Las mujeres en la ruta de la muerte

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Hace unas semanas, un nuevo caso de feminicidio fue titular por varios días en el país. María Elena Chumbimune, una estudiante de 20 años, fue asesinada por Erick Espinel, amigo de la víctima quien, luego de intentar forzarla sexualmente, la acuchilló hasta matarla. Los medios cubrieron los hechos, las trágicas cifras de feminicidio volvieron a ser difundidas y nuevamente las voces se alzaron pidiendo cadena perpetua o pena de muerte para el victimario.

Ahora bien, el Perú, como gran número de los países de la Región, tiene un tipo penal de feminicidio, que asigna penas de 15 y 25 años y hasta cadena perpetua a los agresores, según las circunstancias del caso. No obstante, la aprobación de esta norma no ha disminuido los feminicidios, que se siguen produciendo casi a diario en el país.

Por tanto, el tema requiere un análisis más amplio, que trascienda el hecho concreto y que no se centre exclusivamente en el aumento de penas.

Se trata, por tanto, de diseñar una Política de Tolerancia Cero hacia la violencia contra la mujer que no solo se focalice en la sanción de los hechos sino también en su prevención, entendiendo que no se trata de responder a hechos aislados sino a un contexto general de violencia. Para el caso concreto del feminicidio, por ejemplo, es importante reconstruir lo que podríamos llamar tristemente “la ruta de la muerte”, es decir, investigar cuántas de las mujeres asesinadas denunciaron violencia intrafamiliar previamente, ante qué entidades, en qué años, quiénes fueron los funcionarios que las atendieron y qué respuesta obtuvieron. Se trata de entender que los feminicidios son muertes evitables y, por tanto, el Estado debe agotar todos los medios a su alcance para prevenirlas.

Esta información debe llevar a una labor de seguimiento de estos funcionarios, de modo que se pueda establecer sanciones ejemplares cuando se desestime o se dé un trato inadecuado a una denuncia de violencia de género. En el caso de referencia, hace cinco meses Espinel estuvo a punto de asesinar a otra joven quien quiso realizar la denuncia y, según su testimonio, los policías le dijeron que mejor llegara a un acuerdo con él porque “solo iba a perder su tiempo y dinero”. Pese a tener testigos, estos nunca fueron notificados y, finalmente, la víctima aceptó una conciliación extrajudicial con el agresor. Una respuesta efectiva por parte de las autoridades hubiera llevado a la detención de Espinel y a evitar la muerte de María Elena Chumbimune.

A lo anterior debe sumarse actividades permanentes de sensibilización y capacitación en género para los funcionarios públicos, con énfasis en aquellos que deben lidiar con estos casos. Asimismo, es necesario investigar cuántos funcionarios públicos tienen en su haber denuncias por violencia sexual, violencia intrafamiliar y otros hechos de violencia de género, de modo que no se permita que personas con estos antecedentes lidien con las víctimas de violencia.

Finalmente, es imprescindible dejar de ver la violencia contra las mujeres como un problema solo de las mujeres y darle su real dimensión, esto es, un crimen que afecta a toda la sociedad, que es evitable y que requiere una respuesta integral. Por ello, no solo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe asumir la responsabilidad de esta tarea, sino que cada Ministerio debe priorizar estos casos y participar en el diseño de respuestas apropiadas. El feminicidio, por ejemplo, no tiene que verse solo como la muerte de las mujeres sino que como un problema gravísimo relativo a la seguridad ciudadana.

En su discurso de toma de mando, el Presidente Kuczynski resaltó la importancia del “respeto irrestricto a la dignidad de la mujer y a sus derechos, el respeto a una vida plena, a un pago igual ante trabajo igual, a su integrada participación política en las decisiones y el gobierno”.

Esperanzadoras palabras del nuevo jefe de Estado que son un compromiso y que implican, definitivamente, detener esa ruta de la muerte en la que las mujeres venimos caminando.


FUENTE DE IMAGEN: http://portal.andina.com.pe/

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Con todo derecho. Abogada por la PUCP con un Diploma de Estudios de Género por la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad, programa del cual es docente. LLM en Derechos Humanos por The London School and Economics and Political Science (LSE) de la Universidad de Londres. Docente de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Washington School of Law de American University en Washington, D.C. Asesora Especializada Internacional en Justicia Transicional con Perspectiva de Género para la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). Fue la Encargada de la Línea de Género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú y de la investigación de los casos de violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado peruano.

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