El Acuerdo sobre las Víctimas en Colombia: Una posibilidad para los derechos de las mujeres

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Como se sabe, desde el 2012 el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC iniciaron una serie de conversaciones con miras a lograr la paz y el fin del conflicto armado que vive Colombia desde hace casi 60 años. En este contexto, el 15 de diciembre del 2015 las partes negociadoras dieron a conocer el Acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado, el cual marca un hito en materia de justicia transicional y que puede servir de base para un reconocimiento efectivo de los derechos de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de género. Efectivamente, hasta el momento no existe internacionalmente otras experiencias similares de negociaciones de paz con estas características de centralidad en las víctimas, con mecanismos de justicia transicional diseñados en función a ellas y construido con la participación directa de las mismas ante los negociadores reunidos en La Habana, incluyendo mujeres y población LGTBI, por ejemplo.

Este Acuerdo, además, consolida el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRN) en Colombia, incluyendo unidades como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto (UBDP); la Jurisdicción Especial para la Paz así como con medidas específicas de reparación y de no repetición. Adicionalmente, y siguiendo los estándares internacionales y las continuas recomendaciones del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, este Acuerdo recoge una visión global, integrada e interrelacionada de estos elementos de la justicia transicional.

En este contexto, es de importancia que un Acuerdo de este tipo incluya expresamente al enfoque diferencial y de género, el cual está enunciado en los principios generales pero también en los componentes específicos del SIVJRN.  Asimismo, en el texto, las partes negociadoras afirman su voluntad de superar el silencio histórico y la impunidad en los casos de violencia sexual, que se incluye como un crimen no amnistiable y no se ve limitado al acceso carnal violento.

Sin embargo, pese a la importancia de este marco, hay algunos temas por definir para garantizar que la perspectiva de género sea incorporada de manera efectiva en el SIVJRN.

En primer lugar, la complejidad del SIVJRN no debe obstruir la incorporación de una perspectiva de género en cada elemento del Sistema, para lo cual –más allá de las instancias o unidades de género específicas que se proponen , por ejemplo, para la Comisión de la Verdad- es menester crear un ente de coordinación y supervisión general en la materia.

Así por ejemplo, la coordinación en materia de análisis de género, será fundamental en los procesos que adelantará tanto la Comisión de la Verdad como la UBPD: Por un lado, será importante identificar en sus testimonios la información que las mujeres tienen sobre los hechos investigados en general pero también en la búsqueda e identificación específica de las personas desaparecidas. Experiencias comparadas como las del caso guatemalteco y peruano dan cuenta de la importancia de las mujeres en estos procesos.  En este punto, sobre todo, es importante visibilizar la violencia sexual que las víctimas desaparecidas hayan podido sufrir y coordinar con el grupo de investigación especial para los casos de violencia sexual al interior de la Unidad de Investigación y Acusación que el Acuerdo crea.

Un segundo aspecto, se relaciona con el tema de paridad y/o equilibrio de género en las distintas instancias del SIVJRN. El Acuerdo pudo haber establecido este requisito expresamente pero, al no haberse hecho, corresponderá a la sociedad civil y demás entidades que apoyan el proceso de paz promover la paridad como signo expreso de la construcción de una nueva sociedad sin discriminación y entendiendo la equidad de género como base de una cultura democrática y de paz.

Un tercer punto se relaciona específicamente con la Jurisdicción Especial para la Paz,  la cual ha sido diseñada para satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos que supongan graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y  graves violaciones de los Derechos Humanos.  Por tanto, es importante que el Acuerdo haya reconocido que las consecuencias de tales violaciones son más graves cuando son cometidas contra mujeres o grupos en situación de vulnerabilidad, quienes sufren de una manera desproporcionada y diferenciada los efectos de estos hechos. En esta  línea, si bien los casos de violencia sexual deberán ser investigados, todas las violaciones de derechos humanos deberán analizarse con una perspectiva diferencial.

Un cuarto punto, de suma importancia, es entender que el Acuerdo se ha desarrollado desde un enfoque que incorporará medidas de justicia retributiva pero también de justicia restaurativa, lo cual constituye una oportunidad para la participación de las mujeres en el diseño de las mismas, considerando el importante trabajo acumulado por ellas durante el conflicto armado, en los procesos locales de memoria en Colombia y en las experiencias comparadas.

Un quinto aspecto se refiere al tema de reparaciones, ya que se señala que quienes se acojan a la JEP podrán presentar un proyecto individual o colectivo, de ejecución de trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas. Esta es una oportunidad muy valiosa para la elaboración de proyectos de reparaciones con perspectiva de género, considerando –además- que el Acuerdo establece mecanismos de consulta con las víctimas residentes en los lugares de ejecución de los proyectos, tanto a nivel urbano como rural, en los que las mujeres deberán participar activamente.

Finalmente, el Acuerdo señala con claridad que el éxito del SIVJRN depende de que encuentre la más amplia aceptación en la sociedad. Si la integralidad del Sistema contribuye a sentar las bases para “la recuperación de la confianza, para la convivencia en un escenario de construcción de paz, y para una verdadera reconciliación entre todos y todas los colombianos y las colombianas”, como señala el Acuerdo, es fundamental identificar y promover el rol que las mujeres tienen en este proceso, con miras a la construcción de una cultura de respeto, paz y tolerancia en democracia y con equidad.


FUENTE DE IMAGEN: http://www.elmeridianodesucre.com.co/

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