La Anulación como recurso idóneo frente a Laudos de Ejecución

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Uno de los principales atractivos del arbitraje para los operadores comerciales es tener un laudo o varios laudos parciales motivados, y emitidos en debido tiempo y forma, que resuelvan de forma definitiva la o las controversias sometidas a la competencia del Tribunal Arbitral. Un aspecto central es que lo laudado no quede en el papel, debe hacerse realidad y ser ejecutado. De no asegurarse la efectiva ejecución, el carácter definitivo y de cosa juzgada del laudo sería un mero saludo a la bandera.

En nuestra Ley de Arbitraje tenemos dos opciones: (i) ejecución judicial del laudo[1] y (ii) ejecución arbitral del laudo[2]. La primera no es materia de este comentario. La segunda es la que nos ocupa y opera si las partes lo acuerdan o el reglamento arbitral así lo permite (como así lo hacen los reglamentos de la CCL, AMCHAM y PUCP).

Siendo los Árbitros los creadores del Laudo, resulta lógico que sean ellos quienes puedan ejecutarlo a cabalidad. En caso una de las partes sea reacia a cumplir el Laudo y se necesite de la coertio, los Árbitros podrán recurrir al auxilio judicial y derivar la ejecución del laudo al Poder Judicial[3]. Este es el marco normativo, ahora veamos cuál es la preocupación que motiva el presente comentario.

Mediante sentencia del 3 de setiembre de 2014 correspondiente al Exp. N° 08448-2013-PC_TC, el Tribunal Constitucional (en adelante, el TC) ha emitido un fallo en el que esboza un análisis de cómo debe ejercerse el control judicial/constitucional de la ejecución arbitral de laudos.

En el fundamento 11, el TC señala que el Precedente María Julia[4] no resulta aplicable en caso de agravios a derechos fundamentales que provienen de resoluciones arbitrales distintas al laudo arbitral, concretamente de resoluciones arbitrales expedidas en la fase de ejecución del laudo arbitral. En ese sentido, agrega el TC, si se emite una resolución arbitral que “desconoce, incumple, desnaturaliza o inejecuta el laudo arbitral emitido, no existe mecanismo recursivo alguno por promover, toda vez que el recurso de anulación, según la norma de arbitraje, sólo procede contra los laudos arbitrales.”.

En el fundamento 12, el TC finaliza señalando que “es posible sostener que procede el proceso de amparo para cuestionar las resoluciones arbitrales, distintas al laudo, expedidas por el Tribunal en fase de ejecución de laudo arbitral, siempre que se trate de una resolución que carezca de sustento normativo o sea emitida con manifiesto agravio a los derechos fundamentales. El objeto de control constitucional lo constituye la resolución arbitral que desconoce, incumple, desnaturaliza o inejecuta el laudo arbitral”.

Lo central de este análisis está en definir cómo es que una parte puede asegurar la regular ejecución del laudo por los árbitros. Por un lado, se podría afirmar que en la ejecución arbitral se emiten una serie de resoluciones arbitrales de ejecución de un único laudo. En ese sentido, dichas resoluciones podrán ser reconsideradas y en caso dichas reconsideraciones sean desestimadas podrá recurrirse a la vía del amparo. Esto ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional en la sentencia bajo comentario. No compartimos esta propuesta.

Por otro lado, otro posible análisis es que dentro del proceso de ejecución arbitral de laudo no sólo se emitan resoluciones arbitrales de mero trámite sino que cuando se disponga y decida el cuándo y cómo debe ejecutarse el Laudo, se esté emitiendo ­en strictu sensu­ un Laudo de Ejecución. En este caso, como todo laudo, podrá recurrirse a la vía idónea e igualmente satisfactoria como lo es el recurso de anulación por las causales taxativamente establecidas en la Ley de Arbitraje.

Lo clave es que los Tribunales Arbitrales deben llamar por su nombre y calificar de forma jurídicamente correcta a los pronunciamientos que emiten. Las resoluciones de ejecución arbitral – siendo excesivamente simplificadores con la definición – resuelven asuntos de mero trámite y gestión del proceso de ejecución arbitral; por el contrario, los pronunciamientos que concretizan el Laudo Primigenio, determinando fecha, plazo y forma de ejecución no deberían ser calificados jurídicamente como resoluciones arbitrales de ejecución sino como verdaderos Laudos de Ejecución.

Estos laudos de ejecución son decisiones tomadas por los árbitros, después de haber considerado los argumentos de las partes y analizado minuciosamente los fundamentos invocados por ellas en sede de ejecución; así, de manera definitiva y motivada, concretizan y hacen ejecutable uno o varios Laudos Primigenios, a fin de poner fin a una cuestión litigiosa que las partes han sometido a su competencia[5].

Una vez emitidos y sujetos a las solicitudes de rectificación, interpretación, integración y exclusión correspondientes, se habilitaría el recurso de anulación respecto de estos Laudos de Ejecución. El carácter realmente excepcional del Amparo se respeta y se descarta su aplicación para este tipo de casos. Si un pronunciamiento emitido por el Tribunal Arbitral desnaturaliza o desconoce el Laudo Primigenio afectando derechos constitucionales, pues no puede calificarse a tan importante pronunciamiento como una mera resolución arbitral sino como un verdadero Laudo de Ejecución y, por ende, sujeto al control judicial de anulación conforme a las causales de anulación establecidas en la Ley de Arbitraje.

El precedente María Julia basta y sobra….no regresemos a aquellos tiempos ya superados de ¨Amparización del Arbitraje¨. Esta etapa culminó con dicha Precedente, confirmando la subsidiariedad y excepcionalidad del proceso de amparo. La anulación es la vía idónea para cuestionar los Laudos de Ejecución[6].


Fuente de imagen: Clubjurídico.com

*No quiero dejar de brindar un especial reconocimiento y agradecimiento a Nicole Nalvarte por su vital apoyo en la discusión y análisis de esta Publicación.

[1] Artículo 68 de la Ley de Arbitraje.

[2] Artículo 67 de la Ley de Arbitraje:

[3] Artículo 67 numeral 2 de la Ley de Arbitraje.

[4] Exp. 0142-2011-PA/TC

[5] Para elaborar nuestra propia definición de Laudo de Ejecución hemos tomado en consideración la definición de Laudo que ha realizado MANTILLA SERRANO y que es citada por Fernando Cantuarias en CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando (2011) Laudo. En: Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. Tomo I. Lima: Instituto Peruano de Arbitraje. pp. 601.

[6] Esta sentencia ha sido analizada y criticada también por Alfredo Bullard, quien cuestiona la aplicación del amparo, confirmando que es la anulación el recurso idóneo para este tipo de supuestos. Para mayor detalle ver: Bullard, Alfredo (2015). Cuando todos se equivocan. El nuevo amparo contra actos de ejecución del laudo arbitral. Revista Actualidad Jurídica, I (256), 15-16.

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Andrés Talavera Cano, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios adicionales en Arbitraje Comercial Internacional, Introducción al Derecho Americano y Derecho Comparado, como parte del programa de intercambio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin - Madison. Ha sido árbitro en controversias entre entidades estatales y sus proveedores. Ha actuado como abogado patrocinante en una serie de procesos arbitrales. Ha sido profesor de los cursos de Acto Jurídico, Contratos, Responsabilidad Civil, Seminario de Derecho Civil y Destrezas Legales en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Ha sido profesor de Comunicación Jurídica Eficaz en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex asociado del Estudio Bullard, Falla, Ezcurra + Abogados.

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