Entrevista a Gattas Abugattas sobre el veto de Obama a la ‘Ley para justicia contra los patrocinadores del terrorismo’

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El viernes 23 de setiembre, el presidente Barack Obama vetó la ‘Ley para justicia contra los patrocinadores del terrorismo’. La mencionada ley tenía como objetivo permitir a los familiares de las víctimas de los atentados del 11-S denunciar a Arabia Saudita y a sus funcionarios públicos por presuntos vínculos con Al Qaeda. 

1. Según el Derecho Internacional Público, ¿es posible que los familiares de las víctimas de los atentados del 11-S denuncien en tribunales estadounidenses a Arabia Saudita y a sus burócratas por tener relación con los ataques terroristas?

No es posible denunciar a Arabia Saudita, porque todos los Estados tienen inmunidad de jurisdicción. Esto implica que un Estado no puede ser juzgado por los tribunales internos de otro Estado, salvo que renuncie a su inmunidad de jurisdicción y se someta voluntariamente a dichos tribunales internos.

La inmunidad de jurisdicción se basa en el principio de igualdad soberana de los Estados; así, dado que todos los Estados, en términos de soberanía, son iguales, ninguno puede juzgar en sus tribunales internos a otro. Hoy en día se entiende que la inmunidad de jurisdicción no es absoluta, pero las excepciones mayormente aceptadas a esta inmunidad se refieren exclusivamente a supuestos en los que un Estado actúa como cualquier otro privado dentro del territorio de otro Estado (en ejercicio de su ius gestionis); por ejemplo, cuando actúa a través de una empresa pública.

En cuanto a los burócratas de Arabia Saudita, hay que tomar en cuenta que ellos también podrían tener inmunidad de jurisdicción, según el puesto que ocupen en el gobierno y en atención a lo señalado en la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas. Si ese fuere el caso, no podrían ser juzgados por los tribunales internos estadounidenses.

Sin embargo, si los funcionarios de Arabia Saudita no tuvieren cargos de gobierno que les otorguen inmunidad de jurisdicción y, además, hubieren cometido algún delito dentro del territorio de los Estados Unidos de América, los tribunales de ese país sí tendrían competencia para juzgarlos.

2. ¿Cómo hubiera afectado la soberanía del país árabe la aprobación de la ley? 

Cualquier ley que vaya en contra de la inmunidad de jurisdicción de un Estado o de las personas que, en virtud de normas internacionales, gozan de ese privilegio, no sólo afectaría el principio de igualdad soberana de los Estados, sino que implicaría una violación de obligaciones internacionales que podría acarrear la determinación de la responsabilidad internacional del Estado en el que se promulgue tal ley.

3. De no haberse vetado la ley, ¿qué consecuencias podría haber tenido en las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita?

Como he mencionado, una ley de esa naturaleza afectaría el principio de igualdad soberana de los Estados y, eventualmente, podría implicar la violación de otras normas internacionales. Esto, evidentemente, podría considerarse como un acto inamistoso de un país contra otro.

Frente a esto, los escenarios posibles son varios: desde la ruptura de relaciones diplomáticas, que afectaría no sólo a esos dos Estados, sino a sus principales socios en temas económicos y políticos; pasando por la afectación de las relaciones económicas (la venta de petróleo a los Estados Unidos de América, por un lado, y la venta de productos terminados a Arabia Saudita, por el otro); hasta un eventual conflicto de mayores proporciones que involucre no sólo a los Estados, sino también a sus nacionales.

4. ¿Cuál es su opinión acerca del “principio de justicia universal”? ¿Tiene alguna utilidad práctica?

Considero que es un principio que entraña una buena intención, pero que podría generar muchos problemas. Tiene utilidad práctica, pero se podría discutir si los resultados de su aplicación se ajustan o no a ciertos parámetros del Derecho Internacional y del Derecho Penal. La Corte Internacional de Justicia lo ha aceptado para casos de genocidio, pero podría discutirse su aplicación frente a otros delitos.

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Doctor en Derecho - PUCP. Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales - Escuela Diplomática de España. Abogado - PUCP. Especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Miembro Asociado del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) - PUCP. Ex Asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú. Ex Director (e) de la Escuela Electoral del Perú - Jurado Nacional de Elecciones. Ex Secretario Académico de la Facultad de Derecho de la PUCP. Ha sido profesor de pregrado y posgrado, en Ciencia Política y Derecho, respectivamente, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido profesor de posgrado en la Academia Diplomática del Perú. Ha dictado clases, como profesor invitado, en la Universidad de Salamanca - España.

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