que subyace a la regulación jurídica en materia de seguridad y salud en el trabajo y presentar las disimilitudes existentes con el derecho del trabajo.

  1. La autonomía jurídica

Mario Deveali indica que puede existir dos concepciones sobre la autonomía. La primera es en la metáfora del árbolpor la cual las ramas nuevas devienen autónomas como prolongaciones de otras mayores que, a su vez, son prolongación de un tronco común a todas. Como esta versión de la autonomía presenta una imagen estática no sirve como metáfora apropiada para procesos que son dinámicos. Deveali cree que es más apropiado comparar la autonomía con un ríoque, en determinado punto de su curso se divide en varios brazos que, a su vez se subdividen en otros, pero que después de cierto recorrido suelen reencontrarse, incluso volver al cauce inicial (L. Deveali, 1956, pág. 17). De ahí que en más de una oportunidad podamos tropezar con que las instituciones del derecho del trabajo y los de la seguridad y salud en el trabajo coinciden y se alejan, se superponen y discuerdan, sin que esto signifique ausencia de autonomía.

Por otra parte, se dice, con no poca razón, que una entidad es autónoma de otra cuando de sus características y propiedades el ser humano elige determinado conjunto de ellas y las convierte en una sola unidad. En esto pensaba Berkeley cuando señalaba que “cuando se observa que cierto color, sabor, olor, figura y consistencia van juntos, se les considera como una cosa distinta, señalada con el nombre de manzana; otros conjuntos de ideas constituyen una piedra, un árbol, un libro u otras cosas igualmente sensibles” (citado en Salazar Bondy, 1969, pág. 315). Esta idea introduce un elemento importante que no está considerada por Deveali: el rol del observador. La determinación de la autonomía de dos cosas no es una operación neutral, el observador cumple una función central, pues para Berkeley incluso la existencia misma del objeto coincidía con la percepción de un sujeto, de una mente. Es el sujeto quien, por medio de su actividad sensorial, elige un conjunto de propiedades y las hace una cosa diferente a otra. Al analizar la autonomía de entidades pertenecientes al ámbito del derecho, se puede constatar la misma idea: que, del ordenamiento jurídico observado, cuya autonomía se pretende declarar, el ser humano individual o colectivamente selecciona unas cuantas atribuciones que en conjunto las ha de considerar una unidad independiente. Pero como la hacen personas, esta selección se encuentra teñida de sus características y necesidades particulares e históricas. La autonomía de la seguridad y salud en el trabajo no solamente es, pues, un hecho constatable, sino una necesidad social e histórica. El argentino Ricardo Guibourg decía que la determinación de la autonomía de una rama jurídica no dependía de los caracteres propios del ser del objeto sino de razones prácticas: “En este contexto creo conveniente recordar que la relativa separación entre las distintas ramas no obedece a imperativos ontológicos eternos sino a motivos pragmáticos, siempre contingentes y modificables. No estoy hablando aquí de realidades, sino de actitudes” (Guibourg, 2009, págs. 207-211).

Por esta razón los juristas han ensayado muchos criterios de selecciónmediante los cuales buscan sustentar la autonomía de los ordenamientos jurídicos. Entre ellos, Miguel Ángel Ciuro Caldani indica de modo muy completo que “el desarrollo de las ramas del mundo jurídico depende en gran medida de la apreciación de su autonomía material, (…) y del despliegue de las autonomías legislativa, judicial, administrativa, científica, docente y pedagógica” (Ciuro Caldani, 2007, págs. 116 – 118). Alfredo Rocco, por su parte, asevera que a fin de que una doctrina pueda considerado como ciencia autónoma es necesario lo siguiente: “1) que sea bastante amplio para merecer un estudio expreso y especial; 2) que contenga doctrinas homogéneas, dominadas por conceptos generales comunes y distintos de los conceptos informadores de otras disciplinas; 3) que tenga un método propio, o sea que utilice procedimientos especiales para el conocimiento de las verdades que constituyen el objeto de sus investigaciones” (citado en L. Deveali, 1956, pág. 18).

El Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha de cumplir con muchos de los requerimientos de una rama autónoma. Cuenta con una amplia legislación, con una doctrina homogénea y principios doctrinarios propios. Beatriz Gutiérrez-Solar Calvo (1999)analiza, por ejemplo, la naturaleza jurídica particular de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero, además de todo ello, cuenta con una característica fundamental que afirma su autonomía: regula una relación social y jurídica propia, distinta a la del Derecho del Trabajo. Prestemos atención a este último fundamento, el de la relación jurídica propia.

  • La relación de seguridad y salud en el trabajo

3.1 Omnicomprensividad de la relación de seguridad y salud en el trabajo

La relación laboral está tradicionalmente condicionada por tres determinaciones: 1) La prestación de un servicio que reporta un beneficio económico para otra persona; 2) el pago de una retribución por el servicio prestado y 3) la ejecución del servicio en condiciones de subordinación[1].

Estas determinaciones, en esencia, no permiten que se entable una relación laboral entre el empleador y una serie de prestadores de servicios tales como los trabajadores de empresas tercerizadoras desplazados al centro de trabajo, los trabajadores destacados de empresas intermediadoras, trabajadores de otros empleadores que comparten el mismo centro de trabajo, trabajadores de otros empleadores que comparten el mismo inmueble, trabajadores autónomos y trabajadores de otros empleadores cuya presencia en el centro de trabajo se produce en calidad de visitantes, clientes  o usuarios. Incluso, es muy difundida la idea de que los servidores bajo modalidades formativas laborales tampoco mantienen una relación laboral con el titular del centro de trabajo. El único supuesto en el que se podría entablar una relación de trabajo entre estas personas y el titular del centro de trabajo es que se produzca la desnaturalización u otro fenómeno de índole patológica.

En cambio, todas estas formas de prestación de servicios que, en condiciones normales, le son negadas a la regulación del derecho del trabajo, constituyen el ámbito natural del derecho de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la relación de seguridad y salud en el trabajo supera los límites de la relación de trabajo y abarca a los trabajadores de terceros, de empresas intermediadoras e incluso a los practicantes, visitantes, clientes y usuarios. Esta relación jurídica omnicomprensiva se encuentra regulada en el artículo I del Título Preliminar de la Ley n.° 29783 (en adelante, LSST):

“El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores”.

Así mismo, la amplia y diferenciada relación de seguridad y salud en el trabajo se hace patente en el artículo 103 de la precitada ley:

“En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se cometan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones”.

Es cierto que la legislación peruana sigue otorgando la titularidad del deber de prevención al empleador, sin embargo, esta atribución no es consistente con el propio contenido de la ley que, en no pocas ocasiones, regula las relaciones entre no empleadores y no trabajadores, verbigracia, el artículo 68 de la LSST indica expresamente que es este mismo empleador quien garantiza el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo respecto visitantes y usuarios:

“El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien garantiza: a) El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuariosque se encuentren en un mismo centro de labores.”

 

3.2 Relación jurídica interempresarial

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, LPRL) regula en España el fenómeno de la concurrencia empresarial en cuya virtud la titularidad del deber de prevención puede recaer sobre persona o empresario que no mantiene vínculo laboral con nadie, es decir, que no cuenta con trabajadores.

El artículo 2 del Real Decreto 171/2004 distingue al empresario principal, quien contrata y subcontrata servicios dentro de su ámbito, del empresario titular, quien tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo, léase, el propietario del inmueble; ambos partícipes de la relación de seguridad y salud en el trabajo en conjunto con la totalidad de trabajadores al margen del vínculo de trabajo que se establezca. Además, la norma citada ofrece una definición amplia de centro de trabajo, e el que cabe el personal de cualquier empresario.

El empresario titular puede o no tener trabajadores propios en el centro de trabajo, sin embargo, tendrá atribuciones respecto de los otros empresarios tales como brindar información suficiente sobre los riesgos e impartir instrucciones que deberán ser cumplidas por los empresarios concurrentes y sus respectivos trabajadores[2].

Si no existiera en el centro de trabajo empresario titular sino solo un empresario principal, la regulación de la relación de seguridad y salud en el trabajo varía y se asemeja al artículo 68 de nuestra LSST.

En esencia la regulación española exigirá el nombramiento de representantes de las empresas concurrentes para la coordinación del sistema de gestión de la seguridad y salud en todo el centro de trabajo, cuando tal gestión implique altos niveles de complejidad. Con esto tendríamos otros actores en la relación jurídica de seguridad y salud en el trabajo.

Como puede apreciarse, a relación de seguridad y salud en el trabajo puede vincular, incluso a una pluralidad de empleadores y de titulares de centros de trabajo que no sostienen necesariamente vínculos de trabajo entre ellos ni con los trabajadores involucrados.

El nivel en que los factores de riesgo de una empresa pueden impactar en la salud de los trabajadores, clientes o usuarios de otra con la que comparte el mismo inmueble, es la medida en que la relación de seguridad y salud se diferencia de la relación de trabajo.

3.3 Confundir la relación de trabajo con la relación de seguridad y salud en el trabajo

Constituyen ejemplos paradigmáticos de esta disimilitud existente entre la relación de trabajo y la relación de seguridad y salud en el trabajo los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional sobre desnaturalización de la tercerización cuando la empresa principal cumple obligaciones de seguridad y salud respecto de los trabajadores desplazados. En el expedienteN° 02135-2012-PA/TC (Caso Repsol) el Tribunal Constitucional declaró la desnaturalización de la tercerización por haber dado la empresa principal capacitaciones de seguridad requeridos para el manejo de vehículos al trabajador de la empresa tercerizadora. Sin embargo, el tribunal no ha reparado en que la seguridad y salud en el trabajo constituye una relación jurídica diferente a la relación laboral y que no puede aplicar a aquélla los principios de ésta. Precisamente el artículo 68 de la LSST permite que el empleador principal cumpla obligaciones de seguridad -capacitar, brindar equipos de protección, etc.- respecto de sus no trabajadorescon quienes sería absurdo aplicar la desnaturalización. El ordenamiento jurídico no podría, por un lado, obligar al cumplimiento de medidas respecto de trabajadores de terceros y, por otro, declarar la desnaturalización por el mismo motivo. Esto podría tener efectos perjudiciales en tanto puede desalentar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el caso de tercerizaciones[3].

 El Tribunal Constitucional no ha comprendido todavía que la relación de seguridad y salud en el trabajo es autónoma de la relación laboral y que no se pueden aplicar a ambas mecánicamente los mismos principios y reglas.

  1. Conclusión

El Derecho de la seguridad y salud en el trabajo tiene por objeto de regulación una relación jurídica y social diferenciada de la relación regulada por el Derecho Laboral.


Imagen Obtenida de: https://pxhere.com/es/photo/678558

  1. Bibliografía

Ciuro Caldani, M. (2007). Necesidad de un complejo de ramas del mundo jurídico para un nuevo tiempo. Investigación y docencia(40).

Guibourg, R. A. (2009). Autonomía. Revista sobre enseñanza del Derecho, 207-2011.

Gutierrez-Solar Calvo, B. (1999). El Deber de Seguridad y Salud en el Trabajo.Madrid: Consejo Económico Social.

  1. Deveali, M. (1956). Lineamientos de Derecho del Trabajo.Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina S.R.L.

Salazar Bondy, A. (1969). Lecturas filosóficas.Lima: Editorial Arica S.A.

[1]Esta afirmación merece una precisión. Actualmente la definición de la relación de trabajo atraviesa un momento de revisión desde que en el año en 1997 la 85° Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo abordó por primera vez el asunto sobre el “trabajo en régimen de subcontratación”, discusión que fue lentamente evolucionando hacia una necesaria redefinición de la relación de trabajo, de manera que en mayo de 2000, cuando se celebra en Ginebra una Reunión tripartita de expertos sobre los trabajadores en situaciones en las cuales necesitan protección, se planteó la idea de que existe una realidad del trabajo había sobrepasado el concepto dando lugar a situaciones en las que el ámbito de aplicación de la relación de trabajo carecía de eficacia y confirmó que los cambios en la naturaleza del trabajo habían dado lugar a situaciones en las que el ámbito de la relación de trabajo no se ajustaba a las realidades laborales. En el presente artículo no se pretende hacer abstracción de este proceso, pero no cabe abordarlo en su total magnitud.

[2]Ver artículos 7, 8 y 9 del Real Decreto 171/2004.

[3]Para mayor abundamiento, revisar las sentencias recaídas en los expedientes números 05035-2013-PA/TC (Caso Doe Run) y 01671-2013-PA/TC (Caso Electronorte).

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