La revocatoria municipal en lima: Un problema

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La revocatoria a la alcaldesa Susana Villarán debiera hacernos pensar no solo en lo anecdótico del caso –que tiene y de mucho- sino también en las implicancias que este hecho genera para el destino de la ciudad –si acaso se acepta la revocatoria tendríamos el próximo año hasta 3 alcaldes- y, aunque parezca contradictorio en esta hora, para el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.

Poco se ha dicho, por ejemplo, del mecanismo de la revocatoria en sí. Se lo ha considerado como un mecanismo de democracia participativa más pero no se ha evaluado la forma como esta diseñado para el caso de Lima. Sabía usted, por ejemplo, que de acuerdo a la ley de participación ciudadana, que es la que regula este mecanismo, para que proceda la revocatoria se requiere contar con el 25% de las firmas de todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral o, en su defecto, 400 mil firmas? Ocurre que este requisito, el del 25%, se cumple en todas las provincias y distritos del Perú, menos en la ciudad de Lima. En efecto, en la  capital no se requiere cumplir con el requisito del 25% de las firmas sino, apenas, con el de las 400 mil firmas, lo cual equivale, haciendo un cálculo optimista, a poco más del 6%, de sus electores potenciales. En otras palabras, para que proceda el pedido de revocatoria en cualquier provincia o distrito del Perú se requiere contar con el 25% del número de firmas de electores hábiles, mientras que para que proceda el pedido de revocatoria en Lima se requiere contar  con apenas el 6%. ¿Cuán democrático es un mecanismo como este?

No se trata de culpar a los revocadores –a fin de cuentas ellos están haciendo uso de un mecanismo al cual los habilita la ley- pero sí a quienes diseñaron esta institución. ¿Cómo se explica que en Lima se necesite solo  el 6% del número de firmas del padrón electoral para que proceda la revocatoria, mientras que en el resto de las ciudades del Perú se necesita el 25%? Eso se debe me dirán algunos a que un tope por encima de las 400 mil firmas sería en sí mismo antidemocrático. Pero lo cierto es que considerando la cantidad de habitantes que hay en la capital –cerca de 8 millones aproximadamente- y el porcentaje con el que es elegido  usualmente un alcalde –entre 2 y 3millones-, ese número no sólo es muy bajo, sino que es muy fácil de conseguir. Basta que de cada 100 solo 6 estén de acuerdo con la revocatoria.

Cuando el Congreso aprobó la ley de participación ciudadana Lima tenía apenas 4 millones de habitantes. De esos 4 millones aproximadamente solo 2 estaban incluidos dentro del padrón electoral, con lo cual el 25% de ese número equivalía a 500 000 personas. La ley con buen tino estableció entonces que el límite para que se autorice la revocatoria era de 400 mil firmas tomando como parámetro los 2 millones del padrón electoral. No tomaron en cuenta, sin embargo, que la ciudad seguiría creciendo y que, varios años después, tendría, en lugar de 4 millones, 8 millones de habitantes. En ese contexto, el límite de 400 mil firmas no sólo resulta insuficiente, sino que resulta una grave amenaza para la gestión de cualquier administración municipal en la ciudad.

Así las cosas, la manera como está diseñada la revocatoria en el Perú pone en jaque su contribución a la democracia participativa, así como su legitimidad política. Este mecanismo debiera permitir que los ciudadanos se expresen con libertad acerca de sus autoridades municipales, pero no que los perdedores puedan sabotear desde un inicio el trabajo de los ganadores de las elecciones. Para ponerlo de forma muy clara: el problema con la revocatoria no es que sea un instrumento de la democracia directa, sino que, tal y como está diseñado en nuestro país, actúa como un instrumento de obstrucción de la gestión municipal. El problema es pues, en definitiva, que la revocatoria así ideada silencia la voz de los vencedores, para cedérsela, de forma injusta, a los perdedores de las elecciones.

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La otra orilla. Licenciado en Derecho y Magister en Ciencias Políticas y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de los cursos Introducción a las Ciencias Jurídicas e Investigación Académica en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Estudios Generales Letras de la PUCP, respectivamente. Ha sido consultor de la Defensoría del Pueblo del Perú, y de GTZ Internacional, Cooperación Alemana para el Desarrollo, en temas vinculados a la reforma de la administración de justicia y al análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, ha sido integrante y asesor de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la PUCP y ha participado en esa condición del Proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el Estado de Derecho”, auspiciado y financiado por el Banco Mundial entre los años 2007 y 2008. Ha sido asesor de la Secretaria General del Jurado Nacional de Elecciones y ha integrado el equipo técnico encargado de la elaboración del anteproyecto de Código Electoral con miras a la reforma del sistema electoral y político del Perú. Ha sido Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” del Ministerio de Trabajo. Actualmente se desempeña como Asesor Principal de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Ha publicado diversos artículos jurídicos en revistas del Perú y del extranjero en las áreas de Teoría del Derecho y Derecho Constitucional, e integra el Grupo de Investigación en Epistemología Jurídica y Estado Constitucional de la PUCP.

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