Ultra vires: el latinazgo más famoso del derecho societario peruano

10896
0
Compartir
*El presente artículo ha sido elaborado con la colaboración de Fernando Loayza, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y Ex Director Ejecutivo de Ius et Veritas.

Para los aficionados al latinazgo jurídico no hay terreno más yermo que el derecho societario. Un solitario latinazgo puebla el campo: ultra vires, usado como adjetivo de actos, para referirse con la frase a los actos que exceden del objeto social. En el derecho societario peruano, tal vez su soledad lo haga tan famoso, mucho se dice y escribe sobre los actos ultra vires. Es un tema que no deja de suscitar interés, a pesar del paso de los años y de contar desde 1998 con una regulación legislativa definida, aunque mejorable en su claridad expositiva.

La prolongada vigencia del tema, en mi opinión, surge de un conflicto societario en el que se discutieron con detalle la naturaleza y las consecuencias de los actos ultra vires. El conflicto judicial se desarrolla entre 1992 y 1995, antes de la vigencia de la Ley General de Sociedades (1998), e involucra a empresas de dos importantes grupos empresariales peruanos: los grupos Raffo y Romero. La importancia de los grupos empresariales involucrados, los prestigiosos abogados involucrados en la defensa de los intereses de uno y otro grupo, así como la falta –entonces– de una definición legislativa de los temas materia de conflicto, hicieron que el asunto sea notorio y seguido con mucho interés por la comunidad jurídica nacional[1]. La solución transaccional a la que se llegó finalmente, así como la poca profundidad de algunas de las resoluciones judiciales emitidas en los procesos vinculados al conflicto, determinaron la ausencia de criterios jurisprudenciales orientadores. Sin perjuicio de la indefinición jurisprudencial, las opiniones legales de los abogados involucrados no tardaron en convertirse en artículos publicados en diversas revistas jurídicas del medio. La notoriedad de este antiguo conflicto y el subsecuente debate legal siguen envolviendo al tema en un aura de interés, a pesar de que hoy exista una regulación legal específica, ausente al momento del conflicto.

Hecha esta introducción, ¿qué son los actos ultra vires y cómo están regulados hoy en el Perú?

Como sabemos, el objeto social debe indicar con detalle los negocios u operaciones lícitos a los que se dedicará la sociedad (art. 11 LGS). Los actos ultra vires son actos jurídicos que comprometen a la sociedad a negocios o actividades económicas ajenas a su objeto social. Es importante notar que la determinación de la calidad de ultra vires de un acto jurídico viene dada por un elemento totalmente ajeno al acto mismo: el objeto de la sociedad. Los actos ultra vires no son, entonces, actos que tengan defectos en su conformación o que hayan sido realizados por personas carentes de capacidad para obligar a la sociedad. Este último punto es importante porque suele confundirse a un acto ultra vires con un acto realizado en nombre de la sociedad sin la representación necesaria. Veamos la diferencia con un ejemplo: si una sociedad cuyo objeto social es realizar actividades mineras arrienda un inmueble en una zona de oficinas de la ciudad de Lima, podemos analizar en primera instancia si el representante que suscribió el contrato de arrendamiento tenía facultades para ello. Este análisis es sencillo, requerirá la revisión de los poderes específicos conferidos al representante y su inscripción (dado que la inscripción de estos poderes determinará que la contraparte de la sociedad arrendataria esté protegida por la fe registral). En segunda instancia, podemos analizar si se trata de un acto ultra vires. Para este segundo tipo de análisis serán absolutamente irrelevantes las facultades del representante de la sociedad arrendataria. En este caso, tendremos que revisar el objeto social (actividades mineras) y si el uso pretendido del inmueble se relaciona con dichas actividades. Por ejemplo, el arrendamiento del inmueble en Lima para el establecimiento de las oficinas comerciales de la empresa minera estará obviamente dentro del objeto social, mientras que el arrendamiento para el establecimiento de un negocio distinto (una academia de enfermería, por ejemplo) será un acto ultra vires. Como puede apreciarse, se trata de dos tipos de análisis muy distintos, con grados de complejidad también disímiles.

En el plano teórico, la regulación de las consecuencias de los actos ultra vires puede variar entre dos posiciones extremas:

  1. Determinar que estos actos no vinculan a la sociedad (estableciendo, por ejemplo, su nulidad o inoponibilidad a la sociedad), lo que da una plena protección a los socios al impedir que los representantes la vinculen en negocios ajenos al objeto social; o,
  2. Determinar que el acto vincula a la sociedad, dando plena protección al tercero que contrata con la sociedad.

Como puede verse, los intereses protegidos en ambos casos son distintos (los intereses de los socios en contraposición a los intereses de los terceros que contratan con la sociedad). ¿A quien debe favorecer la legislación? ¿Cuál de estas dos opciones regulatorias debe primar?

La tendencia mundial es a privilegiar la protección del tercero de buena fe que contrata con una sociedad, evitando que cargue con el peso de tener que estudiar e interpretar con antelación el alcance del objeto social y la finalidad ulterior del acto que se celebrará[2]. Así, el administrador que vincule a la sociedad mediante actos ultra vires responderá ante la sociedad, pero el acto será plenamente válido y exigible a la sociedad si la contraparte tiene buena fe.

La legislación peruana no ha sido ajena a la tendencia a salvaguardar la validez y eficacia del acto ultra vires en beneficio del tráfico mercantil y del tercero de buena fe que contrata con la sociedad. Así, el artículo 12 de la LGS señala:

“La sociedad está obligada hacia aquellos con quienes ha contratado y frente a terceros de buena fe por los actos de sus representantes celebrados dentro de los límites de las facultades que les haya conferido aunque tales actos comprometan a la sociedad a negocios u operaciones no comprendidos dentro de su objeto social.

Los socios o administradores, según sea el caso, responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios que ésta haya experimentado como consecuencia de acuerdos adoptados con su voto y en virtud de los cuales se pudiera haber autorizado la celebración de actos que extralimitan su objeto social y que la obligan frente a co-contratantes y terceros de buena fe, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiese corresponderles.

La buena fe del tercero no se perjudica por la inscripción del pacto social”.

La interpretación de esta norma me parece clara en cuanto a los efectos de un acto ultra vires: la LGS opta por privilegiar el tráfico jurídico y al tercero de buena fe que contrata con la sociedad[3]. Las consecuencias para los que promueven o ejecutan este tipo de actos se manifiestan en el ámbito de la responsabilidad. Según el primer párrafo de la norma, el tercero de buena fe estará protegido, en la medida en que la sociedad quedará vinculada por el acto celebrado. El tercer párrafo extiende esta protección, señalando que la buena fe no se verá perjudicada por la inscripción del pacto social. De esta manera, se deja sin efecto para el caso concreto la presunción iure et de iure prevista en el artículo 2012º del Código Civil, según la cual se presume -sin admitir prueba en contrario- que todos conocen la información que consta en registros públicos. Dado que la buena fe no se ve afectada por la inscripción del pacto social, la mala fe tendría que ser probada como el conocimiento efectivo de que la operación concreta involucraba a la sociedad en negocios u operaciones ajenas a su objeto. Así, el contratante de buena fe podrá actuar con total prescindencia de lo que diga el objeto social inscrito: le bastará con verificar las facultades de representación de quien actúa por cuenta de la sociedad para saber que tendrá un acto jurídico exigible a la sociedad. El segundo párrafo de la norma trata sobre la responsabilidad a la que estarán sujetos los que promuevan actos ultra vires, responsabilidad que no afectará la exigibilidad del acto jurídico en cuestión. La redacción de este párrafo puede ser mejorada, dado que los responsables de los eventuales daños que pueda causar un acto ultra vires deben ser: los miembros de órganos colegiados que hayan promovido directamente estos actos con su voto (accionistas, directores) o los administradores que realicen directamente estos actos (un gerente, por ejemplo).

¿Es adecuada la opción legislativa adoptada? ¿Debió darse a la sociedad y sus socios algún tipo de protección más fuerte que les permita cuestionar la validez del acto jurídico ultra vires y no limitarse a exigir responsabilidades a quienes lo promovieron y ejecutaron? En mi opinión, la opción legislativa es la adecuada porque favorece el tráfico mercantil. Sería excesivamente oneroso para el que contrata con una sociedad tener que revisar e interpretar su objeto social antes de celebrar un contrato, además de tener que indagar sobre las finalidades últimas perseguidas por el acto. Esta onerosidad afectaría la fluidez del tráfico mercantil. En contraposición a la situación del tercero que contrata con la sociedad, los socios tienen otros mecanismos a su alcance para limitar o controlar la actuación de los administradores. Por ello, es eficiente favorecer al tercero, exonerándolo de tener que considerar los alcances del objeto de una sociedad cuando contrata con ella.


[1] Puede encontrarse más información sobre el conflicto señalado en ECHAIZ MORENO, Daniel. Los actos ultra vires y sus implicancias en los grupos empresariales, Revista Jurídica del Perú No. 44, Editorial Normas Legales, marzo 2003; y ECHAIZ MORENO, Daniel. Un nuevo enfoque jurídico de los temas societarios. Gaceta Jurídica, 2009, Capítulo III. Adicionalmente hay un libro de edición privada en el que Carlos Raffo Dasso recopila documentación judicial, artículos e informes vinculados al caso, bajo el título La administración en las sociedades anónimas. Aspectos jurídicos de un debate judicial.

[2] Ver por ejemplo el artículo 9 de la Directiva 68/151/CEE del Consejo de la Comunidad Económico Europea.

[3] Si bien existe un amplio consenso en relación con el sentido de esta norma hay algunas opiniones discrepantes. Ver HERNANDEZ GAZZO, Juan Luis. La actividad empresarial de las sociedades anónimas y el alcance de la representación societaria: cuestionamiento a la determinación del objeto social. En: Ius et Veritas No. 35, págs. 236-238.


    [1] Puede encontrarse más información sobre el conflicto señalado en ECHAIZ MORENO, Daniel. Los actos ultra vires y sus implicancias en los grupos empresariales, Revista Jurídica del Perú No. 44, Editorial Normas Legales, marzo 2003; y ECHAIZ MORENO, Daniel. Un nuevo enfoque jurídico de los temas societarios. Gaceta Jurídica, 2009, Capítulo III. Adicionalmente hay un libro de edición privada en el que Carlos Raffo Dasso recopila documentación judicial, artículos e informes vinculados al caso, bajo el título La administración en las sociedades anónimas. Aspectos jurídicos de un debate judicial.

[2] Ver por ejemplo el artículo 9 de la Directiva 68/151/CEE del Consejo de la Comunidad Económico Europea.

[3] Si bien existe un amplio consenso en relación con el sentido de esta norma hay algunas opiniones discrepantes. Ver HERNANDEZ GAZZO, Juan Luis. La actividad empresarial de las sociedades anónimas y el alcance de la representación societaria: cuestionamiento a la determinación del objeto social. En: Ius et Veritas No. 35, págs. 236-238.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here