El Estado peruano no puede seguir tratando a las parejas del mismo sexo como ciudadanos de segunda categoría

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1.- ¿Considera válidos los argumentos esgrimidos en la Resolución de la Cuarta Sala Civil que resuelve a favor de la RENIEC aduciendo la extemporaneidad de la demanda de amparo (considerando que el señor Ugarteche afirma haberse encontrado fuera del país)?

No considero un argumento válido. La excepción por prescripción de la acción ya había sido debatida y desestimada en primera instancia por el Séptimo Juzgado Constitucional. En efecto, a la fecha de notificación de la resolución administrativa del RENIEC el señor Ugarteche se encontraba fuera del país, por lo que se encontraba imposibilitado de accionar judicialmente. La Sala Superior se ha basado en un argumento formalista y sin sustento para desestimar la demanda, evitando pronunciarse sobre el fondo del asunto en un caso emblemático que podría cambiar la situación de desprotección en la que se encuentran miles de parejas del mismo sexo en nuestro país.

Recordemos que si la Sala Superior hubiera confirmado la sentencia de primera instancia, el RENIEC no hubiera podido interponer el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, pues este solo procede contra resoluciones desestimatorias de segunda instancia, salvo excepciones, y el proceso hubiera terminado de modo favorable para el demandante. Es decir, la Sala Superior hubiera podido zanjar este debate con una resolución sobre el fondo del asunto, pero prefirió debatir una excepción ya resuelta.

 

2.- ¿Cuál es su opinión sobre el argumento del Séptimo Juzgado Constitucional de Lima que menciona que el Código Civil de 1984 no se ha adaptado a los nuevos cambios sociales como el caso del matrimonio homosexual?

Lo primero que hay que recordar es que el Código Civil es una norma preconstitucional, es decir, dada antes de la Constitución de 1993. Por ello, debe revisarse su constitucionalidad a la luz de esta última. También resulta importante analizar los importantes cambios sociales y culturales que ha sufrido la familia y el matrimonio en su concepción social y cultural, que finalmente se ha traducido en una nueva concepción jurídica de estas figuras. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha reconocido estos cambios sociales y culturales y ha señalado que si bien en un inicio el derecho estaba pensado en proteger a la familia nacida del matrimonio, actualmente tenemos varias formas de conformar una familia, como las familias reconstituidas (6572-2006-PA/TC) o las conformadas por un padrastro y su hijastra (9332-2006-PA/TC) o las familias monoparentales. Todas igualmente de válidas ante el Derecho y que merecen un régimen jurídico que las proteja. Asimismo, la Corte IDH en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile ya ha señalado que “en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo “tradicional” de la misma […] el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio”.

Hay que entender la Constitución como algo vivo, que evoluciona junto con la sociedad.

La interpretación de las normas de rango legal, como el Código Civil, por ende, debe hallarse sujeta también a esta interpretación. Ya la Corte IDH y el Tribunal Constitucional han reconocido a la orientación sexual como categoría protegida por el mandato de no discriminación y la Corte IDH en su Opinión Consultiva 24/17 ha señalado que los Estados deben ampliar todas las figuras legales que protegen a las parejas a aquellas conformadas por personas del mismo sexo, incluido el matrimonio. La resolución del Séptimo Juzgado Constitucional cumplía con estos estándares constitucionales e internacionales y en esa misma línea debería darse la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Ugarteche. El Estado peruano no puede seguir tratando a las parejas del mismo sexo como ciudadanos de segunda categoría.

 

3.- El ex presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, argumentó que la resolución de la primera instancia que dio la razón a Ugarteche sienta un precedente peligroso en tanto que abre las puertas a que las normas vayan perdiendo vigencia bajo la interpretación de un juzgado.

Por otro lado, para el constitucionalista Enrique Bernales, esto significaría un buen precedente, ya que ha prevalecido el derecho constitucional de la igualdad, por encima de una norma civil.

Desde un análisis jurídico- constitucional, ¿Qué argumento considera es el más acertado?

En el esquema constitucional peruano los procesos constitucionales de tutela de derechos son conocidos por jueces de primera instancia, quienes son los llamados a aplicar la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado. Considero que pretender aplicar una ley por sobre encima de la Constitución dentro de un proceso judicial, sin importar la instancia o siquiera la materia, significa regresar al Estado de Derecho, donde solo importaba el principio de legalidad, y dejar de lado todos los avances y aportes del Estado Constitucional de Derecho. El temor de que una norma pierda vigencia por la interpretación de un juzgado no tiene asidero constitucional. Recordemos que la propia Constitución reconoce el control difuso a todos los jueces y, además, por el principio de fuerza normativa y de jerarquía de la Constitución esta siempre debe ser aplicada sobre las normas de rango legal. En tal sentido, de las dos posturas planteadas considero la segunda  – la de Bernales – de ellas más apropiada y acorde al modelo constitucional.

 

¿Algún otro aspecto que considere relevante en esta controversia?

Considero importante recalcar también la omisión legislativa en la que hizo incidencia el Séptimo Juzgado Constitucional en la sentencia del caso Ugarteche. Como se sabe, las inconstitucionalidades se pueden presentar tanto por acción como por omisión del legislador. En el primer caso, existe una ley dada por el Parlamento que resulta inconstitucional, ya sea por la forma o por el fondo. En el segundo caso, sin embargo, el legislador ha omitido legislar sobre un aspecto que la Constitución ordena –justamente– legislar. En el caso de las parejas conformadas por personas del mismo sexo la omisión de un régimen legal genera este vacío normativo inconstitucional, pues atenta contra una serie de mandatos constitucionales derivados no solo de los derechos fundamentales de las personas LGTB+, sino sobre todo de la obligación del Estado de proteger a las diversas familias. Similar opinión ha emitido la Defensoría del Pueblo en el Informe de Adjuntía  002-2017/DP-AAC referido al caso Ugarteche. Esta omisión se ha vuelto mucho más gravosa ante la emisión de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH. En tal sentido, independientemente del caso en discusión, el Parlamento está jurídica y moralmente obligado a emitir la legislación necesaria para cubrir este vacío inconstitucional y proteger así a una población vulnerable que tanto nos necesita.


Imagen obtenida de: http://bit.ly/2FB4oBh

Entrevista escrita: 05/02/2019

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