Medios de comunicación y regulación estatal

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La sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional acerca de la validez jurídica del segundo párrafo de la Ley N°  28278, Ley de Radio y Televisión, que prohíbe “que una misma persona natural o jurídica, sea titular del más del 30% de las frecuencias disponibles técnicamente, asignadas o no, en una misma banda de frecuencia dentro de una misma localidad, para la radiodifusión televisiva  y 20% para la radiodifusión sonora” nos parece acertada. El TC ha desplegado en su sentencia una argumentación que prioriza las libertades informativas y su relación, inescindible, con la democracia en un contexto de pluralismo y libre mercado de ideas.

La sentencia desarrolla la idea de acaparamiento de la información y la expone a la luz, tanto de sus nefastos antecedentes en una democracia como la nuestra –de baja intensidad-, como de su relación con el sistema democrático (qué gana y qué pierde la democracia cuando un mismo propietario a causa de su poder económico puede difundir sus ideas e intereses de manera más amplia que otros). El TC sostiene que en una democracia constitucional los actos de poder, tanto públicos como privados, deben ser analizados bajo el prisma de los derechos fundamentales. Ahí donde un acto de poder atente, directa o potencialmente, contra un derecho, o contra una precondición que lo posibilite, como podría ser perfectamente el caso de la propiedad sobre los medios de comunicación respecto al derecho a la libertad de expresión, se reputará como inválido.

No se debe perder de vista que en un Estado Constitucional la libertad de expresión es un baluarte indispensable para la vigencia y adecuado funcionamiento del sistema democrático. La libertad de expresión no se piensa, en ese escenario, como un derecho negativo, en donde el rol que le compete al Estado es simplemente de no intervención, sino como un derecho positivo, en donde el rol que le compete asumir al Estado es de control y regulación permanente de los medios con miras a corregir aquello que, en condiciones ideales, el mercado debería regular: la desigualdad en el tratamiento y  difusión de la información.

La información que brindan los medios de comunicación es un bien público. Como tal no se rige únicamente por las reglas del libre intercambio económico sino por su impacto en la protección de otros derechos fundamentales, como es el caso de la participación democrática o la igualdad. Si aceptamos esta premisa el control y regulación de los medios por parte del Estado se halla perfectamente justificado. Esto no implica, sin embargo, un control que busca censurar aquello que al gobierno no le gusta o interesa, sino un control democrático que tiene puesta su atención en evitar que los ciudadanos reciban una información sesgada o incompleta.

Owen Fiss sostuvo en su ya legendario libro: “La ironía de la libertad de expresión”que el Estado podía prestar un servicio invaluable a la libertad de expresión si en lugar de solo no intervenir, ideaba estrategias creativas para generar, ya sea las oportunidades que los ciudadanos no tenían para expresarse (como sucede, precisamente, en sociedades como las nuestras), o ya sea para limitar y controlar las condiciones en que este derecho se ejerce. El Estado, concluía Fiss, históricamente ha sido percibido como un enemigo de la libertad de expresión, pero existen casos en donde, por paradójico que parezca, el Estado puede ser también un aliado de la libertad de expresión. Este resulta ser uno de esos casos.

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La otra orilla. Licenciado en Derecho y Magister en Ciencias Políticas y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de los cursos Introducción a las Ciencias Jurídicas e Investigación Académica en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Estudios Generales Letras de la PUCP, respectivamente. Ha sido consultor de la Defensoría del Pueblo del Perú, y de GTZ Internacional, Cooperación Alemana para el Desarrollo, en temas vinculados a la reforma de la administración de justicia y al análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, ha sido integrante y asesor de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la PUCP y ha participado en esa condición del Proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el Estado de Derecho”, auspiciado y financiado por el Banco Mundial entre los años 2007 y 2008. Ha sido asesor de la Secretaria General del Jurado Nacional de Elecciones y ha integrado el equipo técnico encargado de la elaboración del anteproyecto de Código Electoral con miras a la reforma del sistema electoral y político del Perú. Ha sido Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” del Ministerio de Trabajo. Actualmente se desempeña como Asesor Principal de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Ha publicado diversos artículos jurídicos en revistas del Perú y del extranjero en las áreas de Teoría del Derecho y Derecho Constitucional, e integra el Grupo de Investigación en Epistemología Jurídica y Estado Constitucional de la PUCP.

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