¿Nadine ha sido investigada por lavado de activos?

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El archivamiento del caso contra Nadine Heredia por lavado de activos dictado por la Fiscalía hace algunos años no es cosa juzgada, no es una solución cerrada y definitiva, porque no fue producto de una sentencia judicial tras un juzgamiento oral, público y contradictorio. Se trata de una simple “cosa decidida”, esto es, una decisión administrativa de la Fiscalía que, conforme al art. 335 del Código Procesal Penal, puede ser reexaminada si aparecen nuevas pruebas o si la investigación primigenia fue defectuosa o incompleta. Y ese parece ser el caso que ahora se presenta, y más porque incluso existen nuevos hechos que podrían justificar una investigación completamente nueva.

Al menos cuatro asuntos quedaron en el aire en la anterior pesquisa: ¿por qué la Sra. Heredia cobraba sus honorarios en efectivo si la ley tributaria obliga desde el año 2004 y 2008 a que los pagos por encima de los US$1.500 y US$1.000, respectivamente, se bancaricen para ser reconocidos como gastos de una empresa?, ¿por qué no se practicó una pericia contable que confirme o descarte la existencia de desbalance patrimonial?, ¿por qué no se pidió ante el Juez el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil?; y, ¿por qué no se insistió para que Venezuela confirme si en efecto la Sra. Heredia cobró honorarios desde ese país?. Y en cuanto a los hechos nuevos, en los últimos día se ha revelado que la madre de Nadine adquirió dos inmuebles por un total de US$645.000 pese a no tener una fuente de ingresos permanente o conocida, y en uno de esos casos en copropiedad con un ex Coronel del Ejercito peruano que enfrentó un juicio por peculado. Asimismo, se ha hecho pública una presunta “Declaración de verdadero propietario” que habría firmado un Congresista de la República y su esposa indicando que la Sra. Heredia sería la propietaria real de la empresa Todo Graph, fundada por el prófugo empresario Belaunde Lossio.

Nadine Heredia, en su condición de esposa del Presidente de la República y Presidenta de un Partido, es una Persona Expuesta Políticamente (PEP) y la regulación anti-lavado de dinero internacional (Recomendación N° 12 del GAFI) y nacional (Resol. SBS N° 838-2008) impone deberes de diligencia reforzada en relación a sus operaciones económicas, y más si ello involucra, conforme a la Ley N° 27693, a dos sectores de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, como es el caso de las entidades financieras (art. 8.1.1) y las empresas inmobiliarias (art. 8.1.10). No se trata del acto o conducta de un ciudadano cualquiera, sino de quien comparte o acompaña a quien ejerce la más alta posición de poder del Estado y lidera una agrupación política que maneja recursos propios y donaciones de diferentes fuentes, incluso algunas con escasa información sobre su verdadero origen por tratarse de aportes en efectivo.

Ser investigado no implica ser culpable de algo, el inicio de una pesquisa no soslaya la presunción de inocencia, aunque la prueba en el lavado de dinero tiene sus peculiaridades. El art. 10 del D. Leg. N° 1106 ha dejado en claro que en las investigaciones por este delito no es necesario acreditar plenamente el llamado delito fuente, es decir que no es necesario probar por ejemplo que alguien robó, corrompió o evadió impuestos, basta con probar que existe un patrimonio bajo sospecha y que el investigado no es capaz de probar el origen legal o lícito del mismo. Incluso una exageración de esta rebaja probatoria puede verse en la Circular de la Fiscalía de la Nación N° 024-2013-MP-FN-SEGFIN de 16.5.13, que instruye a los Fiscales a investigar el delito de lavado considerando que el delito fuente no es un elemento a probar en ningún sentido. Una posición más sosegada, y que desde luego corresponde respaldar, es la del Acuerdo Plenario de la Corte Suprema N° 03-2010/CJ-116 de 16.11.10, según el cual debe probarse mínimamente, a través de indicios, el delito fuente. Ese es el misterio y reto en investigaciones como las seguidas contra Toledo y Nadine.


Fuente de imagen: theobjective.com

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Derecho penal actual Abogado por la PUCP. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca/España. Investigaciones post-doctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg im Breisgau/Alemania. Múltiples cursos de Postgrado en la Universidades de Salamanca/España, de Toledo/España y de Göttingen/Alemania. Anti Money Laundering Certified Associate (AML/CA), FIBA AML Institute/Florida International University. Profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Socio fundador de Caro & Asociados (www.ccfirma.com) y del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (www.cedpe.com). Más de cien artículos y más de siete libros publicados en el Perú y en el extranjero. Conferencista en el Perú y en el extranjero.

1 COMENTARIO

  1. Muy claro e interesante lo expuesto por el Dr. Coria, y su argumentaciòn coinciden tambièn con la posiciòn adoptada por el Tribunal Constitucional.

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