¿Por qué es importante la existencia de una regulación laboral específica para los artistas? A 15 años de la Ley N° 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante

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De cuando en vez, los otrora destacados artistas, ya bien músicos (Pepe Vásquez), comediantes (Alejandro Romero Cáceres “El gordo Casaretto”) o tantos otros de diversas disciplinas, adolecen de grandes dificultades económicas como impacto inmediato a problemas graves de salud.

Llegado ese momento, una campaña, una colecta, un concierto o cualquier actividad pro-fondos, e incluso medidas políticas como la Pensión de gracia, resultan medidas paliativas para un problema que, dejando de lado individualidades, requiere acción del Estado.

En efecto, el Estado no se ha mantenido indiferente frente a la condición de los artistas en el plano normativo. La primera ley data de 1972, promulgada por el general Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, la desregulación laboral neoliberal de las décadas siguientes, así como el dinamismo de la producción audiovisual y artística en general, hicieron que dicho decreto caiga en desuso.

Es así que, el 17 de diciembre de 2003, hace poco más de 15 años, se promulga la Ley N° 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante. En ella se reconoce un régimen laboral especial para este sector de acuerdo a las exigencias particulares de su rubro.

Entre las características específicas de la labor artística, Arce Ortiz reconoce, por ejemplo, la igual valoración normativa de la contratación a plazo determinado como indefinido:

Es decir, en este régimen laboral especial, la contratación temporal – dependiente de las actividades artísticas a desarrollarse – se ubica al mismo nivel que la contratación por tiempo indefinido, pudiendo el empleador escoger entre una u otra. Obsérvese, la contratación temporal no es excepcional, extraordinaria o residual con respecto a la contratación por tiempo indeterminado, como sucede en el régimen general, sino tiene un margen de actuación mucho mayor[1].

Junto a la duración del contrato, existen otros elementos mucho más flexibles como la jornada y el lugar de la prestación, dificultades ante las cuales la ley no ha sido del todo sensible.  Así por ejemplo, el equipo artístico y técnico de un rodaje cinematográfico, puede ver su jornada extendida por una gran cantidad de circunstancias externas. Una situación práctica: entre múltiples unidades de locación y la necesidad de reiterar varias veces un plano, toma o escena, las labores pueden extenderse por dificultades técnicas, por condiciones climáticas (una intempestiva lluvia que afecte la continuidad audiovisual) entre otros contratiempos, muchas veces con la premura de un vuelo que imposibilite dejar la tarea para el día siguiente.

De la misma manera, existen otros rasgos diferenciales, como el carácter personalísimo de la prestación (a través de la expresión corporal mediante la representación y/o ejecución), o el reducido poder de dirección del empleador en la presentación de la obra. De la misma manera, la imposición de ciertos requerimientos que condicionan la vida del artista fuera del ámbito laboral, como los cambios en la apariencia física, que a su vez puede relacionarse con dietas, rutinas de ejercicio, el desarrollo de cierta disciplina, etc.

Es así que, con todo, la realidad excede a una norma insuficiente. Las dos consecuencias de estas han sido: la generalización de las relaciones civiles por prestación de servicio en el medio artístico, fundamentalmente el audiovisual; y la informalidad en los medios tradicionales, sobre todo en el teatro y las artes escénicas. En ambos casos se desconoce la naturaleza laboral de las tratadas relaciones, dejando de lado otros derechos como la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones o el acceso a un fondo de derechos sociales.

Para finalizar, nos remitimos a los principios rectores de la Recomendación Relativa a la Condición del Artista de UNESCO, que afirma que

En todos los niveles adecuados de la planificación nacional en general, y de la planificación de las actividades culturales en particular, los Estados Miembros deberían tomar, especialmente mediante una estrecha coordinación de su política cultural, educativa y laboral, todas las medidas encaminadas a definir una política de ayuda y apoyo material y moral a los artistas y hacer lo necesario para que se informe a la opinión pública acerca de la justificación y necesidad de dicha política. […] Sin perjuicio de los derechos que se le deben reconocer en virtud de la legislación sobre derecho de autor, incluido el droit de suite cuando no esté comprendido en aquélla, y de la legislación sobre asuntos conexos, los artistas deberían gozar de una condición equitativa y su profesión debería estar rodeada de la consideración que merece. Sus condiciones de trabajo y de empleo deberían ser tales que los artistas pudieran consagrarse plenamente a sus actividades artísticas si así lo desearan.”

Es así que, a 15 años de la promulgación de la vigente ley N° 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, es necesaria una crítica revisión a fondo de la misma, para saber, como sociedad, en qué medida le hemos reconocido a nuestros artistas una condición equitativa, a nivel legislativo, social y político.

Si existe un régimen especial, y – a pesar del mismo – se siguen dando situaciones como las que introducen esta nota, quiere decir que las buenas intenciones legislativas no han sido suficientes. Hay un sector trasversal de la sociedad que en la práctica no puede acceder a los servicios sociales, beneficios laborales ni a los derechos previsionales que les corresponde en su calidad de trabajadores. En los últimos años, se ha sabido de proyectos de ley como el PL 2940/2017-CR que aterriza mucho más en las condiciones particulares del rubro, como la flexibilidad conceptual del rol de “empleador” en compañías artísticas o la inclusión en la jornada laboral de todas las actividades preparatorias necesarias para el artista. Sin embargo, será fundamental el trabajo intersectorial, así como la propia movilización del gremio artístico, para que las normas se debatan, se aprueben, tengan un impacto efectivo y no sean, una vez más, letra muerta.


Imagen obtenida de: https://bit.ly/2CyB2SV

[1] 2008 Arce Ortiz, Elmer. Régimen laboral de los artistas en el Perú. Colección Derecho PUCP. Lima: Palestra Editores, pg. 172

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