Colaboración eficaz: marco normativo y el valor probatorio de la declaración del colaborador en el proceso penal

1202
0
Compartir
  1. Introducción: 

La colaboración eficaz constituye un instrumento del sistema de justicia en aras de combatir el crimen y la impunidad. Consiste en otorgar beneficios premiales a cambio de información relevante que ayude a esclarecer los hechos delictivos. Podemos señalar que para tener éxito en la persecución de delitos este régimen es de vital importancia: ayuda a que se clarifique el escenario delictivo(1).

Actualmente, los casos de Jorge Barata y de otros ejecutivos de constructoras brasileras, así como de las delaciones premiadas en Brasil han puesto en atención de todos a esta figura procesal. A continuación, se desarrollará a profundizará sobre la naturaleza y características de esta figura procesal, así como sus efectos en el marco de un proceso penal.

  1. Legislación: ámbito internacional y nacional

A nivel internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, o “Convención de Palermo”( 2), cuenta con el artículo 26 denominado “medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley”. De esta forma, hay una exigencia internacional hacia el estado peruano de adoptar medidas adecuadas para promover que personas involucradas en hechos delictivos brinden información sustancial sobre los hechos bajo investigación. Además, para completar el carácter recíproco de la colaboración, los estados deberán conceder beneficios para quienes brinden este tipo de informaciones en el marco del proceso penal del que son parte.

A nivel nacional, primero fue la Ley 25384 (tuvo un artículo único y fue dado el 30 de diciembre de 1991), que otorgaba beneficios a personas vinculadas con ciertos delitos a cambio de información eficaz de estos y de sus autores. Luego, el Decreto Ley 25582 (tuvo 4 artículos y fue dado el 24 de junio de 1992, en el marco del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional de Alberto Fujimori) también otorgaba beneficios a quien proporcione información veraz, oportuna, y significativa sobre hechos punibles en agravio del Estado. Posteriormente, la Ley 27378 (fue dada el 20 de diciembre del 2000) estableció beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada. Esta ley fue dada en el marco de los procesos seguidos contra Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Luego de que se derogara dicha ley por la Ley 30077 (dada el 19 de agosto del 2013), “Ley contra el Crimen Organizado”, esta figura del derecho penal premial fue incorporada al Código Procesal Penal y entró en vigencia el 1 de julio de 2014.

Es así que, actualmente, la Sección VI del Libro Quinto del Código Procesal Penal, específicamente de los artículos 472 al 481, contempla el proceso por colaboración eficaz.

  1. Delitos, Requisitos, condiciones, obligaciones y beneficios vinculados a la colaboración eficaz
  • Delitos

Los delitos por los que procede la colaboración son los de asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, delitos informáticos, contra la humanidad, trata de personas y sicariato. Asimismo, para todos los casos de criminalidad organizada previstos en la ley de la materia. Ahora, si hay un concierto por pluralidad de personas los delitos aplicables serán concusión, peculado, corrupción de funcionarios, delitos tributarios, delitos aduaneros contra la fe pública y contra el orden migratorio. Ahora, si el colaborador es persona jurídica los delitos serán los de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y contra la administración pública.

  • Requisitos
    • Subjetivos

A diferencia de antes, no hay una regla de exclusión para que alguien sea colaborador eficaz. Es decir, cualquiera puede aspirar obtener beneficios premiales. Además, hace poco se ha incluido la posibilidad de que las personas jurídicas también puedan serlo(3). Lo relevante es que la persona imputada con cargos o ya condenada -y apartada del crimen- se presente ante el fiscal a fin de brindar información relevante para la investigación de los hechos(4).

En línea de lo anterior y para dotarlo de contenido, es necesario que la persona (i) haya abandonado voluntariamente las actividades delictivas; (ii) no niegue los hechos que se le imputan. Si los rechaza, estos no serán parte del proceso por colaboración eficaz, sino se verán en el proceso penal en curso; y, por último, (iii) presentarse al fiscal con disposición a dar información eficaz. En síntesis, debe haber desvinculado de la actividad delictiva.

  • Objetivos
    • Del colaborador común

La información recabada al colaborador debe permitir, alternativa o acumulativamente, una serie de ventajas al momento de combatir actividades delictivas.

En primer lugar, debe contribuir a evitar o mitigar el delito o sus consecuencias. Además, si hay una organización criminal involucrada debe impedir, neutralizar sus futuras acciones. En segundo lugar, deber permitir conocer las circunstancias de la planificación y ejecución del delito, o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando. En tercer lugar, identificar a los autores y partícipes del delito o a los integrantes de la organización criminal, su funcionamiento, a fin de debilitarla. Por último, debe permitir ubicar los objetos vinculados a la actividad criminal, dar su ubicación, o indicar fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de la organización criminal.

  • De los jefes, cabecillas o dirigentes principales o quienes han intervenido en delitos con consecuencias graves

Hasta el 2016 no se podían acoger los jefes, cabecillas, dirigentes principales de organizaciones delictivas o quienes han intervenido en delitos con consecuencias graves. Sin embargo, con el Decreto Legislativo 1301 (del 29 de diciembre del 2016), se pueden acoger, siempre y cuando su aporte permita identificar a miembros de la organización con mayor rango. La información debe ser más relevante y concreta que de otros casos(5). Esto debido al nivel de conocimiento e información que poseen en razón de su cualidad especial. No obstante, mediante esa lógica se estaría señalando que un jefe o cabecilla -que en principio sería el líder de una organización- estaría subordinado a un superior jerárquico. ¿Ello es posible, o debemos entender al jefe o cabecilla en un sentido amplio?

  • Beneficios

Los tipos de beneficio que se pueden obtener son el de: (i) exención de pena; (ii) disminución de la pena; (iii) suspensión de la ejecución de la pena; y, (iv) remisión de la pena a quien la está cumpliendo. Si se otorga la exención y la remisión de la pena, se exige que la colaboración sea activa y la información permita: i) evitar un delito que afecte de manera grave a la sociedad; ii) identificar y propiciar la detención de líderes de la organización criminal; iii) descubrir la fuente del financiamiento de la organización criminal o de sus bienes de mayor relevancia para los fines de la organización.

Ahora, si el colaborador es una persona jurídica – teniendo en cuenta el grado de su aporte e importancia de la misma- podrá obtener la exención de las medidas administrativas aplicables o la disminución por debajo de los parámetros mínimos establecidos.

  • Condiciones y obligaciones
  • Condiciones

Al concederse el beneficio premial, la persona no debe cometer un delito doloso en los diez años siguientes. Además, debe cumplir una serie de obligaciones de la mano de acudir a todas las citaciones que se le requieran como parte de su Acuerdo de Colaboración.

  • Obligaciones

Entre las obligaciones están las de informar el cambio de residencia, tener trabajo lícito, tener buena conducta, acudir cuando sea solicitado por las autoridades del sistema de justicia, entre otros. En el caso de las personas jurídicas, deberá acreditar la condición de suspensión de sus actividades sociales y la prohibición de actividades futuras restringidas.

Estas obligaciones se imponen según la naturaleza del delito, de las circunstancias en las que se cometió, teniendo en cuenta el grado de colaboración aportada, así como de acuerdo a las condiciones personales del beneficiado. Estas obligaciones se deben garantizar, si la condición económica del colaborador lo permite. Finalmente, será el Ministerio Público el que controla el cumplimiento de las obligaciones.

  1. Proceso de colaboración eficaz

El proceso de colaboración eficaz cuenta con una serie de etapas. Este ocurre de forma independiente a un proceso común. Es decir, no es un incidente del proceso común. Es por ello que el Acuerdo de Beneficios y Colaboración resultante es oponible a todos los procesos que este detalla. El expediente se alimenta por actas que acreditan las diligencias de este proceso(6). Las etapas de la colaboración son las siguientes:

  • Primera fase:

La solicitud para colaborador eficaz puede ser escrita o verbal, esta última sujeta a condiciones. Al recibir la solicitud, el fiscal analiza la aptitud del colaborador y la idoneidad de su información. Si desea, puede reunirse con él. Cabe precisar que el fiscal a cargo es quien, en ese momento, dirige la investigación preparatoria; si está en juicio oral, será el fiscal de la causa(7).

  • Fase de corroboración:

Inicia al admitirse la solicitud de colaboración. Se realizan diligencias de corroboración para determinar la eficacia de la información. Se puede hacer con ayuda de la policía. Esta etapa no supone la paralización de la investigación en curso. Además, se podrá firmar un Acuerdo Preparatorio -según cada caso en particular- donde están los beneficios, obligaciones y el mecanismo de aporte de información y de su corroboración. Asimismo, se pueden dictar medidas de protección para el colaborador, para garantizar su presencia en la investigación.

  • Acuerdo de Beneficios y Colaboración:

Luego de las diligencias, el fiscal decide si otorga o no los beneficios. Puede desestimarlo, si no ha corroborado la información en sus aspectos fundamentales. Si lo otorga, debe constar en el acta (i) el beneficio acordado; (ii) los hechos a los cuales se refiere el beneficiario; y, (iii) las obligaciones del beneficiario. San Martín señala que hay 6 cláusulas que debe tener el acuerdo que pueden ser la identificación del abogado, de su colaborador, los cargos, el reconocimiento de estos, entre otros.

  • Fase de control judicial:

El juez puede formular observaciones sobre el acuerdo. Es así que puede ordenar devolver lo actuado al fiscal. Luego, con el acta original y complementaria, el juez, dentro del 10mo día, celebra una audiencia privada donde: (i) precisa y ratifica el contenido del acta; (ii) expone los motivos del acuerdo, así como interroga al reo; y, (iii) formula el alegato final(8). Al tercer día, el juez debe dictar una sentencia, que puede ser impugnada, cuyo conocimiento será de la Sala Superior. El agraviado podrá impugnar la sentencia aprobatoria en la parte de la reparación civil, si expresó voluntad de intervenir en el proceso y sea parte. Cuando se deniegue la colaboración, las declaraciones expuestas por el colaborador son como inexistentes y no podrán utilizadas en su contra.

  • Fase de revocación:

El fiscal podrá solicitar la revocación de los beneficios previa indagación y adecuada motivación. Esta puede ser en el sentido de que el beneficiario ha incumplido las obligaciones a las que estaba sometido. La decide el juez que otorgó el beneficio. La audiencia se realiza a pesar de que el beneficiado no asista. Pero este tiene la posibilidad de apelar. Por último, los efectos de la revocación están en función al beneficio que se revoca.

  1. Valor probatorio de la declaración del colaborador
  • En función del grado de información recibida

Al momento de recibir el beneficio premial, se debe evaluar de forma casuística la relevancia de la información. Cabe precisar que no toda información será útil para esclarecer los hechos bajo investigación, por eso se realizan las diligencias de corroboración. Asimismo, algo importante para señalar es que la información recibida no es garantía de una condena futura. La declaración del colaborador per se no puede ser la única prueba para acreditar responsabilidad penal. Si bien es un elemento relevante, debe ser evaluado como una prueba más en el proceso, pero atendiendo a su singularidad como prueba. Es importante señalar que no se pide que el colaborador acredite los hechos más allá de una duda razonable, sino que muestre datos relevantes que permitan esclarecer el hecho delictivo.  Finalmente, no se debe asumir la declaración de un aspirante a colaborador sea tomada como si fuera cierta, más aún si no se han llevado acabo las diligencias necesarias para verificas su veracidad.

  • En función del beneficio otorgado

Un beneficio otorgado debe ser visto en dos perspectivas. Una, como el premio efectivo que es para quien colabora con información. Otra, como un instrumento de política criminal al servicio de la lucha contra la impunidad. Es así que, si se otorga un beneficio, se entiende que la información recibida -y debidamente corroborada- no solo sirve para avanzar en la investigación fiscal o proceso judicial, sino debe ser una prueba de relevancia superior con relación a los otros medios de prueba. Con ello no se quiere decir que la declaración del colaborador sea la prueba determinante o la única a valorarse(9), sino una que debe tener una consideración especial, teniendo en cuenta los beneficios que se han dado para su obtención como prueba. El beneficio otorgado, si es ventajoso para el colaborador, debe revertir en beneficio del esclarecimiento de los hechos. Es por eso que se postula que la valoración en sí del aporte del colaborador -cuando ya cuente tal calidad- debe tener una especial consideración sobre las otras pruebas.

  1. Conclusiones

La colaboración eficaz plantea retos en su aplicación, entendiéndose esta como instrumento de la política criminal estatal para luchar contra la impunidad. Asimismo, en razón de los beneficios que otorga, que se entiende son proporcionales a la información recibida, su valoración probatoria debería tener una especial consideración, siempre que la misma haya sido debidamente corroborada, pero teniendo claro que no debe ser tomada como la única prueba a efectos de determinar la responsabilidad penal.


(1) DE LA JARA, E. (2016). La colaboración eficaz contra el crimen organizado, entre lo permitido y prohibido por el derecho. Balance de su aplicación en casos del Destacamento militar Colina (Tesis de maestría). PUCP, Lima, pág. 78.

(2) La “Convención de Palermo” fue ratificada por el Perú el 23 de enero de 2002. Este se encuentra en vigor para nuestro país desde el 29 de setiembre del 2003.

(3) Ello en el marco de la Ley 30737, “Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos”, publicada el 12 de marzo de 2018.

(4) SAN MARTÍN, C. (2015). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima: INPECC y CENALES, pág. 871.

(5) DE LA JARA, E. (2016). La colaboración eficaz contra el crimen organizado, entre lo permitido y prohibido por el derecho. Balance de su aplicación en casos del Destacamento militar Colina (Tesis de maestría). PUCP, Lima, pág. 94.

(6) SAN MARTÍN, C. (2015). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima: INPECC y CENALES, pág. 875.

(7) SAN MARTÍN, C. (2015). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima: INPECC y CENALES, pág. 876.

(8) SAN MARTÍN, C. (2015). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima: INPECC y CENALES, pág. 880.

(9) En estos últimos meses hemos visto casos donde se han solicitado prisiones preventivas donde el argumento de mayor fuerza – o el único argumento- eran las declaraciones de colaboradores eficaces.

Imagen obtenida de: goo.gl/iyVkT3

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here