La nulidad y revocación del acto administrativo: ¿Cuáles son sus principales diferencias?

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Se sabe que los actos expedidos por la Administración Pública tienen como como una de sus principales características a la estabilidad. No obstante, hay ocasiones en las que la estabilidad de los actos administrativos se ve expuesta a situaciones en las que dichos actos terminan siendo declarados nulos o revocados. En otras palabras, el carácter estable de los actos administrativos no es absoluto, sino más bien admite excepciones. 

En el presente escrito nos encargaremos de desarrollar, a grandes rasgos, las dos instituciones principales que causan la extinción de los actos administrativos: la nulidad de oficio y la revocación. Sin embargo, para llegar a tratar sobre estas, será necesario, como presupuesto, explicar qué es un acto administrativo. 

¿Qué es un acto administrativo?

A grandes rasgos, el acto administrativo es la declaración unilateral voluntaria de una entidad, destinada a producir efectos sobre la esfera jurídica de los administrados. Los actos administrativos en tal sentido responden al interés público y no a intereses particulares. 

Los elementos principales del acto administrativo son los siguientes: 

  1. Es una declaración de voluntad de carácter unilateral, lo cual no quiere decir que la Administración Pública no toma en consideración la pretensión del administrado, sino que enmarca dicho interés en el ámbito público.
  2. Posee efectos jurídicos, lo cual lo diferencia de una simple opinión que pudiera emitir la Administración, ya que modifican o repercuten en la esfera jurídica de los administrados. 
  3. Puede ser emitido por cualquier órgano de la Administración Pública, ya que es una potestad atribuida por ley.
  4. Las normas aplicables siempre serán de derecho público, ya que la función administrativa es diferente a la legislativa y jurisdiccional.
  5. El acto siempre va a ser determinado o determinable. En tal sentido, tiene efectos subjetivos concretos, ya que se puede saber quién es el destinatario.

Ahora bien, es necesario diferenciar a los elementos característicos de un acto administrativo de las características propiamente dichas del mismo. Así, encontramos a las siguientes:

  1. La presunción de validez, la cual implica que todo acto se presume válido salvo que una declaración administrativa o judicial establezca lo contrario. 
  2. La estabilidad, la cual implica que el acto administrativo tiene vocación de ser estable en el tiempo y las circunstancias.
  3. La ejecutividad, la cual implica el deber de cumplir con lo que establece o manda el acto administrativo expedido.
  4. La ejecutoriedad, la cual implica el uso de la fuerza pública y coactiva, por parte de la Administración, para hacer cumplir la decisión o acto emitido. 
  5. La impugnabilidad, la cual implica que ante fallas en los elementos de validez del acto administrativo, se activa la posibilidad de que este pueda ser cuestionado o impugnado. 

En lo que sigue, veremos de qué manera se relacionan las características previamente mencionadas de presunción de validez y estabilidad con la nulidad de oficio y revocación del acto administrativo, teniendo en cuenta que estas últimas significan la extinción del mismo. 

Nulidad y revocación del acto administrativo

Cuando se expide un acto administrativo, este contiene todas las características mencionadas en el acápite anterior. En tal sentido, una vez llevado a cabo el procedimiento administrativo correspondiente y expedido el acto, este posee presunción de validez y vocación de estabilidad en el tiempo, por lo que, en principio no debe ser modificado. No obstante, qué sucede si dicho acto carece de validez porque no cumplió con uno o más requisitos de validez, o si deja de ser estable porque las circunstancias fácticas variaron en el tiempo. En este apartado veremos los supuestos de revisión del acto administrativo: la nulidad de oficio y la revocación. 

En primer lugar, si hay un problema o inconveniente con algún requisito de validez, estaremos ante un supuesto de nulidad. La nulidad del acto administrativo implica que, aquel acto que, en principio tuvo eficacia, dejó de tenerla por efecto del acto administrativo que declaró su nulidad. En tal sentido, su eficacia desaparece. La nulidad del acto administrativo siempre se inicia de oficio, pues es la administración quien, al advertir alguna causal, la declara, ya que es una de las potestades que tiene el Estado: la potestad de revisión de los actos administrativos. Sin embargo, es posible que los administrados al considerar que el acto carece de algún requisito de validez lo impugnen por alguno de los otros medios que la ley prevé. Para los casos de nulidad, la legislación concede 2 años en sede administrativa y 3 años en sede judicial, lo que hace un total de 5 años. Para la impugnación, en cambio, la ley concede sólo 15 días. Cabe recalcar respecto a esto, que la nulidad la puede advertir tanto la administración como cualquier administrado o tercero interesado, pues hay un interés público de por medio. Además, la nulidad procederá incluso cuando se trate de un acto firme.

En segundo lugar, si hay un problema de estabilidad, estaremos ante un supuesto de revocación. En este supuesto se debe dar un presupuesto: el cambio de circunstancias en la realidad. En ese sentido, el acto es eficaz hasta el momento en que se produce el cambio de circunstancias. Esto quiere decir que se cambia el estado de las cosas, por lo que la Administración deberá iniciar un procedimiento de revocación y, de esta manera, la estabilidad variará. Cabe recalcar que el motivo de la revocación es que las circunstancias en la realidad han cambiado. Por ejemplo, es un supuesto en el que en el tiempo Y, sí se permitía un estado de cosas X, pero luego sale una norma A en la que se prohíbe el estado de cosas X, por lo que en el nuevo tiempo Z el estado de cosas X queda prohibido y dicho acto deberá ser revocado. Esto quiere decir que el antiguo acto (que reflejaba un determinado estado de cosas) era eficaz, válido y estable, pero debido al cambio de condiciones deberá ser revocado. 

De acuerdo con Juan Carlos Morón:

“[…] la institución de la revocación consiste en la potestad que la ley confiere a la administración para que, en cualquier tiempo, de manera directa, de oficio o a pedido de parte y mediante un nuevo acto administrativo modifique, reforme, sustituya o extinga los efectos jurídicos de un acto administrativo conforme a derecho, aun cuando haya adquirido firmeza debido a que su permanencia ha devenido —por razones externas al administrado— en incompatible con el interés público tutelado por la entidad” [1] .

 

De lo anterior se desprende que el acto administrativo en principio eficaz y conveniente, deviene, con el cambio de circunstancias, en un acto inconveniente e inoportuno que deberá ser revocado por la propia Administración.

Cabe decir finalmente que en ambos caso la Administración deberá seguir un procedimiento administrativo para emitir un acto posterior que declara ya sea la nulidad o la revocación. La nulidad, entonces, incide sobre la validez del acto administrativo, lo cual a su vez tiene impacto en la estabilidad del mismo porque será modificado. La revocación en cambio, sólo incide sobre la estabilidad del acto, más no en su validez. 

 


Imagen obtenida de: https://misabogados.com.mx/blog/nulidad-de-los-actos-administrativos/

[1]  2011 Morón Urbina, Juan Carlos. La revocación de actos administrativos, interés público y seguridad jurídica. Derecho PUCP 67. pp, 419-455.

 

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