No todos somos iguales

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I

  1. El martes 4 de abril la Comisión de Constitución del Congreso aprobó recomendar al pleno dos modificaciones al Dec. Leg. 1323 (que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género). La primera consiste en eliminar del art. 46 del Código Penal la circunstancia que agrava la pena por ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, cuando dichos móviles se refieran a la orientación sexual y a la identidad de género. La segunda recomendación es eliminar del delito de discriminación la posibilidad de que se cometa por motivos de “orientación sexual” e “identidad de género”.
  2. Miguel Torres, Presidente de la Comisión de Constitución y congresista de Fuerza Popular, se esfuerza por justificar que la orientación sexual y la identidad de género sean extirpadas del Código Penal: “lo que se ha hecho hoy es verificar si habíamos delegado facultades en esta materia. Se verificó que no se había delegado”[1]. “No vamos a aceptar normatividad de contrabando”[2], remató, defendiendo el fuero congresal.

El argumento de que la violencia de género y la identidad de género no forman parte de las facultades delegadas al Ejecutivo y por tanto éste se habría extralimitado al regular sobre ellas, es compartido, entre otros padres y madres de la patria, por Úrsula Letona.

II

  1. Tengo la impresión de que la verificación a la que se refiere el congresista Torres no fue muy prolija. Se pudo hacer mejor. Una rápida lectura del art. 2 de la Ley 30506 que delegó al Ejecutivo facultades legislativas despeja las dudas: “Legislar en materia de seguridad ciudadana a fin de: a) Establecer precisiones y modificaciones normativas a la legislación penal (…) en particular en lo que respecta a la tipificación de nuevos delitos o agravantes (…) para fortalecer la lucha contra (…) inseguridad ciudadana”.
  2. Es posible, sin embargo, que algunas personas consideren que la violencia y discriminación que sufren cotidianamente las personas del colectivo LGTB nada tengan que ver con la inseguridad ciudadana. Esta creencia es tan resistente a la críticas como los puentes del alcalde Castañeda a las crecidas de los ríos. La inseguridad ciudadana se refiere a toda manifestación de la criminalidad que, por generalizada, afecta el disfrute de las libertades civiles, individuales o colectivas, en el ámbito comunitario.

Así como el robo de una casa, vehículo, celular o tarjeta de crédito perturba la seguridad de las personas, lo mismo ocurre cuando se discrimina o comete cualquier delito con la motivación de afectar al miembro de un colectivo históricamente marginado y ya discriminado (LGTB). Que esta violencia y discriminación la sufran solo los miembros de un colectivo que puede ser considerado minoritario en comparación a la población heterosexual, no es argumento para negar que repercute en la seguridad ciudadana. Quien opine lo contrario deberá abogar por eliminar la prohibición de discriminar a los miembros de cualquier colectivo que no sea mayoritario. Dado que esto desnaturalizaría el sentido mismo de la discriminación, nadie deliberadamente lo suscribiría. Por lo demás, ¿alguien puede negar que la sociedad peruana no suele discriminar a las mujeres y a las personas LGTB?

  1. Una de las razones más evidentes para demostrar que la orientación sexual y la identidad de género están vinculadas a la seguridad ciudadana, o al menos que así lo ha venido entendiendo el Congreso, la tuvieron a mano los miembros de la Comisión de Constitución. El agravante de la pena que regulaba el art. 46 del Código Penal y que modificó el Dec. Leg. 1323 en enero de este año se incorporó al Código Penal en agosto de 2013 por la Ley 30076: “ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole”. La Ley 30076 se llamó “Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana”.

Si la incorporación de un agravante por intolerancia o discriminación en términos genéricos (“de cualquier índole”) no suscitó controversia cuando el Congreso afirmó que combatía la inseguridad ciudadana, ahora, cuando el Ejecutivo precisa y detalla los alcances de dicho agravante, debería seguirse la misma línea. Lejos de eso, se afirma que excede el encargo de regular sobre inseguridad ciudadana y que se trata de una normativa de contrabando.

  1. Sostener que la propuesta para modificar el Dec. Leg. 1323 obedece a razones de forma y no de fondo, es un argumento tan falaz e inconsistente que no logra esconder el prejuicio hacia el colectivo LGTB que le subyace. Este prejuicio es manifiestamente discriminatorio. Y cuando es enarbolado por congresistas para restar protección legal a las personas por razón de su orientación sexual o identidad de género, lejos de cumplir con la finalidad de la función legislativa en un Estado de Derecho (garantizar la libertad e igualdad), podría ser considerado delito de discriminación. Retirar la protección jurídico-penal a un grupo de personas por su “orientación sexual” o “ideología de género” ¿no es acaso discriminar?, ¿no es eso lo que prohíbe el delito de discriminación?

III

  1. Las modificaciones al Dec. Leg. 1323 que algunos congresistas pretenden son, además, antojadizas. Si hubieran tenido un poquito más de cuidado es probable que hubieran podido percatarse de que, si querían presentar a la orientación sexual y la identidad de género como cuestiones ajenas a las inseguridad ciudadana, debieron hacer lo mismo con otros motivos de discriminación que el Dec. Leg. 1323 incorporó expresamente al delito de discriminación. En efecto, junto a los motivos de orientación sexual e identidad de género se añadió al delito de discriminación los motivos “nacionalidad”, “condición de salud” y la cláusula genérica “cualquier otro motivo”.

El reto que tienen ahora el Presidente de la Comisión de Constitución del Congreso y sus colegas que opinan como él es demostrar que la “nacionalidad”,  “la condición de salud” y la cláusula “cualquier otro motivo” para discriminar están más vinculadas a la inseguridad ciudadana que la orientación sexual y la identidad de género. Si no logran hacerlo deberán admitir, en el mejor de los casos, un descuido garrafal y, por coherencia, tendrán que proponer al pleno del Congreso que derogue estos extremos del Dec. Leg. 1323 o retirar su propuesta de derogar los extremos de orientación sexual e identidad de género.

  1. Mientras se mantenga en el art. 46 del Código Penal la mención expresa a que la pena se agrava cuando el delito se ejecuta bajo móviles de intolerancia o discriminación “de cualquier otra índole”, y en el delito de discriminación no se derogue la posibilidad de que el acto de discriminación obedezca a “cualquier otro motivo”, los fiscales y los jueces tendrán una herramienta para investigar y sancionar como es debido a quienes delinquen y discriminan por motivos de orientación sexual o identidad de género. La razón es evidente: siendo una cláusula genérica se aplica a todas las circunstancias compatibles con su razón de ser.

FUENTE DE IMAGEN: https://lamula.pe

[1] http://peru21.pe/politica/miguel-torres-sobre-violencia-genero-no-se-dieron-facultades-esta-materia-2276640

[2] http://larepublica.pe/politica/862114-ellos-votaron-para-recomendar-derogar-decreto-sobre-crimenes-de-odio

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Iván Meini Méndez
Abogado PUCP (1998). Doctor en Derecho,Universidad de Cádiz, España (2002). Investigaciones en la Universidad de Fribourg, Suiza (2002/2003), Instituto Max Planck, Freiburg, Alemania (2003) y en la Universidad de Göttingen, Alemania (2008 y 2010). Profesor invitado en la Universidad de Cádiz (2010 y 2011). Principales líneas de investigación: Parte General del Derecho Penal, Derecho Penal Económico, Derecho Penal de la Función Pública, DDHH y Derecho Penal y Derecho Penal Internacional. Experiencia profesional: Procurador Adjunto Anticorrupción (2004), Jefe de la Unidad de Investigaciones de la Oficina Nacional Anticorrupción (2008), Asesor del despacho de la Fiscalía de la Nación (2009) y del Ministerio de Justicia (2011). Consultor internacional de Derecho Penal.

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