El derecho a la vida de la persona no nacida

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I. El ser y valor de la Persona, y sus derechos humanos

El Estado constitucional de derecho reclama una definición material de derechos humanos; y una tal definición solo es posible formular desde y para la Persona. La Persona es un ser esencialmente imperfecto porque experimenta una serie de necesidades y carencias; éstas se satisfacen a través del goce o adquisición de bienes humanos[1]. La Persona vale como fin en sí mismo[2], y como fin debe ser realizado. La realización la conseguirá a través de la superación de las carencias y necesidades esenciales (que proceden de la esencia humana)[3], es decir, a través de los bienes humanos esenciales. En la medida que es un deber la realización, tales bienes humanos se convierten en bienes humanos debidos. Al ser debidos son verdaderos derechos[4]; y al construirse desde la esencia humana, aceptan ser llamados como derechos humanos. Ésta, es pues, una definición material de derechos humanos: conjunto de bienes humanos debidos a la Persona por ser lo que es y valer lo que vale, cuyo goce o adquisición le deparará grados de realización[5]. Cuando la Constitución reconoce y regula básicamente estos bienes humanos debidos, lo que hace es constitucionalizar exigencias de justicia; de esta manera se fijan los “principios de justicia material destinados a informar todo el ordenamiento jurídico”[6]. Estos principios hacen a la esencia de la Constitución del estado constitucional de derecho, y se sostienen en el ser y valor de la Persona[7]. Los poderes públicos encuentran su legitimidad de origen y de ejercicio en el servicio a la plena realización de la Persona[8], a través de la plena vigencia de los derechos humanos constitucionalizados[9].

Esta definición material es posible de sostenerla en del derecho constitucional peruano.En efecto, el Constituyente peruano ha establecido que la Persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1). Con esto constitucionaliza expresamente el valor de la Persona y, desde que no hay valor sin ser, constitucionaliza implícitamente el ser, esencia o naturaleza humana[10]. Estos dos son los elementos necesarios para sostener el concepto de derecho humano aquí propuesto: la naturaleza humana permitiría reconocer a la necesidad humana esencial; y la dignidad humana al bien humano debido. La principal consecuencia de este concepto de derechos humanos está presente en el derecho constitucional peruano: la Persona vale como fin supremo, y los derechos humanos son bienes humanos debidos, de modo que surge la obligación de “garantiza[r] la plena realización de cada ser humano”[11], a través de “la mayor protección y realización posible de los derechos fundamentales”[12], y es especialmente, no exclusivamente, sobre el Estado, más concretamente, sobre sus poderes públicos, que recae esta obligación como deber esencial (artículo 44). La Persona, por tanto, “no puede ser concebida como un medio, sino como un fin en sí mismo; de allí que su defensa constituya el fin supremo que debe inspirar todos los actos estatales, en particular, y los de la sociedad, en general”[13]. Así, a más vigencia de estos derechos, más realización de ella[14].

En la jurisprudencia del Tribunal constitucional (en adelante TC), los derechos humanos son concebidos como bienes jurídicos, es decir, como bienes debidos, en tanto lo jurídico es lo debido al punto que “[u]n derecho tiene sustento constitucional directo, cuando la Constitución ha reconocido, explícita o implícitamente, un marco de referencia que delimita nominalmente el bien jurídico susceptible de protección. Es decir, existe un baremo de delimitación de ese marco garantista, que transita desde la delimitación más abierta a la más precisa”[15].

II. El concebido como Persona y sus bienes humanos debidos

A. El concebido como Persona

Conviene preguntarse si el marco dogmático constitucional hasta aquí dibujado puede ser predicado también del concebido no nacido. Todo dependerá de la posición jurídica que se pueda predicar del concebido, particularmente interesará establecer si puede reconocérsele la condición de Persona. La pregunta puede ser planteada en distintos sistemas jurídicos[16]; aquí corresponde plantearla respecto del ordenamiento jurídico peruano.

En la Constitución peruana se ha establecido que: “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida” (artículo 2). Desde aquí es posible reconocer la siguiente norma constitucional directamente estatuida[17]:

N2.1. Está ordenado respetar a toda persona el contenido esencial o constitucional del derecho fundamental a la vida.

La norma directamente estatuida N2.1 es una norma iusfundamental de máximo grado de indeterminación normativa que se formula solamente con la mención del nombre del bien humano que le da sentido y justificación: vida. Al limitarse a mencionarlo, esta norma reclama ser concretada para favorecer su operatividad plena. Es una norma que reclama de concreciones normativas, las cuales pueden ser formuladas por el mismo Constituyente, o también por los intérpretes vinculantes de la Constitución, señaladamente el Tribunal Constitucional y el Legislador. Para el caso de la norma N2.1, es posible reconocerle una serie de concreciones.

La primera ha sido formulada por el propio constituyente: “El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece” (artículo 2.1). Desde esta prescripción normativa es posible concluir la siguiente norma constitucional directamente estatuida:

N2.1’: Está ordenado reconocer que el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece.

El Legislador y el TC también han concretado la norma N2.1, y al hacerlo han creado normas constitucionales adscriptas[18]. El Legislador lo ha hecho  en el artículo 1 del Código Civil: “La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece”. Desde aquí, es posible concluir varios contenidos normativos, como el siguiente:

N1: Está ordenado reconocer que la vida humana se inicia desde la concepción, el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorezca.

Por su parte el TC como Supremo intérprete de la Constitución, ha manifestado lo siguiente:

“este Colegiado se decanta por considerar que la concepción de un nuevo ser humano se produce con la fusión de las células materna y paterna con lo cual se da origen a una nueva célula que, de acuerdo al estado actual de la ciencia, constituye el inicio de la vida de un nuevo ser. Un ser único e irrepetible, con su configuración e individualidad genética completa y que podrá, de no interrumpirse su proceso vital, seguir su curso hacia su vida independiente. La anidación o implantación, en consecuencia, forma parte del desarrollo del proceso vital, mas no constituye su inicio”[19].

Desde este contenido jurisprudencial es posible concluir una norma constitucional adscripta, que formulada en lenguaje deóntico tendría la siguiente presentación:

N38: Está ordenado considerar que la concepción de un nuevo ser humano se produce con la fusión de las células materna y paterna con lo cual se da origen a una nueva célula que, de acuerdo al estado actual de la ciencia, constituye el inicio de la vida de un nuevo ser.

Otro modo de formular la norma N38 es la siguiente:

N38: Está ordenado considerar que con la fecundación se inicia la vida de un nuevo ser personal.

Tanto la norma N1 del Código Civil, como la norma N38 de la STC 2005-2009-PA/TC, son interpretaciones vinculantes de la norma constitucional directamente estatuida N2.1, y como tales a ésta se adhieren. Las normas N1 y N38 son normas constitucionales adscriptas a la norma N2.1. Estas normas, junto a la norma N2.1’ conforman el derecho constitucional vigente.

Desde estas normas constitucionales, tanto directamente estatuidas como adscriptas, es posible concluir que el concebido es Persona al menos por las dos siguientes razones. Una es que un elemento esencial del concepto de Persona es la calidad de ser humano que ha de tener el sujeto al que se le reconoce personalidad, así todo ser humano ha de ser tenido como Persona[20]; y el concebido es vida humana, un ser humano, una Persona, por tanto; persona por nacer[21], pero Persona a fin de cuentas. Otra razón es que un segundo elemento esencial al concepto de Persona es precisamente ser considerado sujeto de derecho, es decir, tener reconocida la capacidad jurídica para titularizar derechos subjetivos; y, como lo ha dispuesto el mencionado artículo 1 del Código Civil, el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece[22].

B. El concebido como fin y sus derechos fundamentales

Según nuestro derecho constitucional, por tanto, la vida humana concebida tiene la calidad de Persona. Si el concebido es Persona, entonces puede serle aplicadas las conclusiones a las que se arribó atrás. Así, al concebido no nacido se le ha de reconocer que como Persona que es, vale también como fin y este valor conforma su dignidad. Es ya una realidad valiosa aunque todavía no haya nacido, por lo que es posible sostener que aunque no ha nacido aún su valor justifica protegerlo y promover su realización máxima dentro de sus concretas circunstancias, particularmente una: la de estar aún en el vientre de su madre. Esta realización máxima la ha de conseguir a través del goce efectivo y razonable de, por lo menos, dos bienes humanos debidos: la vida y la igualdad. Se debe reconocer que es titular de al menos dos derechos fundamentales: a la vida y a la igualdad; los cuales le favorecen en el proceso de gestación.

Los poderes públicos, que tienen la condición de medios, están obligados (a través de medidas legislativas, judiciales y ejecutivas), a promover las circunstancias para que el concebido no nacida en cuanto Persona, logre la máxima realización posible a través de la plena vigencia de los derechos fundamentales que titulariza, como los derechos a la vida y a la igualdad.

III. La vida como bien humano debido al concebido

La vida es uno de los bienes humanos esenciales que le es debido a la Persona por ser Persona, cuyo goce y adquisición los poderes públicos tienen el deber de promover a través de medidas legislativas, ejecutivas y judiciales. Todas las personas titularizan el derecho a la vida, también las Personas concebidas no nacidas, desde que –como se justificó arriba- la vida humana inicia con la concepción y se le reconoce como sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Si sobre algo no cabe duda que le favorece es precisamente la vida, pues “el derecho a la vida es el primero de los derechos fundamentales”[23],  por ser el bien imprescindible para la existencia misma de la Persona. Por otro lado, según el TC, al concebido o ser humano en formación se le debe lo siguiente: “ratificarle la condición indiscutible de titular de los atributos esenciales”[24].

Afirmado esto, la cuestión se desplaza a saber a qué da derecho el derecho a la vida. Ayuda tomar en cuenta el bien humano que sostiene el derecho fundamental a la vida, porque el contenido constitucional del derecho fundamental se construye sobre la base del bien humano debido. La vida tiene un elemento esencial en su configuración: la existencia. Si a algo da derecho el derecho a la vida de modo indubitable es a mantener la existencia una vez concebida o nacida la Persona. Acierta el TC cuando manifiesta que “el derecho a la vida reconocido en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución, tiene (…) una dimensión existencial”[25]. Y es que “la vida no es un concepto circunscrito a la idea restrictiva de peligro de muerte, sino que se consolida como un concepto más amplio que la simple y limitada posibilidad de existir o no”[26].

Este elemento esencial es un atributo que no conoce de limitación alguna[27]. Dos razones justifican esta afirmación. La primera es que se trata de un elemento imprescindible para reconocer a la vida como bien humano, de modo que sin la existencia sencillamente no hay vida[28]. Y segundo, porque este elemento esencial se predica de alguien que tiene la condición de fin en sí mismo, la Persona. Sin existencia no habrá vida, y sin vida no habrá Persona. Si la Persona tiene un valor absoluto porque es fin supremo, significará necesariamente que el mantenimiento de su existencia no podrá ser excepcionado. Desde aquí es posible sostener que el derecho a la vida en ningún caso da derecho a matar. Matar no solo se convertiría en una acción inconstitucional porque vulnera el contenido constitucional del derecho a la vida; sino también en una acción irremediablemente injusta desde que la vida es un bien humano debido, es decir, una exigencia de justicia.

Lo hasta aquí sostenido alcanza para afirmar que los poderes públicos tienen la obligación constitucional de asegurar la existencia de la vida humana concebida o ya nacida. Consecuentemente, toda medida legislativa, ejecutiva o judicial destinada a desproteger la existencia de la Persona concebida no nacida, o destinada a promover su muerte, resulta inconstitucional por negar un elemento esencial del contenido constitucional del derecho fundamental a la vida. La despenalización del aborto cae dentro de este tipo de medidas.

Bien vistas las cosas, medidas de ese tipo no solo atacan el contenido constitucional del derecho a la vida, sino que también agreden el derecho fundamental a la igualdad en su contenido constitucionalmente protegido, desde que niega a la vida humana no nacida las mismas condiciones de existencia que le reconoce y asegura a la vida humana nacida, cuando con base en las normas constitucionales arriba presentadas, el nacimiento no es diferencia relevante para reconocer que estamos ante una Persona, es decir, una vida humana que es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Todas las Personas comparten igualmente una misma esencia o naturaleza, consecuentemente, todas ellas valen lo mismo: valen como fin en sí mismas, tienen un valor absoluto todas por igual. Esto significa que todas por igual están llamadas a lograr la máxima realización posible. Este es el esencial significado del derecho a la igualdad. En este marco se ha de sostener que las medidas legislativas destinadas a permitir el aborto en cualquiera de sus modalidades, también son inconstitucionales (e inmorales) y se han de proscribir por no proteger igualmente dos vidas humanas esencialmente iguales por lo menos en su valor ontológico.

IV. El derecho a la vida del no nacido y los derechos de la madre

La existencia como elemento esencial de la vida considerada ésta como bien humano y como derecho humano, y predicada tanto de la Persona nacida como de la Persona por nacer, en ningún caso agrede el contenido constitucionalmente protegido de ningún derecho fundamental de terceros. Interesa aquí hacer referencia a la madre del concebido no nacido.

Un supuesto excepcional pero posible es el que enfrenta el derecho a la vida del no nacido con el derecho a la vida o a la salud (con riesgo de muerte) de la madre. En estos casos, la posición y valor jurídico que se ha de reconocer a la vida por nacer, tal y como fue justificado arriba, proscribe que la solución de la cuestión sea la afirmación de un supuesto derecho de la madre para matar al concebido. En estos casos, lo debido tanto con la vida humana por nacer como con la madre como vida nacida, es actuar los medios que la ciencia ofrece a fin de salvar la vida de la madre sin atentar directamente contra la vida del no nacido; incluso aunque fuese el caso que una tal actuación conlleve el riesgo de muerte para la vida del concebido.

En este supuesto no se puede reconocer que la vida de la madre valga más que la vida del no nacido de modo que quede justificado un derecho de aquella para matar a éste; sino que lo reconocido es la legitimidad de las acciones médicas dirigidas a salvar la vida de la madre sin la cual la vida del no nacido se hace inviable. En estricto, estos casos no configuran supuestos de aborto, porque la muerte del no nacido no es buscada, solo tolerada. La moralidad y justicia de este proceder se ampara por el principio del doble efecto, según el cual, un acto no es moralmente malo si buscada una finalidad moralmente buena (salvar la vida de la madre), se provoca finalmente y sin pretenderlo, la muerte del no nacido. En estos casos el acto decisivo no es matar al no nacido, acción injusta para la Persona no nacida; sino los actos médicos razonablemente idóneos y necesarios para salvar la vida de la madre, acciones justas para ambas personas. Y es que “no es lícito buscar el efecto malo ni por sí mismo, ni por su utilidad para alcanzar el fin, aunque este fin sea bueno”[29].

Menos excepcional son los supuestos en los que se pretende enfrentar la vida del no nacido con el derecho a la salud (sin riesgo de muerte) de la madre, o el derecho al libre desarrollo de ésta. Aquí también se debe sostener la inconstitucionalidad (e inmoralidad) de la pretensión de muerte buscada del concebido no nacido. Las razones son las mismas que hasta ahora han sido mostradas: la dignidad humana de la Persona por nacer; la exigencia jurídica de promover su máxima realización a través de la plena vigencia de los derechos fundamentales –como la vida y la igualdad- que le favorecen; la obligación jurídica y moral de los poderes públicos de promover las circunstancias para que tal plena vigencia pueda darse; y la obligación de mantener la existencia de la vida no nacida como elemento esencial del derecho fundamental a la vida que el concebido titulariza porque le favorece.

A estas razones corresponde ahora añadir la siguiente: la medida según la cual se permite el aborto es siempre una medida irrazonable por inidónea e innecesaria. Es un principio básico del sistema constitucional peruano el de razonabilidad[30], el cual proscribe decisiones no solo sin razones, sino también con razones tan incorrectas o débiles que se convierten en razones aparentes[31]; será éste el caso cuando se adopten medidas que no son idóneas o que siéndolo son innecesarias para conseguir una finalidad constitucionalmente legítima[32], convirtiéndose en medidas irrazonables y desproporcionadas[33].

Efectivamente, está avalada constitucionalmente la protección de la mujer embarazada, tanto en su derecho a la salud como también en su derecho al libre desarrollo, porque ella es también Persona y tiene el valor de fin en sí misma y, consecuentemente, está llamada a obtener su máxima realización posible. De modo que tiene justificación constitucional la obligación de los poderes públicos tanto de atender el desequilibrio emocional o psicológico ocasionado por el embarazo no deseado, como la obligación de evitar se trunque un proyecto de vida previamente formulado en el que no se contaba con el embarazo ocurrido. Pero ni la salud emocional o psicológica se verá reestablecida con la muerte del concebido; ni la ejecución del proyecto de vida alterado con el embarazo, se conseguirá con la muerte del concebido.

Es muy atractiva la idea de considerar que matando la vida del no nacido se resolverán los problemas de la madre. Sin embargo, está exigido detenerse a evaluar si la muerte del feto, significará una efectiva sanación psicológica y emocional; y si algún grado de idoneidad se encuentra en esa medida, habrá que preguntarse si no existe otro medio médico que permita conseguir tal sanación sin poner en riesgo la vida del no nacido. Este mismo razonamiento ha de ser sostenido para cuando se trata del derecho fundamental al libre desarrollo de la madre gestante. Primero, habrá que determinar si efectivamente el embarazo no planificado ha alterado relevantemente un proyecto de vida previamente formulado, y si lo ha hecho, corresponde preguntarse si el restablecimiento del tal proyecto exige como medida necesaria la muerte del feto, o por el contrario ese mismo restablecimiento se puede lograr mediante otras medidas, incluso prestacionales, que los poderes públicos deberían proveer.

 Es importante no perder de vista que no solo el derecho a la vida favorece a la Persona concebida no nacida, sino también el derecho a la igualdad, el cual reclama un mismo trato a los iguales y un trato distinto a los desiguales. La Persona no nacida y la nacida son iguales ontológicamente como seres humanos titulares del derecho a la vida, es decir, acreedores del atributo esencial de la existencia. A unas y a otras se les debe brindar una misma y esencial protección de la vida. Esta exigencia se quiebra cuando se sancionan las muertes intencionales (y hasta culposas) de las personas nacidas, y no se sancionan las muertes intencionales de personas no nacidas. Una vez más hay que afirmar que el nacimiento no es un criterio diferenciador razonable ya que es irrelevante para la existencia de la Persona como tal, al menos para el reconocimiento y protección de aquello que le favorece, como es precisamente el goce de los bienes humanos vida e igualdad.

De esta manera, la pretensión de matar al concebido no nacido resulta una pretensión de ejercicio extralimitado del derecho a la salud o del derecho al libre desarrollo de la madre gestante. A los poderes públicos les corresponde no solo prohibir este tipo de pretensiones, sino también proscribir toda medida destinada a alentarla, como es la que despenaliza el aborto.

V. El derecho internacional sobre los derechos humanos

Finalmente, se ha de averiguar si las conclusiones a las que aquí se han arribado mantienen su corrección formal y validez material desde el derecho internacional de los derechos humanos. Se ha de empezar sosteniendo que la ratio legis de la Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución es alcanzar una mayor protección de la Persona y de sus derechos fundamentales; lo que permite sostener que la obligación que recoge solamente surge cuando en el derecho internacional de los derechos humanos vinculante para el Perú es posible encontrar una mejor protección de la Persona y de sus derechos fundamentales[34].

Esto se ve confirmado por el principio según el cual el derecho internacional de los derechos humanos se justifica en el otorgamiento de una mejor protección de los derechos humanos, la cual puede no verificarse de modo máximo en los Estados nacionales por la actuación arbitraria de los poderes públicos. Es así que en la Convención americana sobre derechos humanos expresamente se ha dispuesto que “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados” (artículo 29).

 Desde aquí es posible sostener que está proscrita la aplicación del derecho internacional para cuando tal aplicación genera la agresión a un derecho fundamental que no se generaría desde la aplicación del derecho constitucional interno. De esta manera podrá ser sostenido que ninguna disposición de tratado internacional, ni ninguna interpretación que los órganos internacionales puedan formular de esa normativa internacional, vinculará a los tribunales nacionales peruanos si ofrece una peor protección a la Persona y a sus derechos fundamentales, que la que ofrece la normatividad constitucional interna[35]. Si existiese alguna norma internacional sobre derechos humanos o alguna interpretación de las mismas formulada por un órgano internacional, que permitiese u obligase al Estado a promover la muerte de la Persona no nacida, no vinculará a ninguna autoridad estatal (ni entidad privada) peruana, desde que, según se ha justificado antes, el derecho nacional protege más y mejor a la Persona no nacida al considerarla titular de derechos fundamentales que le favorece como la vida y la igualdad.

En este punto es necesario recordar que el derecho constitucional interno no protege peor a la madre que desea abortar, sino que protege al menos de igual manera, desde que, por un lado, los derechos que invoque la madre gestante en ningún caso darán derecho a matar a una Persona, ya sea no nacida ya sea nacida; y por otro, obliga a los poderes públicos a atenderlas con base en medidas efectivamente idóneas y necesarias (matar nunca lo será) para hacer del derecho a la salud o del derecho al libre desenvolvimiento de a personalidad derechos plenamente efectivos, en su contenido constitucional, que es siempre un contenido de alcance razonable.


Imagen extraída de https://goo.gl/z3HHj4

[1] El bien se define como aquello que perfecciona al ser. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, I, 1094a–1103a.

[2] KANT, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, segunda edición, Ariel Filosofía, Barcelona, 1996, p. 187.

[3] FINNIS, John, Natural Law and Natural Rights, Oxford, Clarendon Press, 1980, p. 221

[4] HERVADA, Javier, Introducción crítica al derecho natural, Universidad de Piura, Piura 1999, ps. 57–59.

[5] Lo tengo justificado en “La interpretación iusfundamental en el marco de la persona como inicio y fin del derecho”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña; número 16, año 2012, ps. 820-852.

[6] ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil, 7ª edición, Trotta, Madrid 2007, p. 93.

[7] De esta manera, la dignidad humana justifica “la obligatoriedad moral o jurídica, de realizar aquellas conductas o de respetar aquellos bienes en que consisten los derechos humanos”. SERNA, Pedro. “La dignidad de la persona como principio de derecho público”. En: Derechos y Libertades. N° 4, 1995, p. 294.

[8] BLECKMAN, Albert. Staatsrecht II – Die grundrechte, 4. Auflage, Karl Heymanns, Berlín, 1997, Rn 1, p. 539.

[9] Se trata de la doctrina de la doble dimensión de los derechos fundamentales, según la cual los derechos fundamentales cuentan también con una dimensión objetiva que obliga a los poderes públicos a promover su plena vigencia. Cfr. DREIER, Horst. “Subjektive–rechtliche und objektive–rechtliche Grundrechtsgehalte”, Jura, Oktober 1994, ps. 505–513.

[10] La naturaleza humana ha sido referida por el TC, por ejemplo, en relación al derecho a la propiedad: “en lo esencial, se trata de un derecho cuyo origen no reside en la voluntad política del legislador estatal, sino en la propia naturaleza humana”. EXP. N.º 0008–2003–AI/TC, fundamento 26.a. También lo ha sido en referencia al derecho al trabajo: “la importancia del trabajo descansa en tres aspectos sustantivos: (…) –Vocación y exigencia de la naturaleza humana”. EXP. N.° 008-2005-PI/TC, fundamento 18. Y en fin, ha sostenido que “la cadena perpetua, en sí misma considerada, es repulsiva con la naturaleza del ser humano”. EXP. N.° 0489–2006–PHC/TC, fundamento 11.

[11] EXP. N.° 2273-2005-PHC/TC, fundamento 8.

[12] EXP. N.° 04903-2005-HC/TC, fundamento 7.

[13] EXP. N.° 0050-2004-AI/TC, fundamento 46.

[14] Por eso, con acierto, sostiene el TC que “Si hay algo que caracteriza a los actuales estados constitucionales democráticos es su tendencia a la mayor protección y realización posible de los derechos fundamentales”. EXP. N.° 04903-2005-HC/TC, fundamento 7.

[15] EXP. N.º 1417-2005-PA/TC, fundamento 10.

[16] ZAMBRANO, Pilar y SACRISTÁN, Estela. “El valor de la vida del embrión en la jurisprudencia estadounidense y argentina; en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año XLV, núm. 134, mayo-agosto de 2012, pp. 715-759

[17] ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1993, p. 66.

[18] ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., p. 71.

[19] EXP. N° 2005-2009-PA/TC, fundamento 38.

[20] FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, “¿Qué es ser persona para el Derecho?”, en Revista Derecho, N.° 54, 2001, Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 328.

[21] En expresión del Código Civil de Vélez Sarsfield de 1870.

[22] FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, “¿Qué es ser persona para el Derecho?”, ob. cit., p. 329.

[23] EXP. N.° 06057-2007-PHC/TC, fundamento 6.

[24] EXP. N.° 04972-2006-PA/TC, fundamento 4.

[25] EXP. N.° 00489-2006-PHC/TC, fundamento 13.

[26] EXP. N.° 00925-2009-PHC/TC, fundamento 7.

[27] Esta afirmación se sostiene para la Persona natural, no para la Persona jurídica la cual, es una ficción jurídica.

[28] Por eso, con razón, se afirma que en realidad la vida es un presupuesto antes que un derecho de la Persona; y como presupuesto, tendrá siempre el valor de absoluto. PEREIRA MENAUT, Antonio Carlos, En defensa de la Constitución, Universidad de Piura, Palestra editores, Lima 2011, ps. 593-595.

[29] MIRANDA MONTECINOS, Alejandro, “El principio del doble efecto y su relevancia en el razonamiento jurídico”, en Revista Chilena de Derecho, vol. 35 N0 3, 2008, p. 502.

[30] Cfr. MARTÍNEZ, José Ignacio y ZUÑIGA URBINA, Francisco, “El principio de razonabilidad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, Año 9, Nº 1, 2011, p. 201.

[31] EXP. N.º 045-2004-PI/TC, fundamento 24.

[32] EXP. Nº 2235-2004-AA/TC, fundamento 6.

[33] EXP. N.º 00535-2009-PA/TC, fundamento 15.

[34] En esta misma línea se ha movido el criterio del TC, según el cual “interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte [interamericana de derechos humanos], queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz protección”. EXP. N.º 00007-2007-AI/TC, fundamento 26.

[35] Como bien se ha dicho, “en caso de colisión entre disposiciones del Derecho interno y la de los tratados correspondientes, han de resolverse dando aplicación preferente a la norma más favorable para la Persona”. CASAL, Jesús María, Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales, 2ª edición, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2008, p. 28.

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