Breves alcances sobre el Nuevo Reglamento de Arbitraje de Consumo

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Dentro de las herramientas con las que cuentan los consumidores y proveedores para resolver sus controversias tenemos los procedimientos sancionadores seguidos ante Indecopi, la autorregulación y a su vez al arbitraje de consumo.

En normas anteriores al Código de Protección y Defensa del Consumidor – en adelante Código de Consumo – se podía implementar el arbitraje en materia de solución de controversias de consumo, por ejemplo, al revisar el artículo 38 del TUO del Decreto Legislativo No. 716 – anterior Ley de Protección al Consumidor – y el artículo 30 del Decreto Legislativo 807[1].Ha sido el Código de Consumo que en los artículos 137 y siguientes señaló determinadas pautas para el desarrollo del arbitraje. Posteriormente mediante Decreto Supremo 046-2011-PCM se aprobó el Reglamento de Arbitraje de Consumo, actualmente derogado por el Decreto Supremo 103-2019-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29.05.19, siendo éste el Nuevo Reglamento de Arbitraje de Consumo.

A este último llamaremos Nuevo Reglamento del cual realizaremos algunos comentarios:

Unidireccionalidad (art. 2 Nuevo Reglamento).

Una precisión formal en el Nuevo Reglamento es la denominación de las partes intervinientes en una controversia: demandante es el consumidor y demandado el proveedor siempre que se encuentren dentro de la definición del Código de Consumo. Esta precisión en la denominación de las partes no se encontraba en el Reglamento anterior y en los arbitrajes de consumo al consumidor se le podía denominar “reclamante” o “parte reclamante” y al proveedor “reclamado” o “parte reclamada” en virtud de los artículos 18.4, 19.2 y 21.1 del anterior Reglamento de Arbitraje de Consumo[2]. Una de las características del arbitraje de consumo, como puede observarse, es la unidireccionalidad, mediante la cual el consumidor ocupará siempre la posición de demandante[3].

Promoción de acuerdos (art. 15 del Nuevo Reglamento)

En cuanto a las funciones de los árbitros, una que se ha reconocido es la facultad de promover el acuerdo entre las partes. Esta ya se implementaba en la práctica arbitral, por ejemplo, en la audiencia única se proponía a las partes un acercamiento o también al culminar la misma y antes que se emitiera el laudo. Adicionalmente, en los casos que las partes llegaran a un acuerdo el mismo se puede homologar. Los árbitros si bien resuelven conflictos también acercan a las partes para que éstas voluntariamente colaboren en poner fin a la controversia.

Retiro del árbitro del Registro Único de Árbitros (art.  22 del Nuevo Reglamento)

En el esquema del arbitraje de consumo contamos con la Junta Arbitral, aquella institución que colabora con los árbitros en la gestión y organización del arbitraje (como archivo de expedientes, notificaciones, entre otros) y con los órganos arbitrales, que son los árbitros que resuelven las controversias.

En el artículo 10 de la Directiva de nombramiento de árbitros (Directiva 005-2014-DIR-COD-INDECOPI) se encontraban reguladas las causales de retiro de los árbitros de consumo del Registro. Los árbitros de consumo son elegidos de las propuestas de asociaciones de consumidores, entidades gremiales y de los elegidos por el Estado, incorporándose los árbitros a un registro.

En el anterior Reglamento de Arbitraje de Consumo, en el caso de la propuesta de los árbitros designados por el Estado, se limitada a la entidad de la administración pública en la que se constituyó la Junta Arbitral de Consumo. En el artículo 18 del Nuevo Reglamento se amplía a las entidades de la administración pública que integran el Consejo Nacional de Protección del Consumidor. Estas entidades son, conforme al artículo 133 del Código de Consumo, además del Indecopi, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía y Finanzas, la SBS, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos reguladores de los servicios públicos, y la Defensoría del Pueblo.

Lo anterior se relaciona con la característica de representatividad del arbitraje de consumo, en la cual los órganos arbitrales —es decir, los árbitros— están representados por el Estado, los proveedores y las asociaciones de consumidores[4]. Si bien la representación se manifiesta especialmente en el caso de los órganos colegiados, también esta característica se aprecia a su vez mediante las entidades que pueden proponer a los árbitros de consumo: Estado, representantes de proveedores y representantes de consumidores.

El Nuevo Reglamento ha incorporado y modificado estas causales: i) agrega que también es causal de retiro cuando el árbitro es suspendido del ejercicio de su profesión mediante sanción impuesta por autoridad distinta al colegio profesional; ii) modifica la cantidad de recusaciones fundadas a dos como causal de retiro; iii) incluye la causal de rechazo injustificado de su designación dos veces seguidas, dentro de un periodo de seis meses; iv) incluye como causal de retiro cuando habiendo el árbitro aceptado su designación se rehúse a participar injustificadamente de las actuaciones arbitrales.

Limitación a la adhesión en el sistema de arbitraje (art. 23 del Nuevo Reglamento).

Existen tres vías para acceder al Sistema de Arbitraje de Consumo: i) a través de una cláusula arbitral; ii)  por la adhesión del proveedor al sistema de arbitraje; iii)  y en el caso que no nos encontremos en los supuestos anteriores, y un consumidor solicite resolver la controversia mediante arbitraje mediante la aceptación expresa del proveedor.

En lo correspondiente a la adhesión el proveedor se somete al sistema de arbitraje de consumo antes que se inicie una controversia. Actualmente existen más de 50 proveedores adheridos por esta modalidad[5].  El Nuevo Reglamento permite la limitación a la adhesión a ciertos productos o servicios y limitación en cuanto al monto máximo indemnizatorio por daño emergente y lucro cesante.

De acuerdo al Nuevo Reglamento, si se limita el monto máximo indemnizatorio mediante la adhesión del proveedor, se deja a salvo el derecho del consumidor de acudir al Poder Judicial para solicitar una indemnización por daño a la persona y daño moral.

Una estrategia para que un proveedor pueda gozar las preferencias de los consumidores es otorgar una mayor cantidad en beneficios en los productos y/o servicios con los que concurre al mercado. El proveedor tendrá que considerar la limitación en la adhesión como un factor competitivo frente a otros proveedores adheridos al sistema que no establecen limitaciones. La limitación o no de la adhesión en la manera de resolver una controversia puede ser un elemento adicional que un consumidor tome en cuenta para elegir o no a un agente económico en el mercado.

Elección de los árbitros (art. 13 y 38 del Nuevo Reglamento)

La Regla en el anterior Reglamento de Arbitraje de Consumo consistía en que las controversias se resolvían por un colegiado cuando el monto involucrado superaba las 3 UIT. El artículo 13 del Nuevo Reglamento permite que las partes acuerden que la controversia sea resuelta por tres árbitros siempre que la cuantía supere las 3 UIT, por lo que se puede concluir que si no existe el pacto indicado un árbitro puede resolver controversias en la que las pretensiones superen las 3 UIT y no un colegiado.

Las partes tienen la facultad de elegir a sus árbitros. En el caso del árbitro único, consumidor y proveedor deben elegirlo de la relación conformada por los propuestos por las entidades de la administración pública. En el supuesto del órgano arbitral colegiado el consumidor elige a un árbitro entre los propuestos por las asociaciones de consumidores, el proveedor elige a un árbitro entre los propuestos por las organizaciones empresariales. Luego los dos árbitros eligen a su Presidente entre los que se encuentran propuestos por las entidades de la administración pública.

Si las partes no se ponen de acuerdo en la elección del árbitro u omiten elegirlo, o  los árbitros no se ponen de acuerdo en elegir a su Presidente, el Secretario Técnico de la Junta Arbitral de Consumo designa al árbitro faltante. Finalmente, las partes pueden ejercer su derecho de recusar a los árbitros.

Duración del arbitraje de consumo (art. 38 del Nuevo Reglamento)

El Nuevo Reglamento señala que para la emisión del laudo el plazo máximo es de 45 días hábiles computados desde que se admite la petición a arbitraje, a diferencia del reglamento anterior que establecía el plazo de 90 días hábiles. En la práctica arbitral en materia de consumo los laudos se emitían dentro del plazo establecido en el Nuevo Reglamento.

¿El arbitraje de consumo será un mecanismo sustituto frente a los otros competidores en resolución de controversias? De acuerdo a lo afirmado en la parte considerativa del Nuevo Reglamento, determinadas modificaciones buscan asegurar la continuidad del sistema. Una consecuencia positiva de todo proceso competitivo es la mayor posibilidad de los consumidores para elegir un producto o un servicio. El Tribunal Constitucional reconoció el derecho al acceso al mercado, libertad de elección y la pluralidad de oferta como derechos fundamentales de los consumidores[6].  Esperamos que mayores posibilidades o el replanteamiento de las existentes, contribuyan a la tutela procesal de los consumidores.


Imagen obtenida de: https://gestion.pe/economia/empresas/ccl-nuevo-reglamento-arbitraje-reduce-resolucion-conflictos-123065

¨A Sandra, difusora de la Propiedad Intelectual. Abogado PUCP. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la misma casa de estudios. Docente PUCP en la Maestría de Derecho Propiedad Intelectual y de la Competencia, en la Facultad de Derecho y en el Programa de Segunda Especialidad de Protección al Consumidor. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Árbitro de Consumo nombrado por la Junta Arbitral de la Sede Central del Indecopi. Asesor en temas de Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual. Email: mrejanovinschi@pucp.pe

[1]El artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor, aprobado por Decreto Supremo No. 039-2000-ITINCI, habilitaba a la Comisión de Protección al Consumidor de INDECOPI, coordinando con el Directorio de la entidad, el establecimiento de manera directa o a través de instituciones públicas o privadas “mecanismos alternativos de resolución de disputas del tipo de arbitraje, mediación, conciliación o mecanismo mixtos que, mediante procedimientos sencillos y rápidos, atiendan y resuelvan con carácter vinculante y definitivo para ambas partes las quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios”. En sentido similar tenemos el artículo 30 del Decreto Legislativo No. 807 al indicar, en lo referente al arbitraje que “si las partes decidieran someterse a arbitraje, podrán suscribir inmediatamente el convenio arbitral correspondiente, de conformidad con el reglamento que para dicho efecto aprobará el Directorio de Indecopi a propuesta de las Comisiones correspondientes. En cualquier caso, la Comisión podrá continuar de oficio con el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros”.

[2]DS 046-2011-PCM: Artículo 18.4 “En caso que no conste la voluntad del proveedor de someter sus conflictos al arbitraje de consumo en alguna de las formas señaladas, pero exista petición de arbitraje del consumidor, se notificará al proveedor reclamadode la existencia de la solicitud para que (…) la acepte o rechace”. (El resaltado es nuestro)

Artículo 19.2: “El consumidor deberá presentar con su petición de arbitraje los medios probatorios que respalden las pretensiones planteadas y, de ser aplicable, copia del convenio arbitral. En la petición de arbitraje, el consumidor deberá declarar, bajo responsabilidad, el domicilio donde deberá notificarse al reclamadode las actuaciones del proceso. (El resaltado es nuestro)

Artículo 21.1 “Admitida la petición de arbitraje por el órgano arbitral, éste correrá traslado de ella al proveedor reclamadopara que la conteste (…)” (El resaltado es nuestro)

[3]REJANOVINSCHI TALLEDO, Moisés. 2015. “Los dilemas para consumir justicia: algunos alcances de la tutela procesal del consumidor en la vía administrativa y el arbitraje de consumo”. En: Derecho PUCP, p. 244

[4]REJANOVINSCHI TALLEDO, Moisés. 2015. “Los dilemas para consumir justicia: algunos alcances de la tutela procesal del consumidor en la vía administrativa y el arbitraje de consumo”. En: Derecho PUCP, p. 243. Sobre este principio se recomienda revisar a García Gómez, Ramón (2006). El convenio arbitral de consumo. Arbitraje de consumo y justicia material. En Eugenio Llamas Pombo (coord.), Estudios de derecho de obligaciones. Homenaje al Profesor Mariano Alonso Pérez. Madrid: La Ley/Grupo Wolters Kluwer.

[5]https://www.consumidor.gob.pe/documents/127561/3094625/Registro_Proveedores_Adheridos_ArbitrajeConsumo_2019.pdf/731cf97c-6f62-a35c-8f50-c87162c265f9consulta: 01.06.19

[6]Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 008-2003-AI-TC, Fundamento Jurídico No. 33 y Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 3315-2004-AA-TC, Fundamento Jurídico No. 10.

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