¿La prisión preventiva constituye una medida excepcional o una regla en los procesos por delitos de corrupción de funcionarios?

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Escrito por Rocío Robles Ramos*

  1. Es un tema actual debatible?

En una discusión sobre el concepto de Justicia entre Trasímaco y Sócrates, el primero dijo al segundo:

“Que lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte [..]”[1]

Esta disquisición en la actualidad ha retomado vigencia a raíz de la aplicación de la  institución de la prisión preventiva a personas de diversos sectores económicos y políticos de gran influencia y poder en las investigaciones por los delitos de corrupción de funcionarios, quienes con un discurso garantista reclaman  la “desproporcionada” e “irrazonable” imposición de esta medida.

Pero veamos sus inicios, esta institución se introdujo mucho antes del Código Procesal Penal de 2004, remontándose al Código de Enjuiciamiento Penales de 1863; sin embargo, en la actualidad se encuentra en auge no por los procesos comunes sino por los especiales de corrupción de funcionarios, donde se cuestiona su uso excesivo.

  1. El estado de cosas en la doctrina y jurisprudencia

En sus inicios autores como Finzi[2]reconocían que “la encarcelación de los imputados antes de la condena era una injusticia, ya que por sospechas demasiadas veces falaces se llevaba a la zozobra a las familias, y se privaba de su libertad a ciudadanos que a menudo resultan honradísimos […]”, en referencia a los encarcelados preventivamente por delitos de bagatela o poca monta.

Asimismo Llobet[3]indicaba que según el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en el año 1981 el porcentaje de presos sin condena en Latinoamérica bordeaba el 65%, bajo una legislación deficiente y de alarma social. Cuestión no muy distinta se afrontaba hasta hace unos años en el Perú donde los presos sin condena en el año 2012 representaban más del 50% del total de la población penitenciaria que ascendía a 54, 319.

Pero con el transcurso de los años el índice disminuyó y al mes de diciembre del 2018 el  número de internos sin sentencia definitiva alcanzó la cifra de 35,717[4], que representaban aproximadamente el 38% del total de la población penitenciaria que hasta ese entonces era de 90,934 internos.

Aunque ello no se percibe en la actualidad, debido a que el diseño de la política criminal presenta como característica fundamental una “[…] tendencia actual en Latinoamérica hacia la dureza del sistema penal y hacia una mayor extensión de la prisión preventiva […], convirtiéndose […] en el principal instrumento de prevención general […]”[5]. Renunciándose así a los principios inspiradores de los fines de la pena y recurriéndose procesalmente a la forma más práctica y cómoda de resolución del conflicto penal para la prevención de futuros delitos.

Asimismo el Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas del año 2013, señalaba entre una de las tantas causas de su aplicación  que “la corrupción; el uso extendido de esta medida en casos de delitos menores; y la extrema dificultad en lograr su revocación”[6]. Además la sobre punitivización, la inaplicación de otras medidas de similar eficacia como las penas limitativas y restrictivas de derechos que podrían asegurar de igual forma la presencia del investigado y su no obstrucción en la actividad probatoria en un proceso penal.

Ahora bien al considerarse esta medida como la “más gravosa o severa del ordenamiento jurídico”[7], pues se priva “provisionalmente” de la libertad ambulatoria a una persona, ante la comisión de un delito grave con la concurrencia conjunta de los peligros de fuga y obstaculización. Debemos considerar teleológicamente que su “[…] imposición debe responder a la necesidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso penal y/o la aplicación de la ley penal”[8]. En ese mismo sentido, Araya[9]señala que: “la prisión preventiva debe establecerse en tanto sea la única forma de lograr la vinculación procesal del imputado a la causa […]”. En términos simples si el fin último es la salvaguarda de la investigación y el descubrimiento de la verdad; las garantías de los partes procesales deben primar  en consonancia con el principio superior de igualdad ante la Ley.

Por ello la norma procesal penal no distingue condiciones personales y es clara al señalar sus presupuestos materiales en el artículo 268 del Código Procesal Penal: los graves y fundados elementos de convicción, una pena privativa de libertad superior a los cuatro años acompañada del peligrosismo procesal (fuga y obstaculización).

Por ahora la discusión no se centra en los graves y fundados elementos de convicción -fumus delicti comissi- que contempla un juicio provisional de imputación[10], debido a la alta probabilidad de participación del imputado como autor o participe de un delito; sino en el peligro procesal o -Pericurum in mora- y su valoración por los operadores del derecho (jueces, fiscales, abogados, investigadores, etc). Para ello, la casuística de los peligros de fuga y obstaculización responde a la característica fundamental de nuestro sistema de corte acusatorio adversarial forjado en una cultura jurídica “de lo dúctil, lo flexible y lo contingente”[11].

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador, Barreto Leiva vs. Venezuela y J vs. Perú, señaló que: “[…] el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación en cada asunto, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto”. En ese mismo orden el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además del Tribunal Constitucional, en el Expediente N° 04780-2017-PHC/TC, acumulado al N.° 00502-2018-PHC/TC (Acumulado) de Piura, Caso Humala Tasso y Heredia Alarcón, señaló que para justificar el peligro de obstaculización, no se requiere probar que estas conductas efectivamente se hayan realizado, sino un “riesgo razonable” de ejecución.

A ello debemos agregar la cuantiosa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justica que ha venido estableciendo los parámetros de interpretación que deben considerarse al momento de evaluar esta medida, por ello reseñaremos las más importantes, en primer lugar tenemos a la sentencia de casación N.° 626-2013, del treinta de junio de dos mil quince, que fundamentó las bases para el desarrollo jurisprudencial de los requisitos y estableció al peligro procesal como el requisito más importante a fin de imponer una prisión preventiva

En tal caso la valoración que el juez de investigación preparatoria desarrolle es determinante a efectos de contrastar los criterios de los artículos 269 y 270 del Código Procesal Penal, como son: i) el arraigo, ii) la gravedad de la pena esperada, iii) la magnitud del daño causado, la ausencia de voluntad para reparar el daño, iv) el comportamiento procesal del imputado y v) la pertenencia a una organización criminal o su regreso a las mismas. Y dentro de la obstaculización: i) la destrucción, modificación, supresión, falsificación de elementos de prueba, ii) influencia a los coimputados o testigos a fin de tergiversar los hechos y iii) la inducción a otros para que realicen esos comportamientos.

Por otra parte, la sentencia de casación N.° 704-2015 del 27 de noviembre de 2017, en su considerando Vigésimo remarcó que en la audiencia de prisión preventiva solo deben evaluarse los requisitos legales previstos en el artículo 268 del Código  Procesal Penal, más no remitirse al análisis de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, lo que abrió un nuevo ámbito de debate jurídico a fin de establecer correctamente que debía o no valorarse dentro de un requerimiento de prisión preventiva; sin embargo, Celis[12]refiere que “La exigencia de la norma procesal es clara, en una audiencia de prisión preventiva se debate todos los estratos analíticos del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad”.

Así también la casación 1445-2018/Nacional incidió en su considerando tercero que el objeto de esta medida es excepcional, proporcional, subsidiaria y provisional respetando los cánones de los derechos fundamentales. Siendo el juicio de ponderación sobre el peligro de fuga o sustracción de la acción de la justicia conforme al momento y progreso de la investigación.  Remarcando que este juicio tiene como base un riesgo concreto, no abstracto ni especulativo, que debe ser grave y suficiente para justificar la fuga del investigado, y así imponer razonablemente la prisión preventiva. Este punto es el que ha generado mayor debate y discusión actualmente debido a la ponderación de la calidad de los arraigos (domiciliario, familiar y laboral)  y que futuramente se establecerá mediante un pleno de los Jueces Supremos Penales de la República. Por nuestra parte podemos agregar que siempre deben considerarse las reglas de la lógica, ciencia y máximas de la experiencia establecidas en el inciso 1) del Código Procesal Penal.

  • Conclusiones

Finalmente uno de los requisitos que consideramos de suma importancia es la referida a la proporcionalidad de la medida, y al contenido que se otorga en cada caso concreto al test de proporcionalidad: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, justificar ello en función de pertinencia, medios alternativos y ponderación de principios no es un ejercicio bizantino, todo lo contrario aporta razonabilidad a la vulneración de un derecho tan sensible como la libertad.

Como vemos la doctrina y la jurisprudencia vienen centrando  sus cuestionamientos en el análisis de los requisitos de esta medida tomando como parangón a la libertad como regla y la prisión preventiva como excepción, discutir su imposición por la condición de los investigados (empresarios, congresistas, etc) deslegitima su fin y el principio constitucional de igualdad ante la Ley de los ciudadanos que recurren a un sistema de justicia eficaz y con garantías.


Imagen obtenida de:  https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/juez-evalua-pedido-prision-preventiva-contra-humala-y-heredia-n283933

*Abogada y egresada de la Maestría en Ciencias Penales por la UNMSM, Ex Coordinadora del Taller de Derecho Penal Económico y de la Empresa TDPE, labora actualmente en la Corte Suprema de Justicia.

Bibliografía

  1. Finzi Marcelo, La Prisión Preventiva, propuestas de reforma precedidas por la traducción castellana de los escritos de Francesco Carrara sobre la materia, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1952.
  2. Nanclares Arango, Andrés, La lógica interna del sistema acusatorio, en Berbiquí N.° 42, Revista del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquía, Soluciones Editoriales Colombia, Setiembre 2009.
  3. Platón, Diálogos IV Republica, Libro I, Editorial Gredos – Madrid, 1988.
  4. Quiroz Salazar, William F. y Araya Vega, Alfredo G., La Prisión Preventiva, Ideas Solución Editorial, Junio 2014.
  5. Roxin Claus, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires-Argentina, 2000.
  6. San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal, Lecciones, Inpeccp 2015.
  7. Villegas Paiva, Elky Alexander, Limites a la Detención y Prisión Preventiva, Gaceta Jurídica, Julio 2016.

Citas Web

  1. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222968006, Llobet Rodríguez, Javier, La Prisión Preventiva y la presunción de inocencia según los órganos de protección de los derechos humanos del sistema interamericano.
  2. Informe Estadístico Penitenciario, INPE, //www.inpe.gob.pe/normatividad/estadística/1697-informe-diciembre-2018/file.html.
  3. Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas de 2013, http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf.
  4. https://legis.pe/prision-preventiva-miranda-errados-juicio-tipicidad-causas-justificacion-exculpacion/#_ftn2, Mendoza Ayma, Francisco Celis, febrero 2019.

[1]Platón, Diálogos IV Republica, Libro I, Editorial Gredos – Madrid, 1988 p. 76.

[2]Finzi Marcelo, La Prisión Preventiva, propuestas de reforma precedidas por la traducción castellana de los escritos de Francesco Carrara sobre la materia, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1952, p.6.

[3]Véase en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222968006, Llobet Rodríguez, Javier, La Prisión Preventiva y la presunción de inocencia según los órganos de protección de los derechos humanos del Sistema Interamericano, p. 115.

[4]Véase en el Informe Estadístico Penitenciario, INPE, //www.inpe.gob.pe/normatividad/estadística/1697-informe-diciembre-2018/file.html, p. 6.

[5] Cfr. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222968006, Op. Cit.p. 120.

[6]Véase en el Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas de 2013, http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf, p.34.

[7]San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal, Lecciones, Inpeccp 2015, p.453.

[8]Roxin Claus, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires-Argentina, 2000, p. 257.

[9]Quiroz Salazar, William F. y Araya Vega, Alfredo G., La Prisión Preventiva, Ideas Solución Editorial, Junio 2014, p.33.

[10]Villegas Paiva, Elky Alexander, Limites a la Detención y Prisión Preventiva, Gaceta Jurídica, Julio 2016, p. 295.

[11]Nanclares Arango, Andrés, La lógica interna del sistema acusatorio, en Berbiquí N.° 42, Revista del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquía, Soluciones Editoriales Colombia, Setiembre 2009, p. 33.

[12]Véase en https://legis.pe/prision-preventiva-miranda-errados-juicio-tipicidad-causas-justificacion-exculpacion/#_ftn2, Mendoza Ayma, Francisco Celis, febrero 2019.

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