Remoción o juicio político

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Tras la difusión de unos audios que comprometen directamente a dos integrantes del CNM y a un juez de la Corte Suprema ha surgido un debate acerca de cuál debe ser el mecanismo que debe seguirse para su separación en el cargo.

Así, pues, hay quienes consideran que el mecanismo más idóneo es el previsto en el artículo 157 de la Constitución que establece que el Congreso puede remover de sus cargos por causa grave a los miembros del CNM. Por otro lado, hay quienes consideran que una alternativa más adecuada es en realidad la del juicio político previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución. Quienes defienden esta tesis sostienen que el juicio político permite no solo separar de sus cargos a los miembros del CNM, sino también a cualquier otro alto funcionario, entre los que se encuentran los jueces supremos, lo cual haría posible sancionar al magistrado César Hinostroza.

Ahora bien, y sin perjuicio de lo anterior, considero que el camino del artículo 157 si bien es cierto es más expeditivo, pues no requiere de una instancia previa como la de la subcomisión de acusaciones constitucionales y la comisión permanente, como ocurre con el juicio político, tiene el inconveniente de que se basa en la figura de la causa grave, la cual remite a un concepto jurídico indeterminado que no ha sido desarrollado constitucionalmente y que apenas ha sido esbozado por el artículo 8 de la Ley Orgánica del CNM, pero solo para un supuesto que no sería, en estricto, en el que habrían incurrido los miembros del CNM.

El juicio político en cambio procede por la infracción a la constitución cometida por los altos funcionarios señalados en el artículo 99 de la Norma Suprema, incluidos los consejeros del CNM y los magistrados de la Corte Suprema. Al tratarse de una figura constitucional más consolidada sus alcances y límites son también más claros. Sabemos, por ejemplo, que la denuncia debe identificar la infracción cometida por el funcionario y que debe ser objeto de discusión tanto por la Comisión Permanente como por el Pleno del Congreso. En el caso de la figura de la remoción de los miembros del CNM en cambio no existe un procedimiento previsto ni en la ley ni en la Constitución, y sólo hay un antecedente -el caso Anaya del año 2010- que se dio antes de que se aprobara precisamente la modificación a la ley orgánica del CNM que establece en qué supuestos se configura la causa grave.

Por último, no debemos perder de vista que si bien ambos mecanismos regulan supuestos distintos, no son incompatibles y pueden ser avanzados por el Congreso de forma paralela, tal como viene sucediendo actualmente con el caso de los consejeros Iván Noguera, Julio Gutiérrez y el juez supremo Cesar Hinostroza.


Imagen obtenida de: goo.gl/wcMGA

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La otra orilla. Licenciado en Derecho y Magister en Ciencias Políticas y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de los cursos Introducción a las Ciencias Jurídicas e Investigación Académica en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Estudios Generales Letras de la PUCP, respectivamente. Ha sido consultor de la Defensoría del Pueblo del Perú, y de GTZ Internacional, Cooperación Alemana para el Desarrollo, en temas vinculados a la reforma de la administración de justicia y al análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, ha sido integrante y asesor de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la PUCP y ha participado en esa condición del Proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el Estado de Derecho”, auspiciado y financiado por el Banco Mundial entre los años 2007 y 2008. Ha sido asesor de la Secretaria General del Jurado Nacional de Elecciones y ha integrado el equipo técnico encargado de la elaboración del anteproyecto de Código Electoral con miras a la reforma del sistema electoral y político del Perú. Ha sido Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” del Ministerio de Trabajo. Actualmente se desempeña como Asesor Principal de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Ha publicado diversos artículos jurídicos en revistas del Perú y del extranjero en las áreas de Teoría del Derecho y Derecho Constitucional, e integra el Grupo de Investigación en Epistemología Jurídica y Estado Constitucional de la PUCP.

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