El conflicto de Bolsonaro con las poblaciones indígenas en Brasil y cómo impactarían dichas medidas en el Perú

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Cuando Jair Bolsonaro asumió la presidencia de la República Federativa de Brasil, representando al Partido Social Liberal (PSL), fue cuando se produjo uno de los tantos precedentes que repercutió en gran medida a Latinoamérica. Este hecho provocó una masiva reacción generalmente de parte de la oposición, dado que se considera que la institucionalización de una presidencia de posición política de ultraderecha podría repercutir de forma muy negativa no solo  en la dinámica de las relaciones internacionales, sino también en un Brasil que ha tenido una trayectoria de más de 10 años de políticas de tendencia izquierdista en el Partido de los Trabajadores, principalmente representados por Lula da Silva y Dilma Rousseff.

La elección de Bolsonaro ha provocado que las redes sociales y los medios de comunicación entren en un estado caótico, pero hay que señalar que desde el momento en que se anunció que asumiría el cargo el 1 de enero del presente año, fue también el instante en que anunció en que iba a empezar a cumplir con su agenda política que prometió en su campaña electoral, lo cual generó un sinnúmero de reacciones.

Entre las principales reformas prometidas se encuentran, en primer lugar, la desregulación de los límites de posesión de armas, de forma que se pretende que, por un lado, los policías sean protegidos por un mayor grado de inmunidad al hacer uso de las armas de fuego y, en otro sentido, que estos menores límites sean los que permitan a los ciudadanos de a pie usarlos en virtud de su legítima defensa en la medida en que ello podría ayudar a reducir la cantidad de homicidios. En otro sentido, también se ha hablado mucho de los proyectos educativos que buscan realizar una reforma que acabe con el “adoctrinamiento y sexualización temprana” dentro de las escuelas.

Todas estas medidas han sido bien recibidas por una parte de brasileros, pero muy aplacada por otros grupos y parte de la prensa en general. Sin embargo, hay un punto sumamente importante en las políticas públicas de Bolsonaro y es en lo referente a las poblaciones indígenas y la apropiación de sus tierras.

¿Cuál es el conflicto actualmente respecto a las poblaciones indígenas?

Dentro de su plan de gobierno, Jair Bolsonaro había dejado claro que entre sus metas principales no se encontraban el compromiso con el medio ambiente ni tampoco la concesión de tierras a los indígenas, recalcando además que incluso se les iba a regular en mayor medida, (traspasando al Ministerio de Agricultura el manejo de los temas referidos a la demarcación de las tierras indígenas) en tanto que es necesaria una intervención y análisis en muchos de estos territorios para poder beneficiar a ciertos sectores económicos, como el caso del ámbito agropecuario.

A costa de dichos privilegios, no solo en principio gran parte de la población considera que se va a perjudicar a las tierras de las poblaciones indígenas, sino que además, esta clase de medidas daría pie a que se produzca un gran impacto de deforestación ambiental.

¿Qué impacto tienen dichas políticas dentro del contexto jurídico de Brasil?

Mientras que ciertos grupos periodísticos ven como positivas a las medidas antes mencionadas en virtud de los beneficios económicos que se generarían promoviendo el sector agropecuario, otros analistas se han mostrado escépticos ante estos argumentos. Veamos un brevemente como dicha medida se materializa en el ámbito jurídico.

Uno de los principales argumentos que refutan la plausibilidad de las políticas públicas de Bolsonaro con respecto a los indígenas es que, en principio, dichas acciones serían inconstitucionales en tanto que los derechos de las poblaciones indígenas y de la protección de las tierras que los mismos han poseído históricamente están reconocidos en su Carta Fundamental.

En primer lugar, en el Capítulo “VIII-  De los Indios” en su artículo 231 ya se les reconoce su principio de autonomía e independencia sobre las decisiones de sus tierras que han sido reconocidas cuando se menciona que “Se reconoce a los indios su organización social, costumbres, lenguas, creencias tradicionales y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan…”[1]. Bajo esa premisa, no solo hay deber del Estado en brindarles un reconocimiento y autonomía propios, sino que es  la responsabilidad del mismo el brindarles protección para que sus tradiciones y, sobre todo sus tierras, sean preservadas.

En segundo lugar, otro de los grandes problemas es que con la medida del traspaso de las tierras indígenas que, en primera instancia estaban bajo la responsabilidad de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), al pasarlos al Ministerio de Agricultura se provocaría un perjuicio para las tierras de dichos indígenas en tanto que el gobierno se aseguraría de favorecer al sector agropecuario y las industrias, sin que sea necesaria la consulta con los pueblos afectados.

¿Por qué esta medida es riesgosa en el plano constitucional? Primero, porque el FUNAI, quien se encargaba de velar por los derechos indígenas en Brasil estaba ligado al Ministerio de Justicia, la que servía como una primera garantía de que existan procesos adecuados y, al mismo tiempo, que se les realice consulta previa a dichos pueblos.

Lo anteriormente mencionado es importante en el ámbito jurídico porque en el mismo Capítulo VIII, en su artículo 231, inciso 3, explicita: “El aprovechamiento de los recursos hidráulicos, incluido el potencial energético, la búsqueda y extracción de las riquezas minerales en tierras indígenas solo pueden ser efectuadas con autorización del Congreso Nacional, oídas las comunidades afectadas, quedándoles asegurada la participación en los resultados de extracción en la forma de la ley”[2]. De esta forma vemos como el solo hecho de no asegurar la participación de las poblaciones en las decisiones que involucre a sus tierras no solo el inicio de un potencial conflicto social, sino que de partida es una medida inconstitucional.

Asimismo, en el inciso 2 del mismo artículo se menciona que el usufructo de las riquezas que posee tanto la tierra, como los ríos o lagos a los que se circunscribe su territorio reconocido es exclusivo de las poblaciones indígenas, por lo cual traspasar sus tierras a otro organismo podría poner el riesgo esta administración exclusiva en virtud de los impactos económicos.

Por último, otro conflicto según Mauricio Guetta, asesor jurídico del Instituto Socioambiental brasileño, se generaría por el siguiente motivo: “En Brasil el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que cualquier medida legislativa o administrativa que puede impactar a los pueblos indígenas tiene que ser consultada a sus líderes…”[3]. En ese sentido, también se puede apreciar cómo es que las medidas de Bolsonaro no solo entran en conflicto con sus propias normas constitucionales y sus precedentes en Jurisprudencia, sino también que dichas medidas no son coherentes con la propia regulación internacional a la que Brasil voluntariamente se ha sometido por pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas, organismo del cual depende la OIT.

¿Qué solución potencial se podría plantear ante dichos conflictos?

Según Guetta, en la Constitución brasilera solo existe una excepción para el derecho de usufructo exclusivo de las tierras indígenas que se daría en el caso de una urgencia de realizar actividades mineras o de potencial hidroeléctrico, pero que para que se produzca dicha excepción, se necesita del requerimiento previo de una ley ordinaria que aún no existe en Brasil, por lo cual ahora mismo la realización de esas actividades aún no están contempladas y, por lo tanto, continúan siendo inconstitucionales en tanto no se regulen.

En el caso existiera dicha ley ordinaria, ello no es excluyente con el pedido de reparación o resarcimiento al cual tienen derecho las poblaciones originarias por el potencial perjuicio ocasionado.

¿Qué impacto tendrían dichas políticas dentro del contexto jurídico peruano?

Una pregunta interesante que podríamos hacernos sería reflexionar sobre qué es lo que sucedería en el caso ahora mismo hubiera alguien como Jair Bolsonaro promoviendo esta clase de políticas públicas dentro de nuestro país. ¿Existirían los mismos conflictos legales entre derechos?

La respuesta ante dicha interrogante es que posiblemente sí. Excluyendo el argumento ya mencionado del impedimento de omitir la consulta previa por lo que ya establece el convenio de la OIT, el conflicto se enmarca en que al ser el Perú un país multicultural, nuestra Constitución Política también reconoce los derechos indígenas en “Capítulo VI- Del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas y Nativas”, derechos los cuales son regulados en el art. 88 y 89 de nuestra Carta Fundamental.

En ese sentido, existe el derecho de propiedad sobre la tierra en forma comunal, haciendo la salvedad de que los límites y la extensión de las tierras pueden ser fijadas por ley. Asimismo, el principio de autonomía en organización y disposición de las tierras también le corresponden a las poblaciones indígenas, dentro del marco que la ley establece, por lo cual se pueden fijar límites razonables a este uso, pero teniendo en cuenta a dichas poblaciones y las posibles repercusiones para con sus tierras. He ahí la necesariedad de la consulta previa.

En conclusión, las posturas en Brasil están claras, y con la fundamentación de la Constitución de dicho país, existen argumentos razonables por los cuales considerar que se está produciendo una afectación inconstitucional en contra de los derechos de las poblaciones indígenas: 1) Por la afectación al usufructo exclusivo de sus tierras al también buscar limitar su territorio 2) Por el traslado de las tierras a la administración del Ministerio de Justicia, lo cual pone en riesgo la autonomía de su  propia administración, lo cual perjudica su derecho a que se les escuche sobre los perjuicios que dichas medidas podrían ocasionar para con su territorio y 3) Por el potencial riesgo ambiental que dichas medidas podrían provocar, teniendo en cuenta cómo está configurado Brasil respecto a su gran porción de territorio amazónico.

A pesar de ello, es cierto que dichas políticas podrían ser conciliables en la medida que exista este diálogo con los líderes de los pueblos afectados, por lo cual inclusive si es que para Bolsonaro no fuese prioridad la protección de los derechos ambientales y de los indígenas, sería mucho mejor entablar debate y que se pueda llegar a consenso mutuo que pudiese beneficiar a ambas partes. Por último, hay que tener en cuenta que los impactos internacionales también son importantes, por lo cual hay que procurar que tanto los intereses de un país vayan también en coherencia con las normas que ellos establecen y también a los que están suscritos.

Tengamos siempre en cuenta como país las necesidades económicas de nuestra población, pero que ello no excluya nuestra visión de protección a nuestra diversidad cultural, la cual en el Perú es enorme, así como el respeto de los derechos tanto de todas las personas en general, como de nuestras poblaciones vulnerables en particular.


Imagen obtenida de: https://bit.ly/2DC7CDY

[1] Constitución Política de la República Federativa de Brasil (1988) https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/br/br117es.pdf

[2] Ídem

[3] https://actualidad.rt.com/actualidad/301711-guerra-bolsonaro-pueblos-indigenas-privilegia-agropecuarios

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