Derecho al olvido, datos personales y redes sociales. Primeras aproximaciones

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I) LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN LAS REDES SOCIALES. II) EL DERECHO AL OLVIDO EN TIEMPOS DE “GOOGLE”. III) DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES EN LA LEGISLACIÓN URUGUAYA. IV) REFLEXIONES FINALES. V) BIBLIOGRAFÍA.-

I) LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN LAS REDES SOCIALES.-

El reconocimiento a las dimensiones internacionales de la protección de los datos personales en la era digital, la importancia de los desafíos a la protección de los datos personales de los más jóvenes en internet y la urgencia de elaborar marcos normativos que puedan orientar a los Estados y a las empresas en sus esfuerzos para responder a esos desafíos[1], es, hoy en día, objeto de múltiples debates, conferencias y seminarios en todo el mundo.

La irrupción de las nuevas tecnologías de marcado carácter social – blogs, wikis, podcast, redes sociales, etc.- ha determinado un alto grado de interconectividad entre los usuarios de Internet lo que, dicho sea de paso, les permite intercambiar todo tipo de opiniones sobre diferentes productos y experiencias con otras personas[2].

Dada la gran cantidad de datos personales que los usuarios publican en sus perfiles, estos se convierten en auténticas “identidades digitales” que facilitan un rápido conocimiento de datos de contacto, preferencias y hábitos del usuario. El consentimiento que presta el usuario es válido en el momento en que decide aceptar, la política de privacidad y condiciones de uso de la plataforma que constan en el formulario de registro[3].

Quizás y más allá de consejos esenciales para proteger nuestros datos en Internet, a los cuales hemos hecho referencia, debemos tener presente que todo lo que se publica en Facebook como en Twitter, es en principio público, esto es, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo en que se encuentre podrá acceder a lo publicado por ser parte de la famosa “comunidad Facebook” o de la “comunidad Twitter”; salvo que en el momento en que tiene lugar su registración en la red, se configuren restricciones de privacidad, permitiendo acceder a los contenidos, ya sean fotos, textos, videos, solamente a los llamados “amigos” -que se supone serian personas con las cuales nos vinculamos en la red social- en el caso de Facebook; o solamente en el caso de los llamados “seguidores” en el caso de Twitter[4].

II) EL DERECHO AL OLVIDO EN TIEMPOS DE “GOOGLE”.-

Esta viralización de información y contenidos que se nutre de datos personales de todo tipo se ha potenciado aún más con la existencia de los llamados “buscadores” o “motores de búsqueda” en internet, como por ejemplo “Google” en el cual simplemente alcanza con poner nuestro nombre y se dispara una enorme cantidad de noticias y de imágenes que refieren a nuestra persona, en una especie de biografía pública, de fácil acceso, al alcance de todos y sin ninguna restricción.

Google es una compañía estadounidense fundada en septiembre de 1998 cuyo producto principal es un motor de búsqueda creado por Larry Page y Sergey Brin. El término suele utilizarse como sinónimo de este buscador, el más usado en el mundo. Para realizar la búsqueda, existen dos grandes opciones: elegir “Buscar con Google” para que el buscador presente todos los resultados que encuentre en Internet o seleccionar “Voy a tener suerte”, que lleva al internauta al primer resultado hallado[5].

De ahí la frase de “googlea tu nombre” para ver que arroja el buscador más potente del mundo sobre nuestro historial personal y profesional, ya que alcanza simplemente con que nuestro nombre figure en el sitio web de cualquier medio de prensa, así como de una Universidad, de una empresa pública, de una empresa privada, a modo de ejemplo, para que en apenas un segundo Google ponga a disposición toda esa información al mundo sin siquiera avisarnos o pedirnos nuestro consentimiento.

Y es en este mundo hiperconectado e hiperinformado donde surge la necesidad y donde se encuentra el fundamento del llamado “derecho al olvido”.

Cuando hablamos de derecho al olvido nos referimos al derecho de toda persona a que determinada información personal (datos personales, datos sensibles, datos laborales, datos financieros datos de salud, entre otros) no permanezca en forma permanente y de manera indefinida en internet; información a la cual se accede fácilmente y sin ninguna restricción a través de buscadores o motores de búsqueda en plataformas digitales, sin mediar consentimiento ni notificación alguna al titular de los datos,

A tales efectos entendemos que podría configurarse el derecho al olvido cuando se trata de informaciones que lucen en uno o en varios sitios web o en bases de datos que refieren a datos personales o se relacionan con situaciones personales referidas a hechos reales de la vida de una persona, no necesariamente positivos, que por distintos motivos tomaron estado público y que fueron recogidas en portales por medios de comunicación o en cualquier otra plataforma digital con la nota esencial de que perduran de manera indefinida en el tiempo en internet, incluso una vez agotada la situación que dio origen a la noticia.

El derecho al olvido no implicaría en los hechos “borrar esa información” ni “tapar o ocultar esa información” sino que supone el derecho de la persona a no permanecer expuesta o vinculada de por vida a estos hechos en las redes sociales e internet, como si fuera una extensión, en el mundo de las redes sociales, de la pena sufrida – en caso de delitos a modo de ejemplo -ante los tribunales competentes de un determinado país.

Esto es, una persona que fue condenada por determinado delito, que cumplió con la pena que se le aplicó, tiene derecho a que su nombre no permanezca asociado de por vida a tales hechos en las redes sociales y webs por la potencia de los buscadores o motores de búsqueda.

Ejemplos pueden ser muchos y muy variados y de toda índole. Por ejemplo personas vinculadas a tráficos de drogas; contrabando; lavado de activos entre otros delitos.

Pero también hay otro tipo de situaciones vinculadas a la vida laboral. Por ejemplo una persona que trabajo durante muchos años en un determinada empresa y su nombre sigue vinculado a dicha empresa aún luego de su egreso cualquiera sean las razones.

También son comunes en el ámbito laboral, personas que en búsqueda de nuevos empleos, se presentan a concursos para determinados puestos de trabajo y los resultados de las instancias de evaluación son publicados en sitios web con lo cual otras personas al “googlear” su nombre –por ejemplo sus jefes actuales- y van a tomar conocimiento que se presentaron para tal o cual empleo – distintos del empleo actual –

En Latinoamérica hay varios ejemplos en tal sentido, algunos con soluciones favorables a lo solicitado en relación al derecho al olvido y otros no. Entre ellos está el caso de un ciudadano argentino que fue acusado por tráfico de drogas, lo que generó la publicación de una nota periodística. Años después, el hombre encontró el artículo e invocó el derecho al olvido para que fuera eliminado de internet, para lo cual inició una acción judicial tanto contra el diario como contra Google. La resolución del caso determinó que la noticia era real al momento de su publicación y se expresó en los términos correctos (aunque no hubo una sentencia), por lo cual su eliminación no era pertinente[6].

En Brasil se dio un caso similar, pero, en vez de tratarse de un sitio de noticias, el demandante cuestionó la publicación en un sitio estatal de una decisión judicial, a lo que se respondió que eliminar documentos de tal entidad atentaría contra las prácticas de transparencia del Estado. Al respecto, se explicó que existen estándares internacionales para garantizar el anonimato de los afectados en determinadas sentencias para preservar su nombre[7].

Otro fue el caso en Colombia de una señora que se presentaba como Gloria. La mujer había sido imputada en el año 2009 en un caso de trata de personas, cuando trabajaba en una agencia de viajes y vendía pasajes a una red de tráfico. Sobre esto salió una nota en el diario local El Tiempo, la cual fue hallada por Gloria en una búsqueda en Google, años después[8].

La Justicia determinó que el diario debía actualizar la noticia (según establece la norma de ese país sobre las noticias en línea), pero con el agregado de que el portal debía utilizar protocolos de exclusión. ¿Qué significa esto? Los motores de búsqueda usan programas automatizados (bots) para verificar y categorizar qué contenido, páginas y secciones de una web van a ser indexadas en los resultados. Al cambiar las listas de comandos se impide que ciertas URL sean encontradas e indexadas por los buscadores. De esta manera la noticia en la que se mencionaba a la mujer ya no aparece en los resultados de Google[9].

Chile fue por la misma línea que Colombia: una sentencia de la Suprema Corte determinó que se debía eliminar del portal del diario La Tercera una noticia sobre un carabinero procesado por delitos de abuso sexual; esto incluyó a su buscador interno[10].

En Uruguay, si bien el derecho al olvido carece de una regulación propia y específica, podría considerarse comprendido en el régimen general de protección de datos personales consagrado en la Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, modificativas y decretos reglamentarios.

La Ley consagra los derechos de los titulares de los datos, entre ellos, el derecho de toda persona para solicitar la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales que le corresponda incluidos en una base de datos, al constatarse error o falsedad o exclusión en la información de la que es titular.

En caso de que no prospere tal solicitud, el titular de los datos podrá promover la acción de habeas data prevista en la Ley ante la Justicia Competente.

Asimismo debe destacarse la existencia de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, encargada de controlar la observancia del régimen legal, en particular las normas sobre legalidad, integridad, veracidad, proporcionalidad y seguridad de datos, por parte de los sujetos alcanzados, pudiendo a tales efectos realizar las actuaciones de fiscalización e inspección pertinentes.

Olvidar es humano. Pero –a pesar de que detrás de Google hay personas– el buscador más popular del planeta no olvida fácilmente, y mucho menos el resto de internet. Lo que se sube a la red es permanente, como así lo son también sus consecuencias. Ante esta realidad es que reacciona la ley del derecho al olvido, famosa en Europa por haber arremetido contra Google, pero en Uruguay, incluso en América Latina, es difícil encontrar consenso sobre el tema[11].

Europa se familiarizó con este concepto en 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que Google debía brindar a los europeos la oportunidad de solicitar que sus servicios de búsqueda “olviden” la información que les concierne, especialmente si es perjudicial o inexacta. Desde entonces, según datos presentados por Deya en su ponencia, actualizados al pasado 4 de agosto, se presentaron más de 500 mil solicitudes para retirar determinadas URL de los índices de búsqueda de Google, de las cuales se atendió al 43%[12].

El derecho al olvido no es absoluto y para su ejercicio es necesario ponderar derechos y analizar caso por caso, coincidieron expertos en el foro Derecho al olvido, tutela integral de la privacidad. Visión Iberoamericana, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Senado de la República[13].

Felipe ROTONDO, presidente de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de Uruguay, dijo que el derecho al olvido no es absoluto y que para hacerlo efectivo se deben considerar elementos, como la naturaleza de la información, el interés público, la manera de acceder a los datos y la incidencia de su difusión en el titular: “Priorizar un derecho no es hacerlo absoluto sino ver la situación en el caso concreto”. Planteó que en Uruguay el derecho al olvido es una proyección de los derechos de supresión y oposición de los datos y se aprecia en cada caso una visión de derechos humanos”, enfatizó[14].

Guillermo Antonio Tenorio Cueto, profesor de la Universidad Panamericana y director del Centro de Estudios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), aseguró que el ejercicio de este derecho depende de cada caso y que incluso servidores públicos y personalidades públicas, pueden ejercerlo.“No todos los que sean personalidades públicas son susceptibles de no pedir ningún tipo de derecho al olvido; tienen un margen de posibilidades porque tanto servidores públicos como personalidades públicas tienen derecho a la vida privada y a la protección de su honor, más en todas aquellas actividades que no tienen nada que ver con lo público”, subrayó[15].

El panel fue moderado por el senador Zoé Robledo Aburto, quien dijo que debe haber un balance entre el derecho al olvido y los derechos a la verdad y a la memoria colectiva[16].

III) DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES EN LA LEGISLACIÓN URUGUAYA.-  

El Capítulo III de la Ley regula especialmente los derechos de los titulares de los datos, y también del emisor y del destinatario de los datos.

En tal sentido podemos destacar el “derecho de información frente a la recolección de datos” (artículo 13); el “derecho de acceso” (artículo 14); y el “derecho de rectificación, actualización, inclusión o supresión” (artículo 15)

El artículo 15 de la Ley en su nueva redacción, dispone: “Artículo 15[17]. Derecho de rectificación, actualización, inclusión o supresión.- Toda persona física o jurídica tendrá derecho a solicitar la rectificación, actualización, inclusión o supresión de los datos personales que le corresponda incluidos en una base de datos, al constatarse error o falsedad o exclusión en la información de la que es titular.

El responsable de la base de datos o del tratamiento deberá proceder a realizar la rectificación, actualización, inclusión o supresión, mediante las operaciones necesarias a tal fin en un plazo máximo de cinco días hábiles de recibida la solicitud por el titular del dato o, en su caso, informar de las razones por las que estime no corresponde.

El incumplimiento de esta obligación por parte del responsable de la base de datos o del tratamiento o el vencimiento del plazo, habilitará al titular del dato a promover la acción de habeas data prevista en esta ley.

Procede la eliminación o supresión de datos personales en los siguientes casos:

  1. Perjuicios a los derechos e intereses legítimos de terceros.
  2. Notorio error.
  3. Contravención a lo establecido por una obligación legal.

Durante el proceso de verificación, rectificación o inclusión de datos personales, el responsable de la base de datos o tratamiento, ante el requerimiento de terceros por acceder a informes sobre los mismos, deberá dejar constancia que dicha información se encuentra sometida a revisión.

En el supuesto de comunicación o transferencia de datos, el responsable de la base de datos o del tratamiento debe notificar la rectificación, inclusión o supresión al destinatario dentro del quinto día hábil de efectuado el tratamiento del dato.

La rectificación, actualización, inclusión, eliminación o supresión de datos personales cuando corresponda, se efectuará sin cargo alguno para el titular.”

Es precisamente en el ejercicio de este derecho, que en Uruguay, el titular podrá presentarse para solicitar su exclusión de determinada base de datos o motor de búsqueda en internet y en las redes sociales.

Felipe ROTONDO sostiene que el derecho al olvido es una proyección de los derechos de supresión y oposición de los datos y se aprecia en cada caso una visión de derechos humanos”, apuntando que la normativa uruguaya sobre derecho al olvido se aplica en casos en que los datos no son pertinentes para la información que se difunde, así como cuando caducaron o son falsos o tratados ilegítimamente. Además, agregó que la ley uruguaya establece excepciones cuando la información tiene valor histórico, científico, cuando contribuye a la seguridad pública o por cumplimiento de obligaciones tributarias, entre otros motivos.

La norma, agrega ROTONDO, también establece que si el responsable de la publicación de la información se da cuenta de que esos datos son incorrectos, falsos o si ya no sirven a la finalidad para la cual se recolectaron, debe quitarlos sin que nadie lo solicite[18].

Además de la intimidad, el derecho a borrar información protege el derecho de las personas a olvidar el pasado, dijo el experto en protección de datos del Instituto de Internet de Oxford, Viktor Mayer Schonberger, al diario británico The Guardian. “La belleza del cerebro humano es que olvidamos, lo que nos permite pensar en el presente. Eso nos ayuda a tomar decisiones”, agregó[19].

Es fundamental destacar la importancia de los llamados “protocolos de exclusión”. Los portales deben utilizar protocolos de exclusión en la medida de que los motores de búsqueda usan programas automatizados (bots) para verificar y categorizar qué contenido, páginas y secciones de una web van a ser indexadas en los resultados. Al cambiar las listas de comandos se impide que ciertas URL sean encontradas e indexadas por los buscadores.

IV) REFLEXIONES FINALES.-

Los desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales sobre el “derecho al olvido” se encuadran en los permanentes desafíos que la actual era digital con una sociedad hiperconectada e hiperinformada le impone al Derecho y a las distintas regulaciones.

El “derecho al olvido” deber ser analizado en el contexto de la protección de datos personales en internet y en las redes sociales con especial acento en el necesario equilibrio entre modernización y garantía del derecho del ciudadano a preservar el control sobre sus datos personales y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información.

El “derecho al olvido”, en tanto proyección de los derechos de supresión y oposición de los datos, no deber ser interpretado como sinónimo de “borrar” o de “ocultar” determinada información referida a una persona, aunque su consagración apunta al derecho del titular del dato a que su información personal no permanezca de manera indefinida y permanente, y de fácil acceso, en las redes sociales e internet.

Debemos ser muy cuidadosos en señalar que el derecho al olvido no puede interpretarse como contrario a la transparencia aunque debemos trabajar en soluciones y fórmulas que nos permitan respetar el derecho de una persona a que sus datos no permanezcan en forma indefinida en internet vinculados a hechos o acontecimientos de su vida negativos e incluso positivos y que suponen una condena social permanente en las redes sociales e internet.

V) BIBLIOGRAFÍA.-

BERNIER, Chantal.- El Memorándum de Montevideo: un marco de referencia para la protección de los datos personales de los jóvenes en Internet en la región Iberoamericana; Protección de datos personales en las Redes Sociales Digitales: en particular de niños y adolescentes; Memorándum de Montevideo; Carlos G. Gregorio – Lina Ornelas, Compiladores; IIJusticia – Instituto de Investigación para la Justicia, IFAI –Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; México, 2011, p. 16.

DI CIOCO, Lucía. –Google: olvida mi nombre”; http://www.cromo.com.uy/google-olvida-mi-nombre-n955589

DELPIAZZO, Carlos E.-“De la publicidad a la transparencia en la gestión administrativa”, en Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo (Montevideo, 2003), Año II, N° 3, pág. 113 y siguientes.

DELPIAZZO, Carlos E.“Acerca del control social de la gestión pública”, Cita On Line https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/viewFile/672/458. 

DELPIAZZO, Carlos. –A la búsqueda del equilibrio entre privacidad y acceso”; Instituto de Derecho Informático, Facultad de Derecho, Universidad de la República; Protección de datos personales y Acceso a la Información Pública. FCU – AGESIC; Montevideo, 2009, pág. 9 y siguientes.

DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. –Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la Información Pública. Hábeas Data. Leyes Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008 y Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008”; 2ª Edición actualizada y ampliada; AMF; Montevideo, 2012; pág. 11 y siguientes.

LÓPEZ JIMÉNEZ, David.- La protección de datos de carácter personal en el ámbito de las redes sociales electrónicas: el valor de la autorregulación; Universidad de Alcalá de Henares. Servicio de Publicaciones, 2009.

PESCHARD MARISCAL, Jacqueline.- Protección de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital: responsabilidad democrática de las instituciones de gobierno y de las agencias de protección de datos; Protección de datos personales en las Redes Sociales Digitales: en particular de niños y adolescentes; Memorándum de Montevideo; Carlos G. Gregorio – Lina Ornelas, Compiladores; II Justicia – Instituto de Investigación para la Justicia, IFAI –Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; México, 2011, p. 22. 

PIÑAR MAÑAS, José Luis.- Guía del Derecho Fundamental a la protección de datos de carácter personal”, (Agencia Española de Protección de Datos, 2004). La información de esta Guía puede ser ampliada en Servicio de Atención al Ciudadano: www.agpd.es.

SCHIAVI, Pablo. –La protección de los datos personales en las redes sociales”; en Estudios de Derecho Administrativo; 2013, Nº 7; Director Augusto Durán Martínez; Coordinador Pablo Schiavi; LA LEY URUGUAY; Montevideo, 2013; pág. 215 y siguientes.

SCHIAVI, Pablo.Procedimiento administrativo especial: ruta de acceso a la información pública” en Estudios de Derecho Administrativo 2014- N° 10; Director: Augusto Durán Martínez – Coordinador: Pablo Schiavi (La Ley Uruguay. Montevideo, 2014), pág. 399 y siguientes.

SCHIAVI, Pablo.Estudios de Información Pública y Datos Personales”, Recopilación de trabajos de investigación de los cursos de postgrado 2014-2015. Coordinador. Universidad de Montevideo – Facultad de Derecho, Montevideo 2016.

SCHIAVI, Pablo.Estudios de Información Pública y Datos Personales”, Recopilación de trabajos de investigación de los cursos de postgrado 2012-2013. Coordinador. Universidad de Montevideo – Facultad de Derecho, Montevideo 2014.

SCHIAVI, Pablo. Reflexiones a cinco años de la Ley de Acceso a la Información Pública en el Uruguay” en Estudios de Derecho Administrativo N° 9/2014 – Director Augusto DURÁN MARTÍNEZ, Coordinador Pablo SCHIAVI (La LEY URUGUAY. Montevideo, 2014), pág. 181 y siguientes.

SCHIAVI, Pablo.El Control del Acceso a la Información Pública y de la Protección de Datos Personales en el Uruguay”, Universidad de Montevideo – Facultad de Derecho, Montevideo 2012.

VÁZQUEZ PEDROUZO, Cristina. – “El régimen jurídico del acceso a la información pública y la protección de datos personales”; (Revista de Derecho y Tribunales, N° 15, A.M.F., Montevideo 2011), pág. 61.

VÁZQUEZ, Cristina; SCHIAVI, Pablo. “Procedimientos Administrativos” Tomo I Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (LA LEY URUGUAY, Montevideo, 2013). 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Sitio Web: http://www.informacionpublica.gub.uy.

UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS PERSONALES. Sitio Web: http://www.datospersonales.gub.uy.


[1] BERNIER, Chantal – El Memorándum de Montevideo: un marco de referencia para la protección de los datos personales de los jóvenes en Internet en la región Iberoamericana; Protección de datos personales en las Redes Sociales Digitales: en particular de niños y adolescentes; Memorándum de Montevideo; Carlos G. Gregorio – Lina Ornelas, Compiladores; IIJusticia – Instituto de Investigación para la Justicia, IFAI –Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; México, 2011, p. 16.

[2] LÓPEZ JIMÉNEZ, David – La protección de datos de carácter personal en el ámbito de las redes sociales electrónicas: el valor de la autorregulación; Universidad de Alcalá de Henares. Servicio de Publicaciones, 2009.

[3] SCHIAVI, Pablo. – “La protección de los datos personales en las redes sociales”; en Estudios de Derecho Administrativo; 2013, Nº 7; Ob. Cit.; pág. 215 y siguientes.

[4] SCHIAVI, Pablo. – “La protección de los datos personales en las redes sociales”; en Estudios de Derecho Administrativo; 2013, Nº 7; Ob. Cit.; pág. 215 y siguientes.

[5]http://definicion.de/google/

[6] DI CIOCO, Lucía. – “Google: olvida mi nombre”; http://www.cromo.com.uy/google-olvida-mi-nombre-n955589.

[7] DI CIOCO, Lucía. – “Google: olvida mi nombre”; http://www.cromo.com.uy/google-olvida-mi-nombre-n955589.

[8] DI CIOCO, Lucía. – “Google: olvida mi nombre”; http://www.cromo.com.uy/google-olvida-mi-nombre-n955589.

[9] DI CIOCO, Lucía. – “Google: olvida mi nombre”; http://www.cromo.com.uy/google-olvida-mi-nombre-n955589.

[10] DI CIOCO, Lucía. – “Google: olvida mi nombre”; http://www.cromo.com.uy/google-olvida-mi-nombre-n955589.

[11] DI CIOCO, Lucía. – “Google: olvida mi nombre”; http://www.cromo.com.uy/google-olvida-mi-nombre-n955589.

[12] DI CIOCO, Lucía. – “Google: olvida mi nombre”; http://www.cromo.com.uy/google-olvida-mi-nombre-n955589.

[13] http://www.lja.mx/2016/08/derecho-al-olvido-absoluto-necesario-ponderar-otros-derechos/

[14] http://www.lja.mx/2016/08/derecho-al-olvido-absoluto-necesario-ponderar-otros-derechos/

[15] http://www.lja.mx/2016/08/derecho-al-olvido-absoluto-necesario-ponderar-otros-derechos/

[16] http://www.lja.mx/2016/08/derecho-al-olvido-absoluto-necesario-ponderar-otros-derechos/

[17]   La redacción original del inciso cuarto del artículo 15 de la Ley N° 18.331 de 11 de agosto de 2008 (Publicada D.O. 18 ago/008 – Nº 27.549) era: No procede la eliminación o supresión de datos personales salvo en aquellos casos de: A) Perjuicios a los derechos e intereses legítimos de terceros. B) Notorio error o falsedad. C) Contravención a lo establecido por una obligación legal.

[18] DI CIOCO, Lucía. – “Google: olvida mi nombre”; http://www.cromo.com.uy/google-olvida-mi-nombre-n955589.

[19] DI CIOCO, Lucía. – “Google: olvida mi nombre”; http://www.cromo.com.uy/google-olvida-mi-nombre-n955589.

Imagen obtenida de: https://goo.gl/CZdKiB

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Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Máster en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Montevideo (UM). Profesor Adjunto Grado 3 (I) de Derecho Público II y III (Derecho Administrativo y Derecho Procesal Constitucional, respectivamente) en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Profesor Ayudante Grado 1 (I) de Derecho Público I Y III (Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, respectivamente) en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Profesor de “Información Pública y Datos Personales”; de “Protección de Datos Personales en Salud “E Salud”; y de “Protección de Datos Personales Tributarios y Bancarios” en el Máster de Derecho Administrativo Económico (MDAE) en la Facultad de Derecho en la Universidad de Montevideo. Profesor de “Datos Personales” en el Máster en Dirección de Empresas de Salud (MDES) en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM). Profesor de “Derecho de la Información” y de “Investigación y Documentación” en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo. Profesor Asistente de “Procedimientos Administrativos” en el Máster de Derecho Administrativo Económico (MDAE) en la Universidad de Montevideo. Diplomado en Desarrollo y Financiamiento de Infraestructuras por la Universidad Politécnica de Madrid. Certificado en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo por el Isede y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga”. Miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Miembro Titular de la Asociación Derecho Público del Mercosur. Coordinador de Estudios de Derecho Administrativo de la Editorial La Ley Uruguay - Thomson Reuters. Coordinador Nacional por Uruguay de la Red Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP). Miembro de la Red Internacional de Bienes Públicos (RIBP). Asesor Director en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Presidencia de la República, Uruguay. Consultor y Asesor Corporativo Data Privacy. Autor de libros y artículos sobre temas de su especialidad. Obtenido de: https://www.linkedin.com/in/pabloschiavi/

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